“¿Cómo se financia la Sanidad Pública? Es una pregunta que muchos no nos hacemos. Pero el dinero sale de partidas de los presupuestos del Estado. Así que las personas que no estamos inscritas en la Seguridad Social pero vamos al súper a comprar o pagamos un alquiler, también contribuimos al sistema sanitario con nuestros impuestos”. Con estas palabras Sam, nacido en Senegal y residente de Barcelona, resume los seis años de exclusión sanitaria en España, a raíz del Real Decreto de Ley 16/2012 que establecía, entre otros requisitos, que para acceder a la Sanidad Pública, había que estar inscrito en el régimen de la Seguridad Social. “Debemos conocer y exigir nuestros derechos”, opina Sam.
Así, son muchas las personas que, como el joven senegalés, veían alejarse el derecho a la atención sanitaria a raíz de un decreto impulsado por el Gobierno popular de Mariano Rajoy. El mismo que impulsó un recurso en el Tribunal Constitucional para la ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria. “No existen datos oficiales de las consecuencias de esta exclusión, y esta es la muestra de la falta de voluntad política para poner solución a la problemática”, afirma Alicia Rodríguez, portavoz de la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (PASUCat ). Es por ello que la Plataforma, junto con la Campaña Jo Sí Sanitat Universal, han elaborado un informe con casos recogidos de exclusión, presentado en el Colegio de Periodistas, el mismo día que el BOE publicaba la retirada definitiva del recurso del Tribunal Constitucional a la ley catalana de Salud Universal.
Esta victoria legal del acceso a la salud en Catalunya se enmarca en el cambio de Gobierno que llevó el Partido Socialista en el poder y que, en septiembre aprobó de nuevo la ley de Sanidad Universal en el Congreso y comenzó el proceso de recuperación de la legislación catalana. Ahora, trabajando en el reglamento de ambas leyes, es el momento de reflexionar sobre los efectos de la exclusión sanitaria en el Estado. PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal han detectado 375 casos de exclusión, que “son sólo la punta del iceberg, porque no hemos podido llegar a todos”, admitió Rodríguez.
Pero, aunque pequeña, esta muestra ha permitido revelar una realidad “muy grave, y es que la mortalidad entre las personas que se encuentran en situación irregular ha aumentado un 15% desde 2012 “, apuntó Rodríguez. Y es más, el informe también muestra que las incidencias más importantes y reiteradas han sido contra los colectivos que, según el Real Decreto de Ley, tenían una situación especial y a los que se debía garantizar siempre el acceso a la atención sanitaria. Estos son las embarazadas, los menores y los casos de urgencias.
En el caso de las embarazadas, supusieron un 5.3% de los casos de exclusión y los menores un 24.2%. Pero las cifras más destacadas por PASUCat han sido el 12.2% que no llegó a ser atendido porque no conocía su derecho a serlo y el 36.5% que fue excluido “por culpa de la burocracia”, alerta Carlos Losana, también portavoz de la Plataforma. Y es que la mitad de las personas excluidas durante estos seis años detectadas por la PASUCat (175) cumplían “la condición más difícil impuesta por el Decreto de Ley: tener el padrón”, explicó Losada.
Así, la llamada ‘buroexclusión’ es sufrida por gente que tendría todo el derecho (establecido por la legislación vigente) a ser atendida pero a la que se le niega la atención, “muchas veces porque los y las trabajadoras públicas desconocen cuál es la ley actual, ya que cambia cada poco, o porque se aplica un racismo institucional “, apuntan desde la Plataforma. Sea como sea, el hacer pedagogía sobre el derecho a la salud es una gran tarea pendiente, porque muchas de las personas a las que la atención les es negada, no llegan a reclamar nunca.
Una nueva normativa, ¿pero es realmente universal?
Habiendo analizado los efectos de la exclusión sanitaria en el territorio español, la PASUCat ha plantado la base para iniciar el debate sobre la nueva legislación que, teóricamente deberá garantizar el acceso universal a la salud. Tanto el nuevo Real Decreto de Ley de España, aprobado en septiembre de 2018, como la ley catalana, suspendida en abril de 2018 y recién recuperada, tienen pendiente redactar el reglamento que las hará efectivas.
Recordando que las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre su sistema de salud, en Catalunya se aplica la ley catalana. Pero esto no quita que ambas leyes compartan un aspecto que las plataformas y organizaciones tachan de excluyente: la exigencia del empadronamiento. En el caso español, este requisito puede ser prescindible si desde Servicios Sociales se presenta un informe, pero, por el contrario, elimina el párrafo en el que se reconocían ciertos colectivos vulnerables (como las embarazadas o menores) a los que se debería dar atención siempre.
En el caso catalán, se establece que se puede esquivar la necesidad de estar empadronando, demostrando arraigo en el territorio. Pero “¿qué es el arraigo y quién lo acredita?”, se pregunta Losada. Además, la persistencia en reclamar un padrón, pone de relieve la necesidad de hacer una política municipal común en el momento de realizar los padrones. “Hay municipios en que se trata de un mero trámite burocrático, y otros donde se hace patente que se quiere excluir personas de cierta nacionalidad”, añadieron desde la PASUCat.
“Debemos perseguir a los ayuntamientos que no lo pongan fácil para hacer el padrón. Cuando tengamos una querella criminal a un municipio que no empadrona, una parte del problema de la exclusión se habrá acabado”, afirmó Vidal Aragonés, diputado de la CUP, en una mesa de debate con representantes parlamentarios, moderada por la coordinadora del Diari de la Sanitat, Carla Benito. Así, haciendo énfasis en la cuestión del padrón, Aragonés ha apuntado que “hay que dejar claro cuáles son las pruebas para acreditar el arraigo. Y sobre todo, no se le puede trasladar esta obligación a personas que están en necesidad”.
Desde el PSC, Assumpta Escarp, ha reclamado a los partidos de Govern que no se haya ido preparando el reglamento de la ley catalana, para tenerlo listo cuando se levantara el recurso del TC: “la ley no es suficiente”, espetó. Por alusiones, Gemma Espigarés, enfermera y diputada por ERC -estando ausente Junts per Catalunya en la mesa- ha aceptado que “vamos tarde con la redacción pero no en aplicar el contenido de las leyes” y atribuyó el retraso a la “lenta y pesada” burocracia.
Desde Barcelona en Comú, Davide Malmusi, ha insistido en la fuerza de la organización popular para hacer posible estas leyes: “aunque la voluntad política en torno a un tema cambia mucho, la sociedad nos ha ayudado a no bajar la guardia. No debemos dejar que el discurso de la xenofobia cale en la opinión pública, nos tenemos que aferrar a la inclusión y luchar para que todo el mundo sepa que tiene un derecho”, ha apuntado.
