Los días 17 y 18 de agosto de este año se cumplirá un año de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. En un artículo que escribí pocos días después explicaba que teníamos los antecedentes de otras ciudades europeas y sabíamos que nos encontrábamos en estado de alerta pero tendíamos a pensar que lo que les había pasado a otros no nos pasaría a nosotros; pero, nos pasó, y en el corazón mismo de la ciudad de Barcelona, en las Ramblas. Posteriormente, hemos ido sabiendo que los terroristas tenían la intención de actuar en lugares en los que las consecuencias hubieran sido mucho más terribles: la Sagrada Familia y el Camp Nou. También hemos tenido conocimiento de ciertos aspectos que, en este momento, prefiero no comentar pero que invitan al menos a pedir explicaciones sobre la falta de cooperación entre los Cuerpos de Seguridad.
Dicho esto, y a falta de poder encontrar una teoría que permita explicar por qué se produjeron aquellos hechos trágicos, necesitamos plantear otras preguntas centradas, ahora, en todo lo que han hecho las administraciones en la línea de la prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña.
Me referiré a dos documentos. El primero es un documento elaborado por el Síndic de Greuges en noviembre de 2017. El documento lleva el título siguiente: Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña y se centra en las políticas y las medidas llevadas a cabo en el ámbito de las escuelas, los servicios sociales, los centros de privación de libertad y, finalmente, en el ámbito de protección de la infancia y la adolescencia. Además, el documento pone énfasis en la necesaria coordinación entre los cuerpos policiales en la lucha contra el terrorismo.
Como se puede comprobar, no hay ninguna referencia a las medidas emprendidas desde el ámbito de la salud más allá de indicar la necesidad de colaboración entre los centros escolares y los profesionales externos, entre los que están los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).
El segundo documento fue elaborado por el Departamento de Salud y presentado en febrero del 2018. Se trata de las Estrategias 2017-2020 Plan director de salud mental y adicciones. Este Plan contempla siete líneas estratégicas: 1) Promoción y prevención; 2) Derechos de las personas y participación; 3) Atención basada en la comunidad; 4) Mejorar las condiciones en la práctica clínica y formación; 5) Garantizar atención integrada a la salud física y mental; 6) integración de servicios sanitarios y no sanitarios y 7) Elementos de apoyo al cambio.
La primera línea estratégica se centra en los aspectos preventivos en salud mental y contempla los siguientes apartados:
- Mejorar la cobertura y orientación del programa de “Salud y Escuela”
- Desarrollar intervenciones preventivas para la población infantil y juvenil vulnerable.
- Realizar acciones específicas de prevención de suicidio.
- Desarrollar los programas de promoción y prevención en el ámbito de las adicciones en todo el territorio.
- Despliegue de unidades funcionales territoriales de atención integrada para población infantil.
Todo esto es muy loable y muestra los esfuerzos y compromisos que el Departamento de Salud y el Plan Director de Salud Mental y Adicciones vienen desarrollando desde hace años. Pero, ¿aporta algún elemento útil hacia la prevención de la radicalización y el terrorismo?
Si nos fijamos en los diferentes subapartados nos daremos cuenta que hay uno que plantea la necesidad de implementar medidas preventivas para la población infantil y juvenil vulnerable, sin embargo, ¿con qué criterios se define la vulnerabilidad? Y, más concretamente, ¿que hace que unos jóvenes sean especialmente vulnerables a determinados discursos e influencias ideológicas transmitidos a través de líderes que actúan marcados por el odio?
El documento del Síndic de Greuges cita el antropólogo Jordi Moreras, profesor de la URV, el cual señaló que se trataba de jóvenes aparentemente bien integrados en la sociedad de Ripoll, no inmersos en conductas disruptivas, ni de delincuencia o drogas. Además, tampoco Ripoll cumple el perfil de barrio marginal o banlieu que concentra comunidades en riesgo de exclusión. Por tanto, ¿cómo se puede hacer prevención desde el ámbito de la salud mental cuando no se detectan elementos de riesgo de exclusión y/o de trastorno mental?
Sin embargo, es obligado indicar que ha habido iniciativas que, a título individual y en el marco escolar, han llevado a cabo diversas profesionales. Es el caso de dos docentes de Ripoll que hicieron un trabajo de campo en esta población, con veinte jóvenes de 12 a 20 años, marroquíes y catalanes vinculados directamente con los autores de los hechos, alguno de ellos incluso amigos. Esta experiencia en grupo, promovió pensamiento, sentido crítico, capacidad de identificar las emociones sentidas y los ayudó a transitar por las emociones difíciles. Dicha experiencia fue presentada en el Sexto Congreso de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, celebrado en Barcelona el mes de noviembre del 2017.
El fenómeno del terrorismo y, más concretamente, del islamista, es muy complejo y no se puede explicar apelando a estereotipos de naturaleza psicosocial o de naturaleza psiquiátrica. El terrorista no es inevitablemente pobre ni se encuentra indefectiblemente en riesgo de exclusión social. Tampoco es necesariamente un enfermo mental grave, un psicótico, para ser más precisos. El terrorista miedo reunir las tres condiciones o ninguna de ellas. En consecuencia, la implementación de políticas de prevención debe tener en cuenta varias variables y contemplar la colaboración de diversas disciplinas y administraciones. Pero, esto, es todavía una asignatura pendiente.
