Ya hace tiempo que se discute en torno a determinadas condiciones de trabajo que parecen verter una parte de la fuerza de trabajo en situaciones de precariedad y exclusión social. Precariedad, exclusión, pobreza, vulnerabilidad… no son conceptos vacíos de contenido. Cuando los usamos fijándonos en una porción de los trabajadores, hablamos de personas reales que tienen dificultades económicas reales o que ven su calidad de vida (también su salud) menospreciada por los efectos de la explotación laboral.
Si hemos detectado y hemos descrito que hay un empeoramiento de las condiciones de trabajo para algunos trabajadores, lo que incluye devaluación salarial, inestabilidad y aumento de la flexibilidad interna, creo que es justo preguntarnos por qué está sucediendo esto. La respuesta, como sucede en referencia a cualquier fenómeno social, no puede ser simple. En este artículo vamos a ensayar alguna que tiene que ver con el modelo de empleo que se está siguiendo en España y valoraremos si este modelo ha sido impuesto, elegido o, en última instancia, ha sido encontrado y es fruto de la improvisación, azar o la fatalidad.
Un modelo de empleo podemos se puede resumir -siguiendo a Pilar Carrasquer, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona- como la intersección del mercado de trabajo, las políticas sociolaborales (lo que incluye la cobertura del estado de bienestar y las políticas activas y pasivas de empleo) y la división sexual del trabajo. Desde este punto de vista, un modelo de empleo incluye determinantes que tienen que ver con una situación de mercado -que depende de otras causas, como pueden ser la estructura productiva o los condicionantes económicos- pero también con el contexto político e ideológico y las legislaciones que se derivan, así como con otros aspectos de carácter cultural que se encargan de perpetuar las diferencias de género o, en su caso, de revertirlas.
El caso español es significativo desde este punto de vista. Los condicionantes que tienen que ver con el mercado de trabajo hablan del crecimiento del empleo en el ámbito de los servicios manuales que vienen, en parte, a compensar una importante destrucción de empleo en otros sectores como la industria o la construcción. Asimismo, la reducción de la protección social y los recortes en el estado de bienestar hacen que el empleo se consolide como la principal forma de obtención de rentas, precisamente en un momento en el que el empleo se contrae y su calidad desciende para muchos trabajadores. Finalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones de género -la doble presencia femenina, la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, la brecha salarial, las mayores tasas femeninas de paro,
Marco legislativo
En general el marco legislativo que resulta de las reformas laborales de 2010 y 2012 vierte una situación en la que es más sencillo -por más barato- proceder al despido de determinados trabajadores, así como impulsar medidas de flexibilidad interna. Puede suspenderse la aplicación de determinados aspectos de los convenios colectivos y, en resumen, se busca mejorar la competitividad de las empresas tratando, en la medida de lo posible, de ajustar los convenios colectivos a la realidad de las empresas en las que están vigentes: es decir, hay una tendencia hacia la descentralización de la negociación colectiva. Evidentemente esto no es necesariamente malo pero en un contexto de destrucción del empleo, de abundancia de PyMES y de actividades con escasos márgenes de beneficio, que buscan la rentabilidad con ahorros en el precio de la mano de obra, el resultado de este marco legislativo no puede ser otrp que la precarización de las condiciones de trabajo.
Si ese que se acaba de describir es el modelo, basado en el fomento de la flexibilidad y en mecanismos que permiten la contención salarial, ahora falta averiguar si ha resultado de una elección consciente o si ha venido impuesto. Los condicionantes de la crisis económica provocaron, a lo largo de los primeros años de ésta, un discurso muy beligerante con determinadas prerrogativas de las que gozaban algunos trabajadores. El argumento explicaba que si había una tasa de temporalidad tan elevada, se debía, precisamente, a la imposibilidad de ajustar las plantillas a las necesidades reales de trabajo. Esta rigidez provocaba que los empresarios no pudieran contratar con contratos indefinidos, donde el trabajador se encontraba más protegido, ya que en caso de necesidad sería muy caro poder deshacerse de los trabajadores contratados. Esto generaba una dualidad dentro del mercado de trabajo: por un lado estaban los trabajadores estables, con contratos indefinidos, muy protegidos y con buenas condiciones de trabajo y, por el otro, los trabajadores temporales que eran prescindibles y sobre los que se podían hacer los ajustes necesarios. La solución pasó, pues, por precarizar las condiciones de todos.
Empeoramiento de los estables
Y así, si ha habido un descenso en la dualidad del mercado de trabajo, éste se ha producido no por la mejora de las condiciones de los trabajadores más precarios sino por el empeoramiento de aquellos que se encontraban en una situación estable. Se ha detectado, además, que una vez que estos trabajadores estables pasan al paro tienen, más tarde, muchas dificultades para volver a tener empleos con buenas condiciones. Si hay un abandono de la estabilidad, el trabajador afectado transita la senda de la precariedad durante mucho tiempo antes de volver a la seguridad. En los casos en que estos trabajadores tienen más de cincuenta años podría suceder que su trayectoria laboral ya quedará incluida, permanentemente, dentro de los segmentos secundarios.
Si aceptamos que la dimensión normativa del modelo de empleo con el que se pretende salir de la crisis tiene motivaciones ideológicas, no podemos decir que sea un modelo encontrado. Es impuesto si lo analizamos desde el punto de vista del trabajo y es elegido teniendo en cuenta la preferencia de la patronal y de sus grupos de presión y partidos políticos afines. Tampoco las consecuencias parecen ser encontradas; en la búsqueda por parte de la patronal de mejores tasas de productividad la necesidad de implementar estrategias de descentralización de la negociación colectiva es básica, ya que permite negociar condiciones individualizadas. En un contexto, ya lo hemos dicho, en el que muchas empresas tienen dificultades para resultar rentables, ya que son intensivas en la utilización de la mano de obra, empezar prácticas que permitan ahorrar en ésta resulta muy deseable para la patronal.
Daños colaterales
Ahora bien, los daños colaterales en forma de exclusión social, de ruptura de los itinerarios de inserción sociolaboral, de truncamiento de las trayectorias o de dilatación -cuando no imposibilidad- de las transiciones consideradas normales se puede señalar que sí han sido encontradas: o bien han resultado una sorpresa o bien, en el mejor de los casos, un mal menor que quedará circunscrito en un periodo concreto, ya que tiene un alcance temporal limitado. La realidad, sin embargo, es que parece que las condiciones de trabajo precarias y las desigualdades que éstas llevan asociadas no desaparecen y que los segmentos secundarios del mercado de trabajo no adelgazan. Además hay muchos observadores que, ya desde el inicio del periodo de contracción económica, van advirtiendo de estas circunstancias, de tal manera que no es posible aceptar ni el desconocimiento ni la falta de previsión y, así, el argumento de la fatalidad pierde fuerza.
