El Govern de la Generalitat y el del estado español han firmado el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra algunas partes de la ley 24/2015, más conocida como Ley Catalana contra los Desahucios. Los artículos que fueron impugnados en mayo del 2016 por el gobierno del PP hacían referencia a la emergencia habitacional y garantizaban las “herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar el parque de alquiler social”, apuntan desde la PAH.
Así, tras dos años de suspensión, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez -que fue duramente presionado por el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular de la que nació la ley- ha reestablecido la 24/2015 como ya anunció que haría estando a la oposición. “Ante la situación de emergencia en que Catalunya lidera el ranking de la vergüenza, con 61 desahucios diarios y 2.000 familias en lista de espera en las mesas de emergencia, nos debería haber sido más sencillo poder recuperar la ley”, aseguran desde la PAH.
Así, recuperar efectivamente todos los artículos de la Ley de la ILP -que fue firmada por más de 150.000 personas- supondrá:
- Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y alquiler de grandes propietarios
- Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social
- Mediación entre la banca y personas deudoras como medida contra el sobreendeudamiento. La PAH, sin embargo, continuará exigiendo “dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y el Congreso a través de la Ley de Vivienda de la PAH”, afirman
- Obligación de realojamiento por parte de las administraciones
En cuanto a las medidas contra la pobreza energética y los cortes de suministro, hay que recordar que en ningún momento fueron impugnadas por el PP, por lo que los hogares vulnerables tienen garantizados los suministros básicos, pero “hay que insistir en que se firmen los convenios y que las empresas sean las que asuman las deudas”, recuerda la PAH. Así, con la recuperación de las medidas contra la emergencia habitacional, la ley 24/2015, que fue aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya, vuelve a estar totalmente vigente.
“Esta importante hito ha sido posible gracias a las personas que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las que ponen el tiempo y el cuerpo para garantizar los derechos, a las juristas que creen que las leyes injustas deben cambiarse ya las 150.000 personas que firmaron la ILP “, agradecen desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
2 comentaris
Todavía no está vigente, continúa suspendida que yo sepa.
El alquiler social obligatorio(es un pago practicamente simbolico) al final supondrá la desaparición de las empresas que legitima y legalmente se dedican a una actividad de servicios como es alquilar (empresa con empleados, con obligaciones fiscales, con vocación de ser útiles) y con ello los perjudicados serán como siempre la clase media baja, que como no será de los que “tonto el que pague o no ocupe” no tendra a su disposición pisos en alquiler.
Alquilar mediante empresa es dedicar esfuerzos y bienes a dar ocupación y alquiler, no es en absoluto especular (comprar para revender, o comprar oro, yate, casas de recreo o arte para su satisfacción y solo disfrute no es un servicio y si puede ser mera especulacion o mero disfrute propio).
Criminalizar-como se hace ahora- a estas empresas -muchos casos de ahorradores de clase media-por ser de alquiler y dejarlas sin fruto, sin ningún beneficio (un alquiler social puede ser 0 o 50 euros) es pseudocomunismo (y nos quejamos de Venezuela) impuesto por la espalda y a cuchillo y obliga a desaparecer o dejarse atropellar como pasó con los judios a quienes se les atribuyeron -simplemente por tener dinero- todos los males. Esto pasa en CAtalunya, no en el resto de España. Y no se trata de ser o no independentista, se trata de que aquí hay mucha fragilidad política y triunfan esquemas que pisotean toda seguridad jurídica y estamos o no estamos en un estado de Derecho? Sino no hay propiedad privada para según que empresas que se diga abiertamente y con la cara descubierta.