Vuelve a ser mayo y las fruterías se tiñen de rojo otra vez. Hace un año, la lucha de las temporeras de la fresa en Huelva emergía en los medios de comunicación nacionales e internacionales, a raíz de la acusación pública de explotación laboral y abusos sexuales realizada por un grupo de trabajadoras marroquíes hacia los responsables de las plantaciones. Una violencia sistemática que había sido invisibilizada durante años. Aunque el foco se puso en Huelva por la gravedad del caso, no es una situación aislada, sino que las personas temporeras en España son la última pieza del engranaje de una cadena industrial de producción de alimentos que necesita de la vulnerabilidad extrema de las personas migradas para sostenerse. Las trabajadoras temporeras se han convertido en piezas indispensables, pero silenciadas.
Este año, las temporeras no protagonizan casi ningún titular. ¿Qué fue de aquel grupo de mujeres? ¿Será que ha cambiado la situación? Desde que denunciaron los hechos a las autoridades, las nueve mujeres temporeras marroquíes han sufrido la pobreza, la marginación social y la desprotección legal y policial. Según su abogada ,Luján Sáez, la policía denegó activar el protocolo contra el tráfico de personas, obligatorio cuando se producen este tipo de denuncias, lo que les habría procurado asistencia mientras se llevaba a cabo la investigación. Además, la mayoría de ellas ha sido rechazada y acusada de prostitución por sus familias en Marruecos. Por tanto, no pueden volver a su país de origen, pero tampoco pueden regularizar su situación en España; ni siquiera trabajar legalmente, pues su visa de trabajo expiró y no ha sido renovada.
En diciembre de 2018, el juez archivó la causa por falta de pruebas y la sentencia ha sido recurrida. El abogado del empresario acusado calificó la denuncia de maniobra para evitar el retorno a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa. El ministro de trabajo marroquí, Mohamed Yatim, restó importancia al caso. Aproximadamente, 20.000 mujeres marroquíes llegan a España cada año para cosechar fresas, acogiéndose a los contratos en origen que permite la visa temporal establecida por los gobiernos español y marroquí desde 2001. Ellas tienen mucho que decir sobre el hecho de que en las últimas décadas la provincia de Huelva se haya convertido en la primera región exportadora de fresa del mundo.
El sistema alimentario industrial se sostiene gracias a una alianza indispensable que enlaza el racismo, el partriarcado y el capitalismo. Las comercializadoras de alimentos marcan los precios, los productos, las variedades y los modelos de producción, mientras los agricultores han perdido toda su capacidad negociadora. Como pasa también en el sector textil o de la electrónica, la obsesión por poner en el mercado productos cada vez más baratos presiona de manera inevitable hacia la precarización de las condiciones laborales alrededor del mundo. Y, así, el sector primario encuentra en las personas más vulnerabilizadas su carne de cañón. Las personas migradas temporeras difícilmente denunciarán vulneraciones de derechos bajo la amenaza de la pérdida de papeles, los CIE o la deportación.
Además, estarán dispuestas a trabajar largas jornadas para enviar dinero a casa. Ana Pinto, temporera de la fresa en Huelva e integrante del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras), explica que los finqueros contratan en origen, preferentemente, a mujeres rurales, analfabetas y con niños a cargo para aprovecharse de su precariedad. También que los empresarios utilizan como excusa el argumento de contratar migrantes para los trabajos que las personas locales no quieren hacer, cuando, en realidad, les permite pagar salarios mucho más bajos y en condiciones más precarias.
Según un informe de Oxfam Intermón, en España y en Europa, las mujeres migrantes nacidas fuera de la Unión Europea, se encuentran entre las trabajadoras más explotadas y marginadas. De hecho, España cuenta con la tasa más alta de Europa de riesgo de pobreza laboral de las mujeres migradas: una de cada tres trabajadoras está en riesgo de pobreza. El racismo institucional encuentra en la Ley de Extranjería su piedra angular, una ley que limita y restringe los derechos de las personas migrantes, vinculando la garantía de los derechos humanos con el trabajo remunerado.
De Huelva a Lleida, el mismo hilo de explotación
En Lleida, los trabajadores temporeros, en su mayoría hombres, también denunciaron situaciones de explotación laboral a través de la campaña Fruta con justicia social. Según la campaña, la agroindustria leridana produce anualmente más de 350.000 toneladas para la exportación y necesita entre 22.000 y 28.000 jornaleros temporeros anuales. Aunque buena parte de los empleadores cumplen el convenio agrario y ofrecen alojamiento a los trabajadores, también hay un número importante de ellos, y sobre todo empresas de trabajo temporal, que no lo hacen, generando situaciones de explotación laboral: sin alojamientos dignos, acceso al paro o a las ayudas sociales, largas jornadas laborales y salarios injustos. La campaña Fruta con justicia social exige, entre otras demandas, fruta con un sello de calidad que garantice los derechos sociales y laborales de las personas temporeras y migradas.
En el caso del Barcelona, Jonas de Abreu Goes, agricultor del parque agrario, explica que las condiciones mejoraron bastante desde que, a partir de 2015, aumentaron las inspecciones de trabajo, lo que provocó una reducción del trabajo sin contrato. Sin embargo, siguen predominando las largas jornadas laborales y los contratos precarios de un mes y tres meses. La mayoría de trabajadores temporales en el Baix Llobregat son inmigrantes de Mali, país que enfrenta una situación humanitaria crítica derivada del neocolianismo, del conflicto armado y de las consecuencias del cambio climático, alarmantes en el Sahel, en forma de sequías crónicas e inundaciones que han generado graves impactos en la subsistencia de la población en las zonas rurales.
Las personas consumidoras, las organizaciones civiles y los movimientos sociales tenemos mucho que decir. Como consumidoras, debemos tener en cuenta el coste real de los alimentos que compramos (incluyendo el coste social, cultural y ambiental). Pero también, desde la movilización social y la incidencia política, hay que hacer presión para la derogación de la ley de extranjería y reivindicar a la administración pública que deje de apoyar a una agroindustria que ataca sistemáticamente la vida. En cambio, es necesario que tanto las instituciones públicas como las consumidoras apostemos por el pequeño campesinado que, desde proyectos agroecológicos, democráticos y arraigados en el territorio, da la vuelta a las lógicas de acumulación del mercado capitalista y sitúa el cuidado de las personas y del territorio en el centro del sistema alimentario. En definitva, hace falta afirmar la apuesta por una sobiranía alimentaria que sea intrínsecamente feminista y antiracista.
El jueves 16 de mayo, SETEM Catalunya organiza la mesa redonda ¿Quién produce lo que comemos? para analizar el sistema alimentario capitalista desde una mirada antirracista y feminista, a través de las voces de jornaleras de Huelva y el Baix Llobregat y de la Plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Todo ello, en el marco de la campaña Obrim la llauna, que tiene por objetivo destapar las injusticias y las insostenibilidades del sistema alimentario capitalista, así comi acercar a las personas consumidoras la soberanía alimentaria.
