“Después del Sense Ficció de TV3 ¿qué toca? Es una gran oportunidad porque ha encendido una chispa, que se ha convertido en llama, que ha tocado sensibilidades y permitirá abordar todo el trabajo que nos queda por hacer “, expresó Luis Vila, vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales ( CEESC), abriendo el debate “Y después del Desamparados, ¿qué?”, ​​que pretendía abordar la polémica surgida a raíz del documental.

El documental de investigación mostraba una serie de malas praxis dentro del sistema de protección de menores catalán que despertó un aluvión de críticas entre los educadores sociales que, entre otras cuestiones, lamentaban no haber estado presentes en el debate posterior a la emisión de la pieza periodística y reivindicaban “una visión más amplia de los profesionales y el sistema en sí”. El colectivo, por otra parte, reconoce y condena la existencia de malas praxis “aisladas” que no son representativas de un sistema que, en general, aseguran que funciona. Es por ello que el CEESC ha organizado un debate con diferentes actores del sistema de protección para abordar corrientes de trabajo para mejorar aspectos deficientes.

“Asumimos que siempre recibiremos críticas haciendo lo que hacemos, porque tenemos que velar por un colectivo muy amplio, pero queremos destacar el trabajo de los Educadores Sociales como agentes de transformación, por nuestro compromiso de denuncia, que sí aparece en el documental “, aseguró Vila. Apelados por la celebración de este debate, han estado presentes los periodistas autores del documental, que han asegurado que, en ningún caso “la intención era polemizar. Cuando tocas un terreno minado, irremediablemente te salpica”, apuntó Montse Armengou, directora del Sense Ficció de TV3. “No somos quién para decir si el sistema funciona o no, pero después de un año de investigación podemos decir que sí: literalmente salva vidas. Pero nuestro trabajo de servicio público es denunciar lo que no va bien “, agregó Armengou, quien también alabó el trabajo de los Educadores Sociales: “Trabajáis desde la trinchera”.

Esta trinchera en la que Armengou ha hecho referencia también ha sido apelada por los conductores de la jornada, los educadores sociales David Roman y Carmen Redondo. El primero ha destacado que, debido a la inestabilidad política de los últimos meses, “la relación con los representantes políticos no ha sido tan fructífera como hubiéramos deseado”. Por su parte, Redondo ha asegurado que “siempre hemos estado más en la crítica que en la propuesta; y es que últimamente, el tsunami de los MENA -Menores Extranjeros No acompañados- nos ha robado mucha atención y, con la situación política, no teníamos interlocutores claros “.

“El sistema de protección es una intervención quirúrgica que llega cuando todo lo demás falla”

La primera en abrir el debate ha sido Maria Jesús Larios, adjunta del Defensor del Pueblo, que ha destacado la tarea delicada que tiene esta institución ante el sistema de protección de menores: “nuestro trabajo es supervisar y esto hace que las familias no se sientan representadas porque no sabemos resolver sus situaciones de vulneración, y que los profesionales se sientan cuestionados “. Así, a pesar de coincidir con que el sistema funciona, considera que no sólo puede mejorar, sino que “siempre tendrá un margen amplio de implementaciones”.

Y, es que, según Larios, “el sistema de protección de menores es una medida que se toma cuando todo lo demás ha fracasado. Si las intervenciones sanitarias, educativas, de prevención, apoyo y acompañamiento no son efectivas, queda sólo la intervención quirúrgica, que es la separación del niño de su familia. Sólo existe porque todo el resto de la red fracasa “. Así, citando la Convención de Derechos del Niño, Larios destacó que la acogida familiar debería ser siempre la primera opción y que siempre se debe trabajar para garantizar que un niño, eventualmente separado de su hogar, tenga los mismos derechos que el resto.

Las intervenciones que han ido siguiendo, que han incluido turnos de palabras de representantes de varios partidos políticos como Catalunya en Comú Podem, ERC o Ciudadanos; representantes de la administración como la DGAIA o el Instituto Catalán de Acogida y Adopción, han puesto el foco en la prevención a través de los servicios territoriales y en tener más en cuenta las familias como aliados. El presidente de la asociación APRODEME para la defensa del menor, Paco Cárdenas, aseguró que “tenemos que creer más en las familias y en sus potencialidades, no verlos siempre sólo como generadores de problemas”.

Cárdenas considera que “tenemos un sistema complicado, con falta de recursos, que da miedo y que asusta a las familias y a menudo las estigmatiza”. Así, se ha hecho mención a las cifras de pobreza severa que Save The Children hizo públicas a principios de año y se ha acordado que, sin un servicio territorial efectivo que palie las dificultades económicas no se podrá mejorar el sistema de protección. “Tendemos a confundir situaciones de riesgo social con desamparo”, comentó Cárdenas.

En esta línea Emilie Rivas, responsable de políticas de infancia de la organización en Cataluña, destacó la necesidad de una ley orgánica contra la violencia hacia los niños “así como las mujeres tenemos la nuestra, los menores también deben estar amparados , porque tendemos a normalizar la violencia que se ejerce sobre ellos, ya sea física, psicológica o económica “. Así, la línea general del acto ha querido recalcar la necesidad de volver a poner la infancia en la primera línea de prioridades políticas y se ha salido del debate con el compromiso de recuperar el grupo de trabajo abierto en el Parlamento de Cataluña

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