“No se entiende que una ley que garantiza la vivienda a las familias más vulnerables continúe impugnada con un gobierno socialista. Hemos conseguido medidas, como la de destinar el 30% de la nueva construcción a la vivienda social, pero necesitamos que vuelva esta ley para garantizar que los grandes propietarios, los especuladores y las entidades bancarias, que fueron rescatadas con dinero público, no puedan desahuciar impunemente”. Así se ha expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un encuentro con decenas de entidades sociales y representantes de municipios catalanes para exigir la retirada del recurso contra la Ley 24/2015, más conocida como la ley catalana contra los desahucios.
Esta ley surgió a raíz de una iniciativa legislativa popular (ILP) que recogió más de 150.000 firmas y que fue aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2015. Esta medida fue impugnada pocos meses después, en mayo de 2016, en la parte de la vivienda, por el PP ante el Tribunal Constitucional. “Con 61 desahucios diarios y mesas de emergencia colapsadas, mientras las entidades financieras continúan especulando, se hace patente la urgencia de tener vigente en su totalidad este octubre”, exige el grupo promotor.
Y es que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente de la oposición, se manifestó contra el recurso presentado por el PP. “Ver la problemática de la emergencia habitacional y habiendo tenido la respuesta en las manos, que todo quede en papel mojado es demoledor”, apuntaron desde la Asociación Catalana de Municipios. “No puede ser que estar de acuerdo con esta ley sólo desde la oposición. En el gobierno también se ha de mostrar fortaleza”, han añadido, en referencia a Pedro Sánchez.
Así, el grupo promotor ha expresado la esperanza de que este viernes, tras el Consejo de Ministros, se retire el recurso a la 24/2015. “Pedro Sánchez tiene en sus manos la potestad de recuperar nuestra Ley y demostrar su altura política dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda”, apuntaron en un manifiesto que cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales entre los que se encuentran varios ayuntamientos (como Barcelona, Santa Coloma, Sant Vicenç dels Horts o Reus), varios sindicatos y entidades del tercer sector.
Consideran, desde el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, que se debe poner fin a las dinámicas de un gobierno que “utiliza la judicialización de la política para evitar dar respuestas”. En esta línea, desde el Colegio de Abogados de Barcelona recuerdan que el derecho a la vivienda figura en la Constitución y que son los “constitucionalistas los primeros que atacan estos derechos. Tiene que haber un tope para no mercantilizar necesidades básicas”.
Y es que los datos soportan la reclama de la restitución de la ley contra los desahucios; su efectividad se nota sobre todo en los puntos relativos al suministro eléctrico, que aún continúan vigentes: “vimos reducidos drásticamente los 75.000 cortes en el Área Metropolitana antes de la aplicación de la ley, pero aún trabajamos para secar la deuda de miles de familias”, apuntaron desde la Alianza contra la Pobreza Energética. En la misma línea, Colau ha alertado de que, desde la impugnación de la 24/2015, en Barcelona se podrían haber evitado 600 desahucios. “Y estos son sólo los que nos constan desde el Ayuntamiento. Pero hay muchos más “.
