Uno puede pensar que cuando se habla de servicios a las personas se podría estar haciendo referencia a que se habilitarán mecanismos para mejorar las condiciones en que se encuentra la sanidad -que normalmente es utilizada por personas-; la gestión de la educación -también estamos hablando de personas- o, incluso, la implementación de un plan de vivienda de emergencia social porque las personas necesitan un lugar digno donde vivir y ahora hay muchas que no pueden acceder a ella.
Pues no, la Ley Aragonés no prevé nada de esto. La verdad es que leyendo y analizando el contenido del proyecto de ley -lectura imprescindible el artículo de la directora de FaPaC, Lidón Gasull- parece que el título debería ser “Ley de contratos de servicios a los usuarios de todo lo que antes era, en gran parte, público”. En este caso hablamos, por ejemplo, de los comedores escolares, que hasta ahora son gestionados por personas por abandono de la Administración Pública. Imagino que el título quedaba demasiado largo y no tenía suficiente fuerza, por tanto, recortaron y el proyecto de ley quedó con el nombre de Ley de Contratos de Servicios a las Personas.
De paso, por si en un futuro fuera necesario hacer más externalizaciones en base a no se sabe qué imponderables, la ley también recoge algunos servicios que a día de hoy todavía presta la administración directamente.
Las que nos movemos en el mundo del activismo de la educación (SOS Educación Pública, Red de Escuelas insumisa a la LOMCE, etc.), las hemos visto de todos colores desde que alguien decidió que servicios públicos como educación, sanidad o servicios sociales eran los grandes culpables de lo que hicimos llamar crisis -porque estafa queda feo y descortés. La tubería que recibieron en plena línea de flotación estos sectores todavía no está ni mucho menos solucionada y ahora nos encontramos con que alguien ha visto un gran nicho de negocio, ha hecho una carta a los reyes y sus sueños y deseos se han materializado en forma de la Ley Aragonés.
Todo esto me llevó a otra reflexión: ¿a qué tipo de personas se refiere esta norma? Porque yo no veo que esta ley me trate como una persona. Como un usuario o cliente, sí; pero ¿como una persona? En efecto, la consideración de que las y los que supuestamente nos representan a nosotros es la de clientes. A modo de ejemplo, en la FaPaC tenemos la experiencia de la comparecencia de la presidenta de la federación, Belén Tascón, en el Parlament para hablar de este proyecto de ley. Sólo asistieron tres grupos parlamentarios.
