Decenas de activistas del sector público, sanitarios, educadores, bomberos, trabajadores de la administración y estudiantes se han concentrado en la Plaça de Sant Jaume para dar el pistoletazo de salida de una campaña que quiere detener la denominada ‘Ley Aragonés’ que, según denuncian, pretende privatizar buena parte de los actuales servicios públicos en Catalunya. “La plataforma quiere denunciar públicamente que la información que difunde el Gobierno es sesgada, incompleta e interesada”, dijo Bárbara Roch, de la Oficina de Vivienda de Gracia, en la presentación del acto.

Belén Tascón, de la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya (FAPAC), asegura que “servicios como la guardería, la educación especial o las tutorías, podrán ser gestionados por empresas privadas”. En este sentido afirmó que la medida supondría la externalización más grande que se ha llevado a cabo en los últimos años en Catalunya y contradice las recomendaciones de las Naciones Unidas, que alertan de que las alianzas público-privadas en la esfera de la educación pueden actuar en contra de la universalidad del derecho a la formación.

Por su parte, el representante de Marea Blanca, Antoni Barbarà, ha recordado que los servicios sanitarios han sido durante castigados los últimos años “por la ola privatizadora iniciada por los gobiernos anteriores y que el grupo republicano parece querer mantener”. Por tanto, el activista concluyó que una ley como la propuesta, “sólo servirá para precarizar aún más la calidad de un sistema sanitario debilitado, que condena las usuarias a interminables listas de espera y trabajadoras a la falta de instalaciones hospitalarias dignas”. Barbarà afirmó que la ley propuesta sería la fase final de las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos, lo que supone un retroceso en materia de derechos sociales que costarían mucho recuperar.

“Empleo, planificación familiar, asistencia social a las personas mayores, y muchos otros que son imprescindibles para muchos colectivos vulnerables, pasarían a ser gestionados bajo ley de mercado”, dijo Montse Miró. Precisamente, recordó que en el sector social ya hay experiencias en externalizaciones. En concreto ha recordado que el grupo empresarial ACS, propiedad de Florentino Pérez, que es ya uno de los mayores prestadores de servicios sociales a través de adjudicaciones públicas.

Sobre este grupo, Miró ha dicho que aunque vende una elaborada imagen de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ha sido denunciado por organizaciones ecologistas y por colectivos de trabajadores y trabajadoras por no garantizar derechos laborales ni respetar acuerdos medioambientales.

La plataforma ha llamado la atención por el hecho de que los colectivos afectados por la normativa son especialmente feminizados, lo que, de sacarse adelante la ley, haría que las mujeres tengan que asumir los trabajos de cuidados que no sea asumidos por los servicios públicos.

Los diferentes grupos unidos en la plataforma, en consecuencia reclaman que se detenga la ley y se reanude a partir de un proceso que blinde la gestión pública de los servicios básicos, “para evitar que las empresas privadas entren a mercantilizar la educación, la sanidad y los servicios sociales”. En segundo lugar se reclama que se regulen las figuras no contractuales, como los convenios o conciertos.
La Plataforma convoca una concentración el 25 de septiembre ante el Parlament de Catalunya, y el 19 de octubre se realizará una manifestación en Barcelona. Aparte de estas convocatorias, habrá, dicen, acciones sorpresa.
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