La mitad de las personas han sufrido algún tipo de inseguridad residencial; una de cada cuatro personas sufre inseguridad derivada de un régimen de tenencia insegura; una de cada cinco personas ha sufrido algún desahucio los últimos cinco años; una de cada cuatro personas ha tenido que ocupar o ha vivido de acogida en casa de familiares o amistades; cuatro de cada cinco personas sufre pobreza energética. Estos datos se obtienen a partir de el informe “Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona” que ha elaborado conjuntamente la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) , Enginyeria Sense Fronteres (ISF) , el Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC) y la Plataforma de Afectats per la Hipoteca (PAH), con la colaboración de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
Es el tercer informe que presentan y lo hacen para dar una mirada en profundidad a la salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética. Irene Sánchez es miembro de la PAH y una de las personas que ha participado en el proyecto para que el informe fuera posible. Un informe que surge gracias a miembros de la PAH o de la APE que respondieron un cuestionario de unos 40 minutos de duración. El cuestionario incluye 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud, para extraer conclusiones sobre sus efectos en las personas afectadas, en este caso haciendo una mirada en profundidad a su salud y la de uno de los niños del hogar, entre 6 y 14 años, elegido aleatoriamente.
De las 167 personas entrevistadas, en relación a la percepción de su estado de salud el 31,8% de los hombres y el 52,6% de las mujeres referían tener un estado de salud regular o malo, frente al 15,5% y 18,4%, respectivamente, de la población de Barcelona. Esto supone que los hombres presentaban el doble de mala salud percibida que la población general de la ciudad, 3 veces más en el caso de las mujeres.
De todas las que respondieron el cuestionario, el 72,9% eran mujeres y casi la mitad con edades entre 35 y 49 años siendo las mujeres más jóvenes que los hombres. La mayoría, un 71,3% eran residentes en Barcelona ciudad, de las que la mayoría en Sants-Montjuïc y Ciutat Vella. Dos terceras partes eran personas nacidas en un país extranjero y de éstas, el 93,6% llevaban más de 10 años viviendo en España y sólo un 6,4% se encontraban en situación irregular. Otros datos que se han tenido en cuenta muestran que la mitad de las personas se encontraban en paro en el momento de la entrevista, en concreto un 57,8% de los hombres y un 47,5% de las mujeres. Sobre ingresos, un 57,8% de los hombres y un 48,7% de las mujeres vivían en un hogar con unos ingresos totales por debajo de 750 euros mensuales.
Sánchez destaca que donde cree que más incide en el estado de la salud el hecho de encontrarse en una situación de emergencia habitacional es en el aspecto psicológico: “te cambia el carácter y estás siempre con miedo”. De hecho, los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud físico y mental y en general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud. Además, si se comparan con la población general de la ciudad de Barcelona, las personas afectadas por estas problemáticas presentan cifras mucho más elevadas de mala salud.
En entregas anteriores, los impulsores de estos informes habían radiografiado el estado de salud de miembros de la PAH con la población general y la conclusión había sido que las personas afectadas por problemáticas habitacionales presentan peor salud que la población general. En todos los informes se sugiere que un adecuado apoyo social o el apoyo de la PAH / APE son claves para atenuar los efectos negativos de la vivienda sobre la salud. Este informe aporta a informes previos que las personas encuestadas incluyen no sólo personas afectadas por la hipoteca, sino también personas con problemas de alquiler, ocupación y pago de suministros básicos como son la luz, el gas y el agua.
Ante esto y siempre con los resultados del informe en mano, los impulsores recomiendan trabajar para atenuar los efectos en la salud de las personas afectadas, asegurando un acompañamiento adecuado a estas personas desde Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda y garantizar acceso universal a los Servicios Sanitarios y tratar la salud de forma integral, incorporando la visión de los determinantes sociales de la salud e intentar no sobremedicalitzar problemas sociales. Además, fomentar el trabajo en red e intersectorial. Aseguran que es necesario que Servicios Sociales, Vivienda, Justicia y Salud trabajen de forma conjunta. Por último, también piden crear o mejorar los sistemas de información y poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema, que garanticen el acceso a los suministros ya una vivienda digna para todos.
La La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), el Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC) y la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) aseguran que “este estudio pone en evidencia la urgencia de cambios estructurales en políticas de vivienda y energía, que pongan las personas delante de los intereses financieros de la banca, los fondos de inversión y del oligopolio energético. Sólo con propuestas valientes para combatir la emergencia habitacional crónica que padecemos desde hace años, se podrá garantizar que las familias más vulnerables puedan llevar una vida digna gracias a un techo a temperatura adecuada garantizado”.
Hoy, después de haber hecho público hace unos días el informe, presentarán el estudio “La salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética” a las 18 horas en la Lealtad Santsenca.
