Son muchos los motivos para cuestionar el funcionamiento actual de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias nacieron con un déficit de representatividad democrática. Hoy, la Unión funciona como un “club de estados” que aplica una política económica con sesgo neoliberal y vulnera los derechos fundamentales, como se ha hecho evidente con la crisis humanitaria de las personas migrantes y refugiadas de los últimos años.
En el ámbito de las políticas de género, la crisis económica iniciada en 2008 ha debilitado la estrategia ya de por sí frágil de la transversalización de género. El baremo de la equidad es todavía la presencia de las mujeres en la economía productiva, obviando la relevancia de los cuidados, y el marco de análisis de las violencias machistas sigue siendo muy restrictivo: el término “violencia doméstica”, que aquí hace tanto que hemos desterrado de nuestro discurso, se emplea con naturalidad en Europa como sinónimo de violencia en el ámbito de la pareja.
En este contexto, se observan dos tendencias contrapuestas: un repliegue tradicionalista y un horizonte de posibilidades. Por un lado, en la batalla contra los derechos fundamentales, la extrema derecha recorre Europa criminalizando el término “género” e identificando las políticas de equidad con la discriminación.
Pero también se abren grietas, como la cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de Europa en la promoción de la ratificación del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul sitúa el consentimiento en el centro de la definición de las violencias sexuales y abre posibilidades para entender las violencias de género de forma más amplia y más allá del binomio hombre-mujer. En este horizonte de futuro, las políticas de género desarrolladas en España y Catalunya, fruto de la institucionalización del feminismo, son pioneras y referentes tanto para su análisis estructural de las desigualdades de género como por el desarrollo de servicios públicos, a pesar de las limitaciones de recursos y metodológicas.
¿Qué podemos hacer en Europa, desde las entidades feministas? El rol de la sociedad civil organizada es más débil en la Unión Europea que a Naciones Unidas, con lobbies de estructura rígida que hace extremadamente difícil llevar la pluralidad de los feminismos en las instituciones comunitarias. Pero la financiación europea de proyectos de investigación e intervención nos ha permitido, especialmente a las entidades feministas del sur de Europa, tener los tiempos y los espacios de intercambio necesarios para innovar en las metodologías y contribuir a la creación de nuevos discursos para la incidencia.
Así lo hemos hecho desde la Fundación Surt desde hace 25 años y ahora con proyectos como Look Wide , ampliando la mirada sobre las violencias machistas para analizar los elementos de género en las violencias vividas por el colectivo LGTBI y diseñar unos servicios de atención a las violencias más inclusivos y que tengan en cuenta todo el bagaje metodológico de los circuitos de atención a las mujeres.
Para nosotros, y más allá de la incidencia política, los proyectos europeos son también un espacio de encuentro. Si el feminismo ha sido siempre un internacionalismo, estos son espacios para encontrarnos con entidades feministas, tejer redes e introducir no sólo pequeños cambios en el marco de los propios proyectos, sino proyectar estrategias a largo plazo dentro y fuera de las instituciones.
