El pasado 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) contenía una bomba que hizo tambalear al Ministerio de Trabajo -conformado escasos dos meses antes, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. Esta bomba hizo temblar los cimientos del ministerio, ocasionando la dimisión de su directora general, Concepción Pascual, y haciendo que la Ministra Magdalena Valerio admitiera que le habían “colado un gol por la escuadra”.
Las artilleras responsables de esta situación fueron las mujeres detrás de las siglas del Sindicato OTRAS. Trabajadoras sexuales que presentaban en rueda de prensa a finales de agosto la creación de un sindicato que, pocos días después, contra todo pronóstico, fue registrado oficialmente por el Ministerio de Trabajo. Este departamento forma parte de un gobierno que se ha declarado feminista y que prioriza “la igualdad”, por lo tanto, afirmó no poder permitir que “bajo el subterfugio de un sindicato se dé cabida a la prostitución”.
A Concha Borrell, portavoz del Sindicato OTRAS, se le hace “muy difícil hablar de feminismo y abolicionismo juntos. Las mujeres que luchan de manera tan violenta para confrontarse a un grupo de trabajadoras que sólo pretendemos conseguir derechos laborales están cometiendo machismo”.
Aunque el Sindicato no contiene en sus estatutos ninguna mención a la prostitución, sí apunta que sus actividades estarán “relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”. Esta declaración de organización del trabajo sexual, que es una de las grandes fisuras de los movimientos feministas, provocó un gran revuelo entre los colectivos abolicionistas. Dos de los cuales procedieron a iniciar acciones legales: la asociación 8 de Marzo ha pedido la impugnación de los estatutos y la organización Escuela AC ha demandado al Ministerio de Trabajo para que se impugne la inscripción del sindicato.
El Ministerio, que ha trasladado a la Fiscalía General del Estado una impugnación contra los estatutos de OTRAS, comparecerá hoy ante la Audiencia Nacional en actos de conciliación y un juicio para tratar el asunto. “Sabemos y saben perfectamente que OTRAS está legalmente constituido y funcionando en plena capacidad jurídica. Esperamos que la Audiencia haga bien su trabajo: estamos muy tranquilas “, declaró Borrell.
Apoyos y rechazos públicos
Pero las discusiones en las redes, el cruce de actos e incluso, -como se está viendo, la toma de acciones legales- no muestran un panorama de debate tranquilo. Sin embargo, desde el Sindicato apuntan que, aunque ruidoso, el apoyo al abolicionismo es “minoritario”. Esta postura es apoyada por una encuesta que la Revista Contexto presentó a las I Jornadas Internacionales Feministas, en la que el apoyo al abolicionismo sólo era del 11,5% (un 60,4% se definía regulacionista y un 28, 1% no se posicionaba). “Que el gobierno del PSOE se llene la boca diciendo que son feministas cuando su postura abolicionista sólo representa un 11,5% de la población me parece irresponsable. No gobiernan para todas las ciudadanas y ciudadanos del país”, opina Borrell.
Así como la postura el gobierno central es la de abolir el trabajo sexual, hay otras administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, con Barcelona en Comú al poder, que se han mostrado más favorables a la regulación. BeC reformó la Ordenanza de Civismo en 2017 y, entre otras medidas, retiró las sanciones al ejercicio de la prostitución en la calle, que fueron introducidas por CiU -a instancias del PP- en 2012.
“Te guste o no el trabajo sexual, como político no puedes negar los derechos a un colectivo, de por sí estigmatizado. Sin medidas como las de BeC seremos estigmatizadas, perseguidas y multadas”, apunta Borrell. Afirma que las multas a las prostitutas no acabarán con el ejercicio del trabajo sexual pero sí “empeorarán sustancialmente la vida de las trabajadoras: muchas no pueden pagar las multas”. Tener una deuda con la administración supone no poder pedir préstamos ni acceder a alquiler. “Los verdaderos proxenetas, los que juegan con las condiciones laborales y desprecian las prostitutas, son las administraciones”, sentencia.
Gran noticia!! 1200 firmas!! #NuncaSinNosOtras Gracias!! https://t.co/gyDutHtfgd
— Sindicato OTRAS (@OtrasSindicato) 13 de novembre de 2018
Manifiesto: Nunca sin nosotras
De hecho el eje de Feminismos y LGTBI + de Barcelona en Comú ha sido una de las 1.300 adhesiones que ha tenido el manifiesto Nunca Sin Nosotras, hecho para retirar la demanda judicial a OTRAS. Activistas como Yayo Herrero o cargos públicos como la concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez, se encuentran entre las firmantes. Entre ellas hay posiciones y enfoques diversos respecto el trabajo sexual, pero comparten “la defensa del derecho a la libre sindicación” y piden “no usar una pretendida unanimidad del feminismo como aval de una medida legal que afectará a las condiciones de vida de muchas trabajadoras”.
“No nos parece una herramienta política justificada recurrir a una justicia que desde el feminismo luchamos con esfuerzo para cambiar porque ha demostrado no proteger los derechos de las mujeres”, reza el manifiesto, que concluye afirmando “no dejemos que decidan por todas”. El texto, que quiere visibilizar las diferentes posturas de los feminismos respecto a la prostitución, no es ajeno a los riesgos de los precedentes que puede suponer legalizar un sindicato de trabajadoras sexuales y a las críticas que reciben los negocios de trabajo sexual, acusados a menudo de proxenetismo y trata de mujeres.
“OTRAS no tiene intención de beneficiar a la patronal del sexo”, afirma el manifiesto. En la misma línea, Borrell asegura que esta patronal “ya existe, independientemente del estado del Sindicato OTRAS”. Del mismo modo, insiste en desvincular a los dueños de los locales donde se ejerce el trabajo sexual del proxenetismo: “son empresarios. No obligan a nadie a prostituirse. Si yo fuera a pedir trabajo y me impusieran unas condiciones que no quiero cumplir, sólo en este caso, podríamos hablar de explotación. Pero el trabajo para terceros no es proxenetismo”, insiste y reitera la postura de OTRAS en contra de la trata y la explotación de las mujeres, “no sólo en el trabajo sexual, sino en cualquier ámbito”.
Catalunya Plural, 2024 
