Los resultados electorales conocidos hacen indispensables acuerdos de gobierno. El posible pacto progresista que se vislumbra tendrá como elemento decisivo el programa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero también deberá contar con la opinión de las organizaciones políticas con las que llegue a compromisos, bien sean de gobierno o de apoyo parlamentario.
El ámbito laboral es uno de los aspectos que seguramente causará más controversia y negociación. El PSOE, hay que recordarlo, aplicó la primera reforma laboral y en los diez meses en que ha estado en el gobierno no ha derogado, como le pedían los sindicatos, los aspectos claves de las dos reformas aplicadas: la que hizo el su partido y la, más dura, del Partido Popular.
En su programa el partido socialista apuesta por: eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. Todo parece indicar que opta por una negociación sobre la estructura de la reforma existente y no por eliminarla.
Unidas Podemos, el previsible socio de gobierno del PSOE, tiene en su programa medidas que implican, en la práctica, el desmontaje de la reforma laboral. Así, habla de “recuperar el poder de la negociación colectiva”. O “hacer realmente estables los contratos indefinidos” y también habla de “recuperar derechos en los empleos más precarios y feminizados”. Otras medidas incluidas en el programa de la coalición que lidera Pablo Iglesias, que irían contra el núcleo de la reforma laboral, serían: prohibir los contratos temporales de menos de un mes. Proteger los derechos laborales de los trabajadores subcontratados. Hacer que el contrato a tiempo parcial sea una opción digna y acabar con el fraude de las horas extras, entre otros aspectos. Sin embargo, los candidatos de este grupo político han expresado durante la campaña electoral su posición contraria a la reforma laboral que, esta vez si, coincidente con las posiciones de los sindicatos CCOO y UGT.
Volviendo a las propuestas del PSOE, destacan por su carácter genérico, lo que se explica por el interés de este partido por ocupar un espacio central en la política, que evite que los poderes económicos se sientan agraviados. Así, plantea también: simplificar el catálogo de contratos de trabajo en tres formas contractuales: indefinido, temporal y formativo. También habla de reforzar la causalidad en el uso de los contratos temporales; renovar el Plan de Empleo Digno o de luchar contra el fraude en los contratos de formación y falsos autónomos.
Puede suceder que en la ecuación de gobierno entren otras fuerzas políticas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo que con toda seguridad influiría en la demanda de este partido para conseguir el máximo control sobre la Seguridad Social en su territorio, por ejemplo.
Complementariamente, Unidas Podemos podría poner el énfasis en medidas que impliquen el desmantelamiento de lla conocida como ley mordaza o para que se apliquen cambios en la normativa sobre orden público que despenalicen aspectos como la protesta laboral. Hay que recordar que desde el año 2012 hasta la actualidad, a raíz de su participación en huelgas y movilizaciones obreras hay más de 300 sindicalistas inmersos en procesos judiciales. Un cambio, por ejemplo en la ley de huelga permitiría archivar la mayoría de los casos mencionados.
Si para hacer gobierno fueran necesarios más grupos políticos, la situación podría complicarse, especialmente en el caso de Junts per Catalunya. Solo cabe recordar que las reticencias de PDCAT hicieron aspectos clave de la reforma laboral no se cambiaran, según declararon fuentes de UGT refiriéndose a que la oposición del partido heredero de CDC fue decisiva a la hora de no tocar aspectos claves de la reforma. No se puede olvidar que CiU participó en la redacción de la reforma laboral del PP y que algunas de sus aportaciones, según los sindicatos, la endurecieron.
Una tercera hipótesis de pacto es la que tendría como base el partido socialista y como aliado principal Ciudadanos. En este caso las propuestas del PSOE deberían encajar con las que hace el partido de Albert Rivera. Esta organización plantea la eliminación de todos los contratos temporales y que todos sean indefinidos. En la ambigüedad calculada del redactado de los programas, el punto anterior se entiende como la promoción de un único contrato que sería muy fácil de rescindir y que acercaría el sistema hacia el objetivo liberal del despido libre.
Otro punto clave del programa de Ciudadanos es la aplicación de la ‘mochila austriaca’, lo significa que el empleado, a lo largo de su etapa laboral, recibe por parte del empresario una aportación anual en un fondo de capitalización. De este modo, se reduce la indemnización cuando se realiza un despido. Se trata, pues, de un mecanismo que evita al empresario prácticamente pagar indemnizaciones cuando despide trabajadores.
También habla Ciudadanos de luchar contra la pobreza laboral, estableciendo un complemento salarial, que pagaría la administración a los trabajadores con menores salarios. Dicho en otras palabras, entre todos pagaríamos parte del salario de los trabajadores pobres.
Fiscalidad
Otro elemento decisivo, porque explica cómo se pagarán las mejoras que se quieran aplicar, es la fiscalidad. El PSOE pone de manifiesto la necesidad de sanear las cuentas públicas, reducir el déficit y la deuda y la sostenibilidad fiscal. Proponen prohibir las amnistías fiscales, trabajar para acabar con el fraude y los paraísos fiscales y reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando el aporte de las grandes empresas, los contribuyentes con ingresos más altos y los más grandes patrimonios.
Unidas Podemos resume sus propuestas en cinco ámbitos dirigidos a “acabar con los privilegios fiscales de una minoría”: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, acabar con las ventajas concedidas a las grandes empresas, inauguró un impuesto para las grandes fortunas, mejorar la progresividad del IRPF y establecer un impuesto sobre las transacciones financieras y de la banca. Y concretando aún más, el partido de Pablo Iglesias reclama es la recuperación del dinero que se prestó para el rescate bancario, que calculan en 60.000 millones de euros.
Más difíciles de encajar en una posible alianza entre PSOE y Ciudadanos, son las propuestas del partido de Rivera. Este se muestra preocupado por la presión fiscal que impide a los empresarios incrementar la contratación. Por lo tanto, les quiere rebajar las cargas, a la vez que pretende compensar esta reducción de ingresos, y por tanto también en la recaudación, con lo que llaman “la eliminación de chiringuitos políticos”. Genéricamente se muestran partidarios de rebajar la fiscalidad y esto lo compensarían con la lucha contra el fraude y una simplicación de las cotizaciones públicas.
