“No actuar para parar el sufrimiento o la muerte de un paciente debería ser delito”

En el año 2000, el entonces jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Alejandro Arís, publicaba una carta titulada ‘Otras muertes absurdas’ donde denunciaba que siete enfermos que se encontraban en lista de espera no habían sido operados del corazón, “sencillamente por haber muerto antes”.

El doctor Arís, miembro del equipo que realizó el primer trasplante de corazón en España, sostenía hace 18 años que las listas de espera generan un “conflicto ético” a los profesionales. “¿Cómo podemos dar una fecha de operación para dentro de cinco meses a un paciente si es posible –y probable– que se muera antes?”. Con esta denuncia pública, pretendía sensibilizar a la ciudadanía y lograr que las administraciones reaccionaran ante unas muertes “absurdas y evitables”.

La respuesta de Sant Pau fue abrir una comisión que investigara si las muertes eran atribuibles a las listas de espera y el resultado fue negativo. Contaron en rueda de prensa que la mayoría había muerto por otras patologías como por ejemplo el caso de un paciente que debía ser operado para cambiarle la pila del marcapasos, pero falleció antes a causa de una insuficiencia respiratoria “y la pila seguía funcionando”.

15 años después el jefe del servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona era cesado por el Institut Català de la Salut (ICS) días después de denunciar la gestión del centro. A través de una carta decía que los ajustes presupuestarios implicaron una menor disponibilidad tanto de medios materiales como personales “causando la muerte de una serie de pacientes por no haber sido operados a tiempo”. Esta situación se había dado, entre otras causas, por contar con menos quirófanos, y en consecuencia, menos sesiones quirúrgicas: se pasó de 15 intervenciones diarias a 2 o 3 a la semana. A partir de estas declaraciones, la Audiencia de Barcelona ordenó abrir una investigación para ver si hasta 8 pacientes que esperavan una cirurgia cardiaca en Vall d’Hebron habrían muerto como consecuencia de los recortes.

Después del cese, entendiendo que se estaban vulnerando sus derechos, Galiñanes lo denunció y tras dos años de sentencias y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha revocado la destitución del cardiólogo por “clamorosamente ilegal”. Aseguran que el cese se dio “como represalia por el ejercicio de su libertad de expresión en quejarse sobre la gestión del Hospital Vall d’Hebron y publicarla”.

Hablamos con el doctor Galiñanes, quien llegó a Vall d’Hebron en 2010 como jefe de servicio con dos motivaciones principales: la clínica y la investigación. Creó un grupo con el que realizó un salto en el número de cirugías pasando de realizar 500 a hacer más de 800. Consiguió entonces que se aumentara el presupuesto destinado a cardíaca y a investigación. Las conclusiones en este sentido en 2013 de una auditoria del Ministerio de Economía y de Competitividad y en 2014 de una auditoria internacional fueron muy positivas. A partir de 2015, nos cuenta, la nueva administración aplicó nuevos recortes a nivel de presupuesto y de salario para los profesionales. A eso le siguieron varias reclamaciones internas e intercambios de correos, como hemos podido consultar. Algunos en nombre del equipo completo de la Unidad Postoperatoria de Cirugía Cardíaca donde expresaban literalmente su “disconformidad por cerrar la UPCC durante siete días”, ya que en esta decisión se “priorizan aspectos no clínicos por delante de la atención al enfermo”. Tras quejas y reuniones sin cambios, Galiñanes publicó la carta que lo empezó todo.

¿Qué pasó en 2015 y cuál fue el inicio de los procedimientos judiciales que ha vivido?

En la programación de verano ya había habido unos recortes tremendos en cuestiones de cirugía. De 15 cirugías que hacíamos semanales, reducimos a 3 a la semana en julio y setiembre y en agosto a 2 a la semana. Era totalmente inadecuado y les dije que esto podía tener consecuencias, que había muchas urgencias y que algunas se habían de operar como emergentes. El número de quirófanos que teníamos era insuficiente. A mediados de julio, por estas quejas, me quitaron la capacidad de controlar las listas de espera y se lo pasaron a quien había competido conmigo por la plaza. Después de un muerto en agosto, llega otro en setiembre que había sido cancelado varias veces. Lo llevé al Colegio de Médicos, al Síndic de Greuges y fui a la prensa. Entendí que era mi obligación ética pasar esta información a los organismos competentes y a la población que estaba en riesgo. Esto pasó en octubre y justo entonces me echaron diciendo que no había hecho la evaluación. Fue una excusa porque, a parte de que la había pedido, aún tenía tiempo para hacerla hasta enero del 2016. Me cesaron y lo denuncié.

Ahora el TSJC le ha dado la razón y obliga al Hospital a readmitirle. ¿Lo va a hacer?

No. La sentencia dictaba la reposición del puesto y además el pago de lo que se debía recibir durante ese período. Cumplí los 65 años en octubre pasado pero me enteré que los médicos podemos trabajar hasta los 70 y que tenemos hasta seis meses para solicitarlo. Lo hice pero aún no me habían dado respuesta hasta que el viernes 27 de abril el Hospital me notificó por carta mi jubilación con efecto para el 28 de abril. No lo esperaba porque tenían que haberlo comunicado con antelación pero, además, porque me lo entregaron a las 14:00h de la tarde, tres horas antes de acabar la jornada laboral y, por tanto, tres horas antes de que tuviera efecto.

Veo mala fe y mucha hipocresía porque el viernes anterior (20/4/2018) me citaron para informarme de que tenía que realizarme un examen médico con objeto de saber si estaba facultado para la continuación de mi trabajo hasta los 70. Hoy mismo me han hecho un análisis de sangre y tengo otras citas programadas. Daba la impresión de que estaban considerándolo primero porque tengo el derecho y segundo porque no iban a gastar dinero y recursos en mirar si soy apto pidiendo pruebas. Quizás es porque he seguido denunciando las mortalidades.

¿Ha registrado más casos a parte de los del verano de 2015?

Ha habido más mortalidad y también lo he denunciado. Primero el fiscal dijo que aquello era político pero el juez ha cogido hasta ocho casos diciendo que no hay nada de político aquí. Que yo sepa hasta ahora han fallecido 14 pacientes por una causa u otra. Normalmente por haber esperado más de los 90 días o porque no se han operado con la suficiente urgencia. No solamente es el período de los 90 días que dice el ICS lo que se ha de mirar sino la urgencia con la que se ha de operar a cada paciente. Esto está muy bien tipificado por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad de Cirugía Cardíaca con unos códigos que van del 0 al 5. A menudo no se hace caso de estos códigos y por eso han ido muriendo pacientes.

¿En qué código estaban registrados los pacientes que murieron?

Depende. Uno de ellos por ejemplo tenía una insuficiencia renal muy severa, se hacía diálisis y tenía también una neoplasia. Se ponía hemodinámicamente muy inestable y necesitaba ser emergente, que es el código 0, pero no se hizo así. Se pasó de forma urgente o semiurgente y murió en el proceso. La realidad es que muchos no se operan a su debido momento porque hay demasiados pacientes y, en no haber quirófanos, se van posponiendo.

No sé que pasará con estos casos, eso está en mano de los jueces, pero ya llevamos más de dos años y eso es un tiempo exagerado. El sufrimiento y la mortalidad es tremenda.

¿Qué es necesario para revertir esta situación?

Necesitamos un cambio en el sistema judicial que contemple los delitos por no actuar de manera correcta, para parar el sufrimiento y las muertes de los pacientes. También para proteger a los trabajadores: cuando un profesional no está de acuerdo y dice que esto no funciona no se pueden tomar medidas represivas, no puede estar indefenso ante esto. Estamos mirando algunas propuestas de cambio con los movimientos sociales para llevarlo al Congreso de los Diputados.

Desde los movimientos sociales siempre han denunciado que ‘los recortes, matan’ y alguna vez lo han ejemplificado pero ¿cómo se puede pasar de la denuncia a la coordinación entre población y profesionales para la defensa de la sanidad?

El problema es que cuando tratas de solucionar la situación con las administraciones pertinentes hay un rechazo porque su idea no es la de cubrir las necesidades sanitarias de la población, es recortar para transferir los recursos de la sanidad pública a la privada. Es muy difícil. Lo llevé al Síndic de Greuges de hecho y ellos hicieron bien poco… Detrás estaban las presiones de la administración y de Boí Ruiz, el conseller de entonces que tiene mucha culpa en todo esto.

¿Esta situación se está dando también en otros hospitales?

Seguro. Hay profesionales que están sufriendo el mismo trato que yo con resultados muy diversos. A veces la justicia ha dictado en contra de ellos y es muy preocupante no tener el apoyo de la justicia tanto para los profesionales como para la ciudadanía.

¿Hay apoyo entre los compañeros?

Por detrás algunos si expresan su apoyo pero no pueden levantar sus voces porque se ven decapitados. Cuando me abrieron el expediente disciplinario al mismo tiempo que me echaron, el gerente me dijo ‘quien no está con nosotros está contra nosotros’. Yo le dije que la cuestión era estar a favor de los pacientes y dar el mejor servicio que podamos.

¿Cómo cree que debería definirse la sanidad y que problemas principales tenemos hoy en día?

Única, pública y universal. Básicamente lo que la sanidad tiene que proporcionar es seguridad a aquella gente que necesite el cuidado médico. El motivo de que existan los recortes y las listas de espera es desviar a estos pacientes a la privada.Ese es un problema muy importante. Un segundo problema es que tenemos una estructura sanitaria obsoleta. El sistema sanitario español se creó a mediados del siglo pasado para cubrir unas necesidades que han cambiado. La epidemiología ha cambiado, ahora se vive mucho más, se tienen más enfermedades crónicas que consumen una gran cantidad de recursos… La sanidad no está adecuada para hacer todos estos tratamientos. La sanidad ha de estar centrada en la primaria que es quien atiende a la mayoría de los pacientes, al 85%.

Por otro lado, la atención hospitalaria ahora mismo está hipertrofiada y también hiperfragmentada. Todos los hospitales tienen casi todas las especialidades aunque acaben atendiendo a un número insuficiente de pacientes y aquí hay un gasto de recursos enorme que es necesario resolver. No podemos tener tantos servicios en todos los centros, se tendrían que concentrar en hospitales terciarios específicos y que cada uno fuera referente en una especialidad. Esto ahorraría recursos y mejoraría la atención. Necesitamos una sanidad más compacta, más dirigida, que resuelva el tema de las enfermedades crónicas y avance en la detección, el tratamiento y el seguimiento.