El Tercer Sector Social en Catalunya ha mejorado en ocupación y en salarios, de forma que sus ratios se acercan a las que tenía antes de la crisis económica. Sin embargo, los salarios y las condiciones de trabajo de las personas de este ámbito todavía están lejos de las que tienen los sectores de la sanidad y la educación en Catalunya, según se desprende del anuario de la ocupación del Tercer Sector Social, presentado en Barcelona.
Para acercar las condiciones laborales y económicas del Tercer Sector a las del mercado, el presidente de la confederación, Joan Segarra, ha reivindicado, ante el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir ElHomrani, una propuesta para reformar los criterios de licitación pública de las concesiones de servicios y contratos. Con el cambio legal se pretende evitar la carrera a la baja en las licitaciones y primar, en cambio, la calidad del servicio y el compromiso social de las entidades.
El año 2017 la ocupación al Tercer Sector Social, una denominación que engloba empresas y entidades, la mayoría sin ánimo de lucro, que cuidan de personas con problemas, como la discapacidad o que precisan tratamientos especiales en educación o sanidad, ha pasado de 92.000 personas a 94.500, con un aumento del 2,6%. Este aumento sitúa las plantillas de los centros muy cerca de las 100.000 personas que trabajaban en 2011, fecha que se considera inicio de la crisis.
En cuanto a las condiciones laborales en que trabajan los ocupados en este sector, el anuario muestra que el 56% de las jornadas están a tiempo parcial y el resto a tiempo completo. Este apartado se mantiene sin grandes cambios respecto del año anterior.
Más contratación fija
Por primer año se detecta una ligera tendencia al incremento de la contratación fija en el Tercer Sector, cosa que contrasta con el comportamiento del mercado laboral convencional. De cada 100 personas contratadas, 56 tienen contrato indefinido o fijo discontinuo, con una mejora de tres puntos respecto del año anterior. En la economía convencional la contratación fija se sitúa en el 78%.
En cuanto a salarios la media del Tercer Sector se sitúa en 21.271,8 euros, cosa que implica un aumento del 3,2% de media respecto del año anterior, mientras que en la economía convencional de la sanidad queda en 35.442,4 euros y en la educación el salario mediano el salario queda en 32.003,8 euros. Esta disparidad hace que haya una fuga de talento de personas desde el Tercer Sector hacia la Administración, puesto que para hacer el mismo trabajo el convenio de la función pública ofrece mejores condiciones salariales.
El Tercer Sector, según Segarra, está formado por muchas personas que son formadoras o administradoras de empresas o entidades sin ánimo de lucro. Este elemento se ve cuando se mira la relación dentro del Sector entre los salarios más altos y los más bajos. La proporción está en 1:2,5, y hay que decir que la disparidad hace cuatro años que baja: en 2014 la diferencia era 1:2,9.
En rueda de prensa posterior a la presentación de los datos, Segarra admitió que “las condiciones laborales de las personas que trabajan al sector van directamente ligadas a la financiación, y este está vinculado a la fórmula de relación entre las entidades y las administraciones públicas”. En este sentido, el Tercer Sector presentó el proyecto de ley de acción concertada que propone un nuevo modelo de relación para sustituir la contratación pública donde se licita por precio y a veces con fórmula de subasta. “Este mecanismo acaba haciendo que, de media, se rebajen un 6% los presupuestos de las administraciones para atender las necesidades sociales que cubre el Tercer Sector”, afirma el presidente de las entidades.
La propuesta alternativa, la denominan de acción concertada, y el Tercer Sector catalán asegura que es la que aplican con éxito autonomías como Aragón, Islas Baleares o el País Valenciano y está inspirada en directivas europeas.
En síntesis la ley tendría que asegurar que el Tercer Sector se considere colaborador prioritario de la administración en la gestión de los servicios a las personas. La fórmula de acción concertada tendría que situar la relación contractual fuera de las dinámicas de mercado.
Por lo tanto las administraciones tendrían que fijar una dotación presupuestaria para cubrir los servicios y después escoger las entidades que pueden hacer la gestión. Y si la dotación presupuestaría apuesta por la calidad, esto repercutirá sobre las condiciones laborales de las personas que están ocupadas en el Tercer Sector.
Por su parte, El consejero El Homrani ha aceptado en parte el reto y ha reconocido que se tiene que “ser capaces de huir de las visiones únicamente economicistas”, que no tienen en cuenta el “valor social”. Una cosa no menor para las entidades de este sector, puesto que estas dependen mayoritariamente de fondos públicos. Concretamente el 39% tiene como fuente de financiación principal las subvenciones.
En relación con el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo a 900 euros, la Confederación considera que la Generalitat tendría que asumir este aumento, a pesar de ser conscientes del problema que puede suponer que Catalunya no tenga aprobados los nuevos Presupuestos antes de comienzo del año 2019.
Otro de los retos que se plantea el sector de cara al próximo anuario del 2019 es cumplir el pacto logrado este verano entre patronales y sindicatos que en su visión más alta implicaría que no hubiera salarios por debajo de los 14.000 euros anuales. La Confederación no tiene cifras concretas de cuántos trabajadores actualmente hay en el sector con remuneraciones, proporcionalmente, bajo esta cifra.
