El riesgo de caer en la pobreza aumentó hasta afectar al 23,8% de la población en Catalunya en 2017. Dicho porcentaje es el que marca el riesgo de caer en exclusión por la insuficiencia de ingresos. Otro dato preocupante es que la mitad de las familias tienen problemas para llegar a fin de mes. Estos son datos del informe ISOC, que elaboran las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y que ha sido presentado entre otros por Sonia Fuentes, presidenta de ECAS, y por Teresa Crespo, vocal de pobreza de la entidad.
El trabajo lleva el título de: ‘ Trabajo precario, vivienda privativa y falta de inversión social’, y se ha elaborado con datos de diversas fuentes oficiales y análisis cualitativos de profesionales de entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables. En él se muestran datos de dos indicadores claves: el Gini, que mide la desigualdad, y el S80/20, que mide los ingresos percibidos por el 20% de la población con más ingreso y los compara con el 20% de la población con menos recursos económicos. El resultado de los dos indicadores mencionados es que las desigualdades volvieron a crecer después de que el año 2015 y 2016 experimentaran disminuciones.
Sonia Fuertes, señaló que a pesar de los últimos años de supuesta recuperación económica, “la mejora no repercute en el conjunto de la sociedad y especialmente las clases desfavorecidas siguen muy castigadas por un modelo socioeconómico que genera pobreza y desigualdades de manera estructural”.
Falta de políticas públicas transformadoras
A su vez, Teresa Crespo, ha remarcado que “la falta de políticas públicas transformadoras y la insuficiente inversión social hacen que las desigualdades se perpetúen y la pobreza se cronifique”. Los fuertes recortes de la Generalitat durante los años centrales de la crisis (2010-2014) no se han revertido: el gasto conjunto en salud, educación, protección y promoción social y vivienda se redujo en más de 4.000 millones de euros, de los cuales sólo se han recuperado 1.800 millones.
El trabajo destaca que la tasa de riesgo de pobreza se centra en colectivos especialmente desatendidos. Así, entre la gente mayor el riesgo ha bajado del 84% al 15%, gracias a las transferencias sociales, básicamente fruto del sistema de pensiones. Por el contrario, entre los niños y jóvenes, la tasa sólo se reduce un 5% y es del 27,7% después de las transferencias.
Uno de los elementos que ayuda a entender la degradación de las condiciones sociales es la precarización del mercado laboral. El 87% de los nuevos contratos que se firman son temporales y la tasa de pobreza en el trabajo continúa subiendo: el 12,2% de las personas con trabajo no superan el umbral de la pobreza. “Muchas personas usuarias de nuestros puntos de distribución de alimentos trabajan a jornada completa”, afirmó Xavi Loza, director de La Vinya de acción social. El trabajo a tiempo parcial es del 22,2% entre las mujeres y del 7,3% entre los hombres. Las dificultades de conciliación y la precarización se ceban entre las trabajadoras: el 17,8% de las mujeres asalariadas tienen ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que esto sólo ocurre en un 7,8% de los hombres.