Por una vida digna: pinchemos la burbuja de los alquileres

Quedan ya pocas horas para el 12 de mayo: día en que los Sindicatos de Inquilinas e inquilinos cumplirán un año desde su nacimiento. Día también en que muchas ciudades, desde Coruña hasta Nápoles, se levantarán reivindicando que #NoSeVenden12M. En todo el Estado y más allá, colectivos que luchan de forma cotidiana por el derecho a la vivienda y a la ciudad se manifestarán juntos para denunciar la especulación inmobiliaria y la explotación turística que pone en riesgo sus vidas y barrios. Aprovechamos la ocasión para repasar algunos retos del movimiento inquilino y vecinal.

Desmontemos los mitos sobre la nueva burbuja

Desde hace tiempo, a una gran parte de la ciudadanía se le ha declarado una guerra. Invisible, pero despiadada. ¿De qué otra manera se puede caracterizar sino a la ola de aumentos en el precio de los alquileres y de expulsiones? Sin embargo, la primera batalla a la que han tenido que hacer frente los vecinos es mental. Para aquellos que hacen negocio sin límite con nuestros hogares, resulta fundamental que nos resignemos. Que aceptemos el nomadismo, la inseguridad y el empobrecimiento como inevitables. Para los defensores de la ciudad-casino, resulta tan imprescindible la conversión de la vivienda en un activo financiero como legitimarla con las cantinelas que difunden a través de potentes altavoces mediáticos: desde portales inmobiliarios hasta tertulianos, pasando por campañas publicitarias millonarias.

Uno de los mitos que nos repiten para naturalizar los abusos inmobiliarios y los desahucios invisibles es que Barcelona se ha hecho grande, que ha alcanzado una edad adulta que la ha proyectado internacionalmente; y que, en una especie de competición darwiniana de territorios que compiten entre sí, finalmente se ha convertido en una “ciudad global” como Londres o París. Según este mantra, la ciudad atrae a inversiones y ciudadanos europeos que hacen subir los precios de los barrios céntricos, generando un efecto dominó que se extendería por todo el territorio. No todo el mundo cabe en la ciudad, nos dicen. Acostúmbrate a vivir a dos hora del trabajo, insinúan. Acepta tus precarias condiciones de vida como efecto colateral de la ansiada “recuperación económica”, que ya ha llegado.

Nada más lejos de la realidad. La actual situación de emergencia habitacional no responde a ningún efecto natural del crecimiento urbano, ni es signo de recuperación económica. De entrada, el argumento según el cual los alquileres suben porque hay una demanda cada vez mayor está desmentido por los datos. Entre 2007 y 2013 la demanda prácticamente se duplicó (de 24.162 a 44.819 contratos de alquiler) y en cambio los precios no subieron, sino todo lo contrario: experimentaron un fuerte descenso, de 813 euros mensuales a 681. Entonces ya había europeos (no necesariamente adinerados, sino tan precarios como la mayoría) y representaban una realidad tan minoritaria como ahora.

También es falaz el argumento de que la burbuja comenzó en el centro por la presencia de estos supuestos gentrificadores y ahora se extiende como una “mancha de aceite”. No, la escalada de precios produjo de forma simultánea a buena parte del área metropolitana, centros y periferias. No es casualidad que el sindicato de inquilinos de Sant Cugat naciera prácticamente al mismo tiempo que el de Barcelona. De hecho, el problema va más allá y afecta a todas las capitales: globalmente, los inquilinos ya destinan la mitad del sueldo a pagar rentas inmobiliarias; un 65% en el caso de los menores de 35 años. En conjunto, tenemos el dudoso honor de vivir en el país de la OCDE donde los alquileres se comen una mayor parte del sueldo.

Que no nos engañen todos aquellos loros que se presentan como supuestos expertos cuando en realidad reproducen tópicos al servicio de los buitres y del negocio inmobiliario. La burbuja de los alquileres que nos estrangula no es ningún fenómeno meteorológico: está cocinada políticamente. Que los precios se empezaran a disparar en todas partes a partir de 2014 no tiene nada que ver con una supuesta escasez de oferta, sino con las medidas que tomó el gobierno del PP dos años antes, a medida del lobby de la banca, para trasladar la especulación de la hipoteca al alquiler.

En primer lugar, en 2013 el PP modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para dar todo el poder a quien especula con la vivienda y sacar las pocas garantías que quedaban a quien vivía de alquiler: con los contratos actuales, al cabo de 3 años una familia puede ser notificada que tiene 30 días para hacer cajas y dejar el hogar y el barrio donde ha vivido media vida, unilateralmente y sin otra justificación que un mayor rendimiento económico. Tenemos una de las leyes más injustas del mundo, a años luz de los países de nuestro entorno: unas reglas del juego que incentivan las expulsiones y las mudanzas traumáticas, incluyendo traslados escolares a medio curso, pérdida de vínculos sociales y enorme sufrimiento. Todo en nombre del beneficio inmobiliario.

Pero eso no es todo. Pocos meses antes, en 2012, el PP legisló para dar privilegios fiscales a las SOCIMI: fondos de inversión que adquieren viviendas a precio de saldo, sustraen riqueza de las familias que viven de alquiler para repartirlas entre sus accionistas, y -atención- no pagan impuesto de sociedades. En otras palabras, además de lucrarse a costa de la gente común, les bonificamos fiscalmente (este 2018, por un valor mínimo de 280 millones de Euros). Finalmente, el apuntalamiento a esta perversa política de la vivienda ha llegado con la reciente aprobación en el Congreso de la ley del “desahucio exprés”. No sólo no se defiende el derecho a la vivienda, sino que además se demoniza a las víctimas: desde quienes luchan por quedarse en casa a un precio justo a las familias sin ninguna alternativa habitacional.

En definitiva, nuestras ciudades no son un paraíso para la ocupación, sino para la especulación. El mercado no se autorregula, sino que está intervenido para favorecer a una minoría de poderes en la sombra. Los “precios de mercado” no operan como indicadores neutrales que reflejan el valor de los bienes inmuebles, sino que están determinados por un marco legal que da todo el poder a toda una serie de influencers inmobiliarios: grandes propietarios, fondos inversores y operadores turísticos que gestionan grandes carteras de pisos y que tienen la capacidad para empujar el mercado al alza y marcar nuevos precios de referencia.

Construyamos un sujeto colectivo

Descartado el cuento de la oferta y la demanda que se autorregulan, hay que abordar el mercado de alquiler como lo que realmente es: una compleja correlación de fuerzas entre propietarios, intermediarios e inquilinos (mediada por el poder del Estado). En España, los poderes públicos han venido dando cada vez más poder a los primeros, a costa de desproteger a los últimos. Pero si algo nos enseña este año de lucha es que las garantías se ganan. Casi nadie daba un duro por los vecinos del bloque de San Juan Despí cuando Goldman Sachs les exigió aumentos entre el 40% y el 100%. Pero las 121 familias se unieron, se movilizaron y forzar a los propietarios a aceptar sus condiciones en una negociación colectiva. Pocos creían que Luisa -vecinos del barrio de San Antonio- saldría cuando Idilia Foods le exigió un nuevo alquiler de 1100 euros, y menos cuando -ya fuera de contrato- le puso una demanda judicial. Gracias a la solidaridad inquilinas y vecinal, la empresa terminó aceptando un alquiler de 825 euros y retiró la demanda.

En parte, la historia se repite. Hace 9 años, nadie creía posible detener un desahucio en puerta. Pero la PAH demostró que sí se podía. En el caso del Sindicato, el camino andado nos ha enseñado que aquellas cosas que creemos inevitables (las subidas de alquiler y los desahucios invisibles) en realidad tampoco lo son. El reto ahora pasa porque esta convicción íntima vaya convirtiéndose en un nuevo sentido común: que cualquier vecino que reciba un burofax notificándole que se tiene que ir de casa no se tome esta carta como una sentencia inapelable, sino como el inicio de una negociación colectiva que debe terminar con un #EnsQuedem rotundo: renovación de contrato a un precio asumible. Que el inquilino que vive el problema en soledad e incertidumbre encuentre seguridad y protección organizándose con su bloque, su grupo de barrio y el sindicato.

Cuando el Sindicato nació, tanto el Colegio de APIS (Administradores de la Propiedad Inmobiliaria) como la Cámara de la Propiedad dijeron que daba miedo, que era una apuesta irracional. Hace poco también se expresaba en este sentido el Secretario de Estado de Vivienda. Pero después de que el miedo empezara a cambiar de bando, la razón también se ha puesto de nuestra parte. Aunque aquellos que ven en la vivienda un negocio cuentan con unas leyes totalmente favorables, ahora ya saben que no pueden hacer y deshacer sin límite alguno. A la inversa, un año de intensa movilización y de alianzas virtuosas nos ha enseñado que la capacidad de auto-organización y auto-tutela vecinal tiene margen de crecimiento. Que es posible desarrollar estrategias no sólo reactivas sino también preventivas. Que pasar del anonimato a convertirse en un sujeto colectivo permite alcanzar pequeñas victorias que prefiguran cambios de calado: desde contratos de alquiler estables con precios regulados, hasta el reconocimiento de las comunidades y organizaciones inquilinas como interlocutoras con entidad.

A un año de su nacimiento, el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barelona se suma a la llamada del 12 de mayo, junto a los colectivos de las más de 12 ciudades. Llenemos las calles de dignidad y digámoslo bien alto y claro: nuestros hogares no son productos financieros, ni nuestros barrios juguetes para los buitres. Nos querían en soledad pero nos encontrarán más unidas que nunca.