224 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas. Esta es la cifra que ha recogido la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) en su 14º informe anual. Todos estos casos tuvieron lugar a lo largo de 2017 bajo custodia de funcionarios en comisarías, prisiones o en el transcurso de intervenciones policiales, como manifestaciones.

En comparación a 2016 hay un aumento de incidentes: las personas afectadas pasan de 232 a 1014 y las situaciones de 117 a 224. Es la cifra histórica de personas afectadas más elevada que ha registrado nunca la CPDT en sus informes. Este incremento se debe en gran medida a las actuaciones en torno al referéndum del 1 de octubre en Catalunya, con 61 situaciones y 541 personas afectadas ese único día. Catalunya se convierte así en la comunidad con las cifras más elevadas: 106 situaciones con 619 personas afectadas.

De las 61 situaciones acontecidas en Catalunya el 1 de octubre por parte de 541 personas, 336 personas denunciaron al Cuerpo Nacional de Policia y 205 a la Guardia Civil. Según una investigación de Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos (una de las 50 entidades que forman parte de la CPDT), el 1-O un subinspector de la policía golpeó con la porra a los ojos en una escuela y luego empujó gente por las escaleras en otra. Denuncian también que la falta de identificación policial visible dificulta la investigación de violencia institucional.

Desde la CPDT consideran que “la extensión y la calidad de la violencia desplegada el 1-O lo convierten en uno de los episodios de vulneración de los derechos humanos más relevante de los últimos años”. Concluyen también que la actuación policial, más allá de los daños físicos, comportó “multitud de situaciones vejatorias y de utilización simbólica de la violencia, sin respetar la especial vulnerabilidad de algunas personas”, lo que ha causado “un impacto psicosocial grave en la ciudadanía catalana”.

Denuncian también el uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional “especialmente contundente” como gases lacrimógenos y escopetas de balas de goma “en contextos que no lo requerían”, llegando a causar la pérdida de visión de un ojo de un joven, Roger Español.

“La violencia policial del 1 de octubre no ha comportado ninguna investigación interna por parte de los respectivos cuerpos policiales, para la investigación de los excesos cometidos y la oportuna depuración de responsabilidades disciplinarias” critican desde la CPDT, que se muestran escepticos por el hecho de que mandos policiales del operativo fuesen condecorados “a pesar de la notoria existencia de excesos policiales”.

Madrid (21 situaciones y 102 personas afectadas) y Andalucía (34 situaciones y 40 personas afectadas) son las otras dos comunidades con los mayores números de denuncias. Desde la CPDT destacan también el caso de Ceuta, con 8 situaciones y 117 personas afectadas.

27 personas murieron bajo custodia de funcionarios de prisiones

Según el informe, 55 personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una cifra que se eleva hasta los 705 fallecidos entre 2001 y 2017. “Somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes inevitables, pero creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación” constatan desde la CPDT. De las 55 personas que fallecieron, 27 murieron bajo custodia de funcionarios de prisiones y 10 de la Guardia Civil.

Una de las preocupaciones de la CPDT que plasman en el informe anual es el hecho que el número de situaciones y personas afectadas en prisión –y, por lo tanto, por parte de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias denunciados– se mantiene más estable que el de las otras categorías, “lo que habla del problema endémico que la tortura y los malos tratos suponen en las cárceles, un espacio de especial opacidad e impunidad”.

Celda de aislamiento en el Departamento Especial de Régimen Cerrado de Brians 1 (Martorell) / SÒNIA CALVÓ

Si bien donde más personas han vivido situaciones de agresiones, torturas o malos tratos ha sido en movilizaciones sociales, como manifestaciones, desde la CPDT también observan que ha aumentado el número de agresiones hacia personas migrantes, sobretodo en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Consideran que se debe a las protestas que se han dado en varios de estos centros a lo largo de 2017. A principios de agosto, 86 internos protestaron en el CIE de Madrid ante su próxima deportación a Marruecos. A finales de diciembre la Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida de Mohammed Bouderbala, de 36 años y nacionalidad argelina, en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga). Un juzgado archivó la muerte al considerar que fue un suicidio.

El Cuerpo Nacional de Policia (CNP) es el grupo de agentes que más denuncias ha recibido a lo largo de 2017, con 551 personas en 82 situaciones. Les siguen la Guardia Civil (41 situaciones y 338 personas) y los funcionarios de prisiones (57 situaciones y 58 personas). La CPDT relaciona estas cifras con las denuncias en contexto de movilizaciones sociales y por parte de personas migrantes. Los Mossos d’Esquadra han recibido denuncias por parte de 22 personas en 16 situaciones. Por primera vez se recoge en el informe un caso de denuncia contra un miembro de la Policía Portuaria de Barcelona.

Por tercer año consecutivo no se ha contabilizado ninguna denuncia por tortura en situaciones de detención incomunicada. Sin embargo, recuerdan desde la CPDT, “este tipo de detención implica en sí misma un trato degradante y puede que hasta un maltrato”, por lo que exigen su abolición de manera definitiva.

Desde la CPDT recuerdan que las cifras plasmadas en el informe podrían elevarse, ya que algunos casos que conocían han sido excluidos por petición expresa de la persona afectada o por falta de denuncia ante los tribunales, sobretodo en el caso de personas en situación irregular o personas presas. Desde el primer informe, en 2007, se han recopilado 3.602 situaciones en las que 9.085 personas se vieron afectadas.

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Barcelona. Periodista y Master en Comunicación de Conflictos y Movimientos Sociales. Ha pasado por las redacciones de Barcelona Televisión (BTV), La Directa y eldiario.es

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