Las organizaciones no lucrativas que prestan servicios sociales y de atención a las personas llevan cuatro años consecutivos creciendo en número de personas contratadas y aumenta la proporción de contratos indefinidos, pero para dar el paso definitivo hacia el empleo estable y de calidad hace falta más inversión pública y un nuevo modelo de financiación y de relación entre las entidades sociales y la Administración basado en la acción concertada con el Tercer Sector Social. Si no, lo tendremos muy difícil para retener el talento y servir a la ciudadanía con la calidad que deseamos.
Así lo pone de manifiesto la última edición del informe que avaula la calidad de los puestos de trabajo que generan las entidades, el Anuario de la Ocupación del Tercer Sector Social de Catalunya. El modelo de financiación actual y la insuficiente inversión pública estrangulan la capacidad económica de las entidades, que a la hora de negociar los convenios colectivos no pueden asumir los incrementos salariales que desearían.
Es por eso que ya hace tiempo que denunciamos el sistema de contratación de servicios públicos basado en el precio como referencia principal, o incluso única sacándolos a subasta. Esta modalidad abre un terreno propicio para que acaben en manos de grandes empresas multiservicio que tienen como objetivo final obtener beneficios para sus accionistas e inversores. Con voluntad de ganar el máximo de servicios para ampliar su volumen de negocio, estas empresas hacen ofertas a la baja con presupuestos imposibles de cumplir en las condiciones que serían necesarias.
El precio lo pagamos después toda la ciudadanía en forma de puestos de trabajo precarios y baja calidad de los servicios, con consecuencias que pueden llegar a ser nefastas cuando se trata de servicios sensibles como los de atención a las personas en el ámbito social. En este ámbito, la calidad está muy ligada al cumplimiento de los derechos sociales que defendemos y por los que velamos las entidades sin ánimo de lucro, y es por eso que desde el Tercer Sector Social alzamos la voz para preservarla y garantizarla.
Buena parte de los servicios dirigidos a la ciudadanía más vulnerable se ofrecen mediante un modelo de colaboración público-privada por el que las administraciones públicas delegan la gestión a lo que se denomina “operadores” privados, que pueden ser empresas de iniciativa social o empresas mercantiles. Es decir, organizaciones no lucrativas o empresas “ordinarias”, que buscan el lucro privado. El marco regulador es la Ley de Contratos del Sector Público, que en el caso de este tipo de servicios resulta inadecuada porque fomenta una competitividad basada en el precio y descuida, por tanto, la calidad.
Es por ello que reclamamos superar este marco de relación y avanzar decididamente hacia un modelo que excluya las servicios sociales y de atención a las personas de las lógicas de mercado y de los intereses lucrativos. Las Directivas Europeas de contratación pública así lo prevén y su transposición ya ha dado lugar a diferentes iniciativas legislativas en este sentido.
Por primera vez nos encontramos ante un marco jurídico comunitario que, por encima de cualquier otra consideración, procura garantizar la protección de los derechos sociales, el interés general y la calidad de la atención a los usuarios. Y esto sólo será posible si se excluye los servicios de atención a las personas de las dinámicas mercantilistas y se limita el interés económico de quien los presta, dando preferencia -si no exclusividad- a la iniciativa social sin ánimo de lucro como aliada estratégica de la Administración.
Es el momento de dar pasos adelante y el Tercer Sector Social queremos contribuir. Por eso tenemos sobre la mesa una propuesta legislativa de concertación de servicios de atención a las personas que profundiza en las fórmulas no contractuales y plantea un pacto de país por un modelo catalán basado en la calidad y el interés general. El derecho comunitario está de nuestra parte y sólo falta voluntad política para hacerlo. La propuesta la hemos hecho llegar a todos los partidos y representantes parlamentarios para que se convierta en ley, y la estamos presentando también a responsables de las administraciones municipales y del Gobierno de la Generalitat con el compromiso de estudiar y construir conjuntamente una ley catalana de acción concertada.
El objetivo es avanzar hacia un modelo de colaboración que, por encima de cualquier otra consideración, garantice la protección de los derechos sociales, el interés general y la calidad de la atención a las personas, especialmente las más vulnerables. Hablamos de un modelo de colaboración entre las administraciones y la iniciativa social no lucrativa para la provisión de servicios de atención a las personas que garantice la eficiencia y el máximo retorno social de los recursos públicos. Un modelo, en resumen, que limite claramente el interés económico de los operadores, otorgando un rol fundamental y estratégico en el Tercer Sector Social, como parte esencial del sistema catalán de servicios de atención a las personas.
Porque, ¿qué sentido tiene que unos pocos hagan negocio y se enriquezcan con el dinero público que nos pertenecen a toda la ciudadanía? Queremos que Cataluña, y Barcelona como capital del país, sean referentes en la construcción de este nuevo modelo de colaboración público-social exigente y transparente, centrado en las personas y que reconozca el valor de aportación del Tercer Sector Social para ante multinacionales y otras formas especulativas. Nos jugamos los derechos de toda la ciudadanía y la cohesión del país.
