La plataforma International Trial Watch, formada por diversas entidades de defensa de los Derechos Civiles para fiscalizar el juicio del 1-O, ha hecho la presentación de los resultados de su labor de observación. 40 personas observadoras, 10 académicas y 10 miembros de organizaciones, tanto a nivel catalán, como de España y de todo el mundo presenciaron las sesiones en el Tribunal Supremo e hicieron un seguimiento semanal, a raíz del cual han establecido una visión “objetiva y seria”, según destacó Luca Gervasoni.
Las acusaciones no han podido determinar ni cuándo ni dónde se han dado las muestras de violencia y “como mucho, se han podido demostrar caras de odio e insultos a los agentes”, apuntó Barceló. Así, las concentraciones ciudadanas “no pueden transformar el orden constitucional. Si lo hubieran hecho, el estado hubiera decretado el estado de sitio, lo que no ocurrió”. Así, han decretado que una condena rompería el principio de legalidad penal de la Constitución española.
Así, cuando las conductas encausadas son ajenas al Código Penal, “se produce una señal inequívoca de que no se persiguen conductas criminales sino ideas políticas”, sentenció Barceló. En este sentido, Rivera ha destacado que la “imparcialidad del tribunal se ha visto afectada”, en relación a la pertenencia de dos magistrados a la Junta Electoral Central o a las “constantes interrupciones de Marchena a las defensas”. El diferente trato a las defensas y las acusaciones, la falta de tiempo dedicado a las pruebas documentales o las “sesiones extenuantes” se destacan como vulneraciones de los derechos de las defensas.
Derechos vulnerados
Una de las vulneraciones que más se han destacado ha sido la del derecho a la libertad. La ONU declaró que hasta siete de los presos políticos sufrían cárceles preventivas arbitrarias, en contra de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Con todo ello, Rivera ha destacado que las “descalificaciones y desprecio al sistema de la ONU, así como la desobediencia, constituyen un antecedente muy peligroso”.
Examen de España ante la ONU
Ante estas conclusiones, varios miembros de plataformas de defensa de los derechos civiles del Estado español han reiterado la peligrosidad de este proceso judicial, que asienta unos “precedentes para todos los movimientos nacionales que quieran ejercer sus derechos fundamentales y el libre derecho a decidir “, apuntó Belaustegui. “El estado necesita de la violencia para deslegitimar el enemigo a la unidad de España”, sentenció el vasco, en referencia a un proceso como el catalán en el que, asegura, no ha habido violencia, pero “se ha creado artificiosamente “.
Ante este “grave retroceso” político y democrático, tal como ha definido el proceso judicial Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la plataforma ITW ha decidido presentar el llamado Informe Sombra ante el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Se trata de una aportación de la sociedad civil, para que las Naciones Unidas lo tenga en cuenta de cara al examen periódico universal al que se someterá España el próximo enero de 2020.
La libertad de expresión, según ha destacado ITW, ya era un problema preocupante de España desde el último examen de hace cuatro años. La violencia policial el 1 de Octubre, la respuesta estatal a la problemática política, la falta de libertad de expresión y las cuestiones procesales del juicio serán las bases del informe Sombra.
