La Fundación Migra Studium denuncia la presencia de menores y de personas con graves problemas de salud en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo han anunciado en su informe anual, que busca hacer “seguimiento, valoración y fiscalización” de las condiciones de vida de las personas migrantes que se encuentran encerradas en este centro.
En el informe se denuncian “las vulneraciones de derechos que sufren los internos y la criminalización que se hace de las personas migrantes”. Según datos facilitados por esta entidad, 1.820 personas pasaron por el CIE de la Zona Franca durante el 2017. Desde Migra Studium se muestran preocupados porque se trataría de más del doble de personas que pasaron por el CIE en 2015. De estas 1.820 personas, Migra Studium ha hecho seguimiento de más de 200 casos, un 11,43% de los internos.
Del total de personas que atendió esta entidad, 44 declararon ser menores de edad. Sin embargo, sólo tres habrían sido reconocidos como tal y puestos a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). Desde Migra Studium aseguran conocer casos en que “no se daba credibilidad a los documentos aportados por el menor”, como certificados de nacimiento o pasaportes. Ante esta situación valoran que “el procedimiento para la determinación de la edad se ha convertido en un ejercicio de una política migratoria restrictiva, contraviniendo obligaciones internacionales, ya que niños y adolescentes no pueden ser objeto de medidas de privación de libertad”.
Otra de las preocupaciones de Migra Studium es la presencia de 22 personas que sufrían enfermedades crónicas, como hepatitis C, hipertensión, diabetes o epilepsia. Según la entidad, algunos de los internos les han explicado que “no han podido continuar con el tratamiento” por culpa del internamiento en el CIE. Destacan el caso de nueve personas que sufrían problemas psicológicos o enfermedades mentales “que no han podido recibir la atención adecuada por falta de personal especializado”. Una de ellas, un interno de nacionalidad marroquí que ya se encontraba en seguimiento psiquiátrico en el hospital de su país de origen, fue internado en el CIE, donde tuvo que ser aislado debido a los brotes psicóticos que padecía.
Vulneraciones del derecho a intérprete, traducción y tutela judicial
Desde Migra Studium reclaman que se detengan las vulneraciones de derechos que aseguran que sufren algunos internos. 28 de las personas que han visitado a lo largo de 2017 han expresado haber sufrido, por parte de la policía, un trato “intimidatorio, degradante, maltrato verbal o incluso un trato racista”.
Casi la mitad de las personas atendidas por Migra Studium mostraban dificultades para entender el castellano. Si bien los internos tienen derecho a intérprete y traducción, a menudo no está garantizado y, dice la entidad, son otros internos los que “la han de realizar de una manera voluntaria”. Esto conlleva, también, dificultades en la comprensión de su situación jurídica. Además, desde Migra Studium también protestan por el hecho de que a veces los internos tienen dificultades para acceder al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), lo que consideran una “vulneración” de su derecho a la tutela judicial.
Si bien las deportaciones y expulsiones en el país de origen deben ser notificadas con 24 horas de antelación, desde Migra Studium constatan que “son ejecutadas sin notificarlo con antelación al interno para que pueda informar a sus abogados o familiares”. Se trataría de una práctica que contraviene las resoluciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas.
Desde Migra Studium concluyen que el internamiento en el CIE se ha convertido en “una práctica que criminaliza las personas migrantes privadas de libertad”, ya que hay un “discurso fundamentado en el argumento de que se interna y expulsa personas delincuentes o de alta peligrosidad”. Sin embargo, según las visitas realizadas a lo largo de 2017 por miembros de esta entidad, “la mayoría de los internos no presentaba antecedentes penales y el resto había cumplido íntegramente sus penas”. “Creemos que hay una voluntad clara de estigmatizar el conjunto de la población migrante en situación irregular, justificando las medidas de control, seguridad y la gestión policial de la expulsión y el internamiento”, concluyen desde Migra Studium.
Catalunya Plural, 2024 
