La inminencia de las elecciones municipales se ha traducido en la celebración de varios actos y debates, algunos de ellos organizados a iniciativa del tercer sector social. Ahora bien, a diferencia de otros momentos, en esta ocasión el formato escogido ha priorizado la gestión del tiempo y la concreción de propuestas. Así, se ha dado un tiempo reducido a que los candidatos y candidatas pudieran exponer sus ideas y actuaciones en torno a uno o más temas que se consideran esenciales para transformar nuestro modelo y avanzar hacia una sociedad más inclusiva: vivienda, garantía de ingresos, pobreza y desigualdad, acogida de personas de origen migrante y empleo han sido algunos de los protagonistas de dichos espacios.
El cambio de formato no es casual y responde a una sensación de que a menudo nos movemos en un universo demasiado discursivo, muy conceptual y poco operativo. Aparentemente, cuando hablamos de políticas sociales estamos rápidamente de acuerdo. La mayoría de los partidos están a favor del empadronamiento (a pesar de que muchos municipios no cumplen la ley) o coinciden en que hay que actuar para garantizar el acceso a la vivienda (si bien no todos votaron a favor de la reserva del 30% para pisos de protección en las nuevas promociones). Por tanto, debemos fijarnos sobre todo en sus actuaciones para valorar el grado de compromiso en algunos terrenos.
Dicho esto, el debate y el maquillaje conceptual también ofrecen pistas. Podemos advertir ciertas torsiones cuando preguntamos por las políticas de garantía de ingresos y se nos habla de empleo, por ejemplo. O cuando al hablar de prestaciones se mencionan enseguida el fraude y la economía sumergida. Matices que no son tales. Que responden a modelos diferentes y a miradas divergentes. Por lo tanto, es evidente que los planteamientos de los partidos no son iguales. El modelo de sociedad al que apuntan, si se desarrollaran con claridad, presentaría diferencias muy relevantes, y de ahí que esos espacios de debate deban ser cada vez más concretos, con preguntas directas y poco margen para la retórica.
Pero no solo eso. Sabemos que la definición de políticas sociales no es solamente gestión, sino que debe incardinarse en un marco conceptual más amplio. Hablar solo de gestión puede generar cierta sensación de asepsia, de tomar decisiones políticas sin fundamentarlas en una “ideología”. Y sabemos que no es así, a pesar de la necesidad de presentar las propuestas con mayor concreción en lo tocante a su implementación. Desde las entidades intentamos propiciarlo formulando nuestros planteamientos y compartiéndolos con las fuerzas políticas para que se pronuncien claramente al respecto.
Definición de prioridades, de objetivos, de calendario, de asignación de recursos. Finalmente, eso es lo que nos da la medida de los diversos posicionamientos. Y junto con esa hoja de ruta, la evaluación del cumplimiento de objetivos y de impacto debe estar prevista para poder cuantificar y cualificar la consecución de cambios en espacios de gobernanza compartidos y con capacidad decisoria real. Mejorar la calidad democrática de nuestras sociedades también es eso.
