Cuando llega el verano, muchos medios se llenan de noticias alarmantes sobre las “avalanchas” de migrantes que intentan llegar a territorio español por la frontera sur, cruzando las vallas de Ceuta o Melilla, o directamente en las costas andaluzas con embarcaciones precarias. Pero pocas veces nos informan de que la llegada de personas migrantes de origen africano representa poco más del 10% del total de llegadas (Datos 2017: 11.5%; fuente INE) y las entradas por Ceuta y Melilla, un 1,36%.
Tampoco solemos encontrar información fidedigna sobre las causas que obligan a estas personas a migrar. Olvidamos que una buena parte de la riqueza europea proviene de la explotación de recursos naturales de África (las minas de oro de Burkina Faso, explotadas por la compañía suiza Valcambi; las minas de coltán en la República Democrática del Congo, una zona con conflictos armados constantes, los beneficios de la pesca en Senegal, que firmó un acuerdo leonino con la UE que está provocando la pobreza de los antiguos pescadores de la zona, el gas y el petróleo provenientes de Mauritania y Senegal…).
También se olvida que los países europeos (España incluida) se sitúan entre los principales exportadores de armas a países como los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Israel… No importa que contravengan acuerdos de la ONU, que impiden vender armas si hay conflictos abiertos (como el que mantiene Arabia Saudita con Yemen, por ejemplo).
Pero a los países de la UE (y, en general, a los países ricos de todo el mundo) no les interesa averiguar las causas de los conflictos, de los que son cómplices la mayoría de veces, sino aprovechar la mano de obra barata que representan los flujos migratorios: si hay trabajo, que vengan migrantes; si hay crisis, que se vuelvan. Y ese “que se vuelvan” pasa por desregularizar a muchas personas que han vivido en nuestro país con permiso de residencia y de trabajo; unos permisos que caducan si la persona pierde el trabajo y no vuelve a encontrar otro dentro de un plazo determinado. Personas que quizás llevan 10 años viviendo y trabajando en nuestro país. Pero es que en realidad nunca han sido consideradas personas, nunca se les han respetado todos los derechos que contempla la Declaración Universal de los DDHH, aunque sean derechos inherentes a cada individuo y estén reconocidos como tales en las constituciones europeas; pero es que para el Estado no son personas, sólo son mano de obra barata y sus derechos les son escamoteados con laberintos burocráticos.
Europa se empeña en seguir negando la realidad: con vallas o sin, con concertinas o sin, continuarán llegando migrantes. Los países europeos no están haciendo nada para mejorar las condiciones de vida en los países de origen. Los flujos migratorios han existido siempre y seguirán existiendo y precisamente la historia nos demuestra que tienen tendencia a autorregularse. Los antiguos éxodos del campo a la ciudad, de las zonas más empobrecidas de un país a las más ricas, ahora se han globalizado, pero siguen siendo manifestaciones de este “proletariado nómada” del que habla Alain Badiou.
Negar los mínimos derechos democráticos a las personas que ya han llegado a nuestros países es otro gran error de las políticas europeas. Hay que garantizarles unas condiciones de vida dignas, no sólo porque estamos hablando de derechos democráticos universales, sino porque la negación de estos derechos a determinados colectivos genera bolsas de pobreza totalmente evitables, desigualdades profundas en el acceso a la vivienda, al trabajo, a la sanidad, en la escuela… que no sólo perjudican las personas afectadas, sino que repercuten negativamente en el conjunto de la sociedad y crean fracturas en el tejido social, mientras algunos políticos, desde sus torres de marfil, buscan la manera de sacar rédito electoral.
A medio y largo plazo, la regularización de todas las personas que se encuentran en nuestro país (“papeles para todos”) beneficiaría a la sociedad en su conjunto: mejor control de los impuestos y, por tanto, más y mejores servicios públicos; disminución de la economía sumergida (no nos referimos al “top manta”, sino a empresarios que ofrecen trabajos sin contrato con salarios de miseria y con condiciones laborales abusivas); revalorización de los puestos de trabajo; rendimiento de las capacitaciones de las personas migrantes; cohesión social, en la medida que se diluirían las diferencias entre la clase obrera “autóctona” y la de origen migrante… No se trata sólo de respeto por la vida humana, también una mirada interesada apunta hacia la misma solución: la economía, en su conjunto, se vería beneficiada.
A corto plazo, la situación actual sólo favorece a los explotadores: los empresarios sin escrúpulos, los fabricantes de concertinas (la empresa malagueña European Security Fencing exporta esta tecnología a toda Europa)… Y las mafias que trafican con seres humanos, por supuesto, pero es que estas mafias dejarían de existir rápidamente si Europa estableciera vías de entrada legales y seguras, si no hablara de externalizar sus fronteras en países como Libia, donde en este momento está el mercado de carne humana más grande del mundo… Con el presupuesto anual de Frontex (320 millones de euros en 2017, después de un incremento de 70 millones de los 250 presupuestados inicialmente), la agencia europea que se encarga de controlar las fronteras, habría suficiente para regularizar todas las personas que llegan a Europa y ofrecerles puestos de trabajo. Se acabaría con el tráfico de personas, con las violaciones y la prostitución forzada, con los asesinatos masivos, con las muertes diarias en el Mediterráneo… Pero los intereses son otros.
Culpar las “avalanchas migratorias” de la crisis económica, de la falta de puestos de trabajo, de la inseguridad ciudadana,… da réditos electorales: eso no se puede negar. No importa que se den datos falsos o exagerados, como hablar de “millones” de africanos cuando se trata de “miles”, no importa que se permitan tantas muertes evitables en el Mediterráneo si las imágenes sirven para adormecer conciencias. Pero Europa, la verdadera Europa de los derechos humanos, la de las personas, la de los valores, es necesario que se despierte pronto si no queremos que las políticas xenófobas, excluyentes, racistas e incluso genocidas, no acaben teniendo un peso demasiado insoportable sobre nuestras conciencias. ¿O es que sólo era retórica aquel “Nunca más!” De 1945?
