Pasadas 72 horas, la palabra que se me ocurre es desproporción. Si hubiese reaccionado el mismo viernes, hubiese hablado de barbaridad, y si lo hubiese hecho durante el fin de semana, habría dicho que el escrito de la fiscalía sobre los presos independentistas era arbitrario. Hoy me quedo con las palabras de la jurista Monserrat Comas que ha calificado de ‘técnicamente errónea’ la acusación por rebelión. Es lo que cuenta, porque esta inculpación retorcida es la que ha llevado a la desproporción de la petición fiscal.
Pero vayamos al despropósito. Sostener que aquí no pasó nada para criticar la actuación de los fiscales es un despropósito. Otro despropósito. Lo que pasó en otoño del 2017 conduce a vérselas con la justicia, aquí y en cualquier país europeo. Con proporción, eso sí, y de acuerdo a una norma que requiere, para culpar de rebelión, de una violencia deliberada que no existió. De ahí que la acusación no se sostenga, ni en España, ni en Europa, ni entre la propia abogacía del Estado.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Muchos argumentan que la justicia depende del poder político. Yo no digo que Montesquieu figure entre las lecturas preferidas de la clase política española, pero no me parece argumento suficiente cuando veo a Rato entrar en prisión y al PP con cientos de imputados. La idea es otra. El problema no fueron tanto las consignas del gobierno a los jueces, cómo la inacción política de Rajoy durante años (hasta la represión extraviada del 1-O), una dejadez de funciones que delegó en los magistrados la hercúlea tarea de salvar la patria. Ungidos por el discurso del Rey, y jaleados por buena parte de la prensa de Madrid, estos asumieron una faena que les iba grande porqué no era la suya, porqué era una faena política.
Estamos pues ante el penúltimo episodio de la judicialización del conflicto catalán (el último serán las condenas), y sólo la vuelta a la política puede acabar con semejante disparate. No será fácil, sobre todo si el PP, Cs y los independentistas se conjuran para que caiga Pedro Sánchez.
