Entorno del cannabis y su regulación, llevamos décadas de contradicciones políticas y legales. De hecho, el autocultivo, el consumo y posesión de cannabis en espacios privados no está sancionado, pero el uso y posesión en espacios públicos sí está castigado con duras sanciones administrativas. Mientras el código penal castiga a quien “ejecuta actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de cannabis”.
Si hablamos de un uso terapéutico del cannabis, la situación todavía se vuelve más compleja. De modo que si bien los usos terapéuticos son lícitos, la realidad es que, como la legislación actual considera ilícitos los cultivos y los sistemas de dispensación autorizados administrativamente, nos encontramos que los pacientes que hacen un uso terapéutico están olvidados por la ley.
Esto a pesar de que la Convención de Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes, y ratificado por España en 1967, ya reconoce explícitamente el uso médico del cannabis, y señala que “el uso médico de los estupefacientes seguirá siendo indispensable para mitigar el dolor “, por lo que,” deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin”. Actualmente hay decenas de países en el mundo, como Canadá, Israel, Alemania, Australia e Italia, y más de 27 estados norteamericanos que cuentan con programas propios de cannabis medicinal.
Más de un centenar de ensayos clínicos con cannabis y cannabinoides avalan la seguridad en el uso de esta planta. Se sabe que funciona en personas enfermas de cáncer que la utilizan para prevenir ciertos efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia, pero también se ha demostrado que el cannabis puede ayudar a disminuir los síntomas de enfermedades neurológicas, crisis convulsivas de la epilepsia y de otras enfermedades autoinmunes como las enfermedades inflamatorias intestinales, el dolor y la rigidez de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple.
Pero como ya hemos apuntado antes, aquí el uso terapéutico del cannabis no está regulado, aunque según el Observatorio Español de Cannabis Medicinal entre 50.000 y 100.000 personas le darían este uso. Y sin ley que regule, sólo puede haber desprotección legal y sanitaria y estigma para las personas que utilizan el cannabis por motivos de salud.
Se estima que aproximadamente un 6% de los usuarios de los clubes sociales de cannabis son consumidores que hacen un uso terapéutico. Pero en Catalunya hay un importante desbarajuste respecto a los clubes sociales de cannabis, por lo que a pesar de la existencia permitida de estas asociaciones de personas consumidoras, estos clubes no están regulados por ninguna ley.
Esta desprotección afecta directamente a su derecho a la salud. No es una buena solución que los pacientes obtengan su cannabis terapéutico en una asociación de consumidores donde no se haga un control de calidad riguroso o donde el personal no esté debidamente formado, por los mismos motivos que un traficante de drogas. Es esencial que cada paciente tenga un pleno conocimiento sobre los medicamentos que consume (toxicidad, dosis, continuidad de stocks, etc.).
Por tanto, en ausencia de regulación, el colectivo de pacientes usuarios de cannabis medicinal queda desprotegido, pudiendo perder la custodia de los hijos, ser expulsado de una unidad de dolor o perder su puesto de trabajo. Y puede llegar a recibir multas de entre 600 euros y 30.000 euros, o incluso terminar en la cárcel.
Hay que hacer notar que la Agencia Española del Medicamento ha concedido desde 2016 varias licencias a empresas para que cultiven cannabis medicinal para exportar a otros países donde sí hay programas de acceso establecidos, como Canadá o Alemania. Es muy hipócrita que la administración estatal permita el negocio de unos pocos mientras olvida el derecho a la salud de la mayoría.
Con todo, hay que decir que el año 2017 el Parlamento de Catalunya aprobó una iniciativa legislativa popular que regulaba estas asociaciones de consumidores de cannabis, así como su cultivo y transporte, dando amparo legal a sus asociados. Pero en 2018 el Tribunal Constitucional español anuló esta ley.
Bajo prescripción y control médico
Por lo tanto, se hace necesario y urgente una regulación del uso terapéutico del cannabis y que se acceda bajo prescripción y supervisión médica, y que se pueda vender en las oficinas de farmacia o en entidades que involucren a profesionales debidamente formados.
La regulación nos permitiría por un lado introducir mecanismos de control de calidad y reducción de riesgos así como reducir el estigma asociado al uso medicinal del cannabis, y por otro mejorar la práctica clínica de los profesionales de la salud y la investigación científica del cannabis como fármaco. Pero sobre todo, necesitamos regular porque hay que dar respuesta a una realidad existente: la del colectivo de pacientes con enfermedades crónicas que hacen uso para mejorar su calidad de vida.
Ya por último, creo importante resaltar que el Parlamento de Catalunya ya se posicionó por unanimidad a favor de regular el acceso al cannabis medicinal en una resolución del 25 de abril de 2001. Han pasado 18 años y el tema ha quedado totalmente sepultado en la agenda política. Si tenemos en cuenta que la administración catalana tiene las competencias en salud transferidas, no podemos más que manifestar la sensación de abandono resultante de su olvido.
Catalunya Plural, 2024 
