El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Estado contra la ley catalana que garantiza el acceso sanitario universal con cargo a fondo públicos. La noticia se dio a conocer el sábado pasado a raíz de su publicación en el BOE. Lo qué supone a la práctica esta admisión es la suspensión de la ley a la espera de una sentencia definitiva. Como precedentes, la ley del País Valencià de misma finalidad fue finalmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional la ley del País Valencià que tenía la misma finalidad.
La ley de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondo públicos por medio del Servicio Catalán de la Salud fue aprobada por el Parlamento de Catalunya en junio del 2017 y establecía que todas las personas residentes en Catalunya tienen derecho en la asistencia mediante el empadronamiento como acreditación. Esta ley respondía al Real Decreto español que en 2012 dejaba sin cobertura a los inmigrantes en situación irregular. La decisión del TC ahora supone que con la ley tumbada, según números estudiados por el Catsalut, unas 180.000 personas quedarían excluidas de la atención de la sanidad pública en Catalunya.
Ante la suspensión, la Marea Blanca ha instado al Departamento de Salud de Catalunya que continúe “garantizando la atención sanitaria pública y gratuita sin exclusiones a toda la ciudadanía de Catalunya, desobedeciendo si es necesario al gobierno del estado y al Tribunal Constitucional”. Lo piden “para evitar que muera nadie por haberle negado la asistencia debida y posible a la que tiene derecho como ser humano” y especifican que hacerlo supondría un “genocidio por omisión”.
En este sentido, el responsable del Servicio Catalán de la Salud afirmó hace unos días que mantendría la cobertura universal. David Elvira, secretario general en funciones del Departamento de Salud y director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), especificaba durante un acto celebrado por el Día Mundial de la Salud que “el sistema sanitario catalán será universal o no será”. Declaraba así que el sistema sanitario catalán seguirá garantizando el acceso universal a la salud a todas las personas residentes en Catalunya, independientemente de su situación administrativa.
Elvira también aprovechó para calificar de “retroceso” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por parte del estado español. Para Elvira, el recurso “atenta contra el ADN del sistema nacional de salud que somos y que queremos”, enfatizando que “esto no va de política, sino de derechos, de uno tan elemental como el de la salud”. También valoró que negar el acceso universal tiene consecuencias en términos de salud pública. “Quién defienda el recurso tiene que explicar si está de acuerdo en que se puedan producir 32.000 casos de enfermedades evitables por la vacunación que se negará a estas personas, o si se hace responsable de tener menos instrumentos para controlar brotes epidémicos”, argumentaba.
La Marea Blanca de Catalunya también aprovecha el comunicado para pedir a los profesionales sanitarios que atiendan todas las personas en situación irregular en función de su deber de atención y del derecho a la objeción de conciencia. En el texto hacen mención al estudio que afirma que desde la entrada en vigor del RD 16/2012 se ha incrementado la mortalidad entre las personas en situación administrativa irregular que presentaba hace menos de una semana Judit Vall y siguen pidiendo la derogación inmediata del RD 16/2012.
Catalunya Plural, 2024 
