Hace varios días que los estudiantes han empezado a decirme que esta semana será caótica. Que se ha lanzado una gran movilización universitaria para “vaciar las aulas” como respuesta unitaria a la esperada “sentencia del Procés” que condenará a los 12 acusados por delitos de sedición, malversación y desobediencia, según han adelantado algunos medios de comunicación.
Me importa más la universidad que la sentencia. Por eso mi llamado, como única respuesta a un periodo de incerteza política, es estudiantes: “llenen las aulas”.
Porque los universitarios tenemos una labor de más altura. Por una parte, la construcción del consenso perdido y casi bombardeado desde dos extremos en Catalunya. Por otra parte, la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía que, como la educación, la salud o la dignidad, se han visto reducidos en los últimos 10 años. Justamente los años en los que ha explotado la deriva independentista en Catalunya. Son problemas, los anteriores, que se han hecho muy graves a finales de la segunda década del siglo XXI. La verdad es que, en un balance razonado y sin pasiones, es difícil hallar resultados positivos, tanto en derechos como en unidad social, de la última década en Catalunya. Mas bien todo lo contrario.
Para muchos la democracia es una cuestión de votar o de hacer un referéndum. Pero las pasiones e informaciones (falsas, la mayoría) que determinan una elección o una refrendación nunca son argumentativas o racionales. Son importantes, pero no significan todo en la democracia. La democracia de larga duración se sustenta en sistemas de deliberación pública para conseguir consensos entre diferentes opiniones y alternativas. Así ha vivido Catalunya. Hasta el PP se puso de acuerdo con CiU, hace menos de una década, para aprobar los presupuestos. El parlamento, que entonces funcionaba —porque ahora ha aprobado dos leyes en más de dos años y no tiene presupuestos a pesar de que el sector independentista tiene mayoría en la cámara— era un lugar de construcción de consensos ligados a las normas propias de la casa. Puede que a muchos no nos gustara que Mas pactara con Sánchez-Camacho, pero el consenso entre fuerzas políticas fue posible.
Por eso, la universidad debe llenarse. La propia diversidad de las aulas, que reflejan todas las posiciones presentes en Catalunya (y no una, única y verdadera) debe orientar la reflexión y la proposición de consensos políticos. Porque si bien uno y otro bando hablan en nombre de “Catalunya”, la verdad es que esos bandos no representan, ninguno de ellos, ni siquiera a la mitad de los catalanes.
Plàcid García-Planas, periodista de La Vanguardia y cronista de decenas de guerras en el mundo, decía que en todo conflicto lo primero que se sacrifica no es la verdad, sino los matices. Es la universidad, con las aulas llenas, la única opción que tenemos para descubrir, reconocer y comunicar los matices propicios que definen el consenso. Porque sin consensos políticos y sociales, sin espacios de diálogo profundo y deliberativo —y el Parlament es, hoy, un ejemplo del antidiálogo— la democracia de las pasiones electorales solo conduce al incremento de la fractura de la sociedad.
A la universidad le corresponde, de igual forma, la defensa de los derechos sociales. La educación, en primer lugar. Hace solo unos días todos los rectores de las universidades públicas catalanas, advirtieron al Govern de la urgencia de que se devuelva la inversión sobre la universidad pública, paralizada también por la inacción de las instituciones políticas catalanas. Las universidades públicas se encuentran al límite de sus posibilidades, al tiempo que han perdido miles de profesores sin posibilidades de renovación. Los recursos para inversiones en mejora de infraestructuras también han sido casi inexistentes.
Ninguno de los gobiernos marcados por una mayoría independentista en los últimos ocho años ha puesto el dedo en los recortes que el President Mas, en su acuerdo con el PP, impuso a las universidades y que determinó, entre otras cosas, que los estudiantes catalanes paguen las matrículas más altas de toda España o que las plazas de profesores estuvieran congeladas durante casi 10 años.
Para defender la función de la universidad y sus presupuestos, lo que mejoraría la cotidianidad de la vida de los estudiantes y de sus familias, no he visto, sin embargo, movilizaciones estudiantiles como la que se anuncia en los próximos días.
Los dos problemas anteriores son urgentes. Prioritarios. Hablan del futuro educativo inmediato y de la convivencia social y política cotidiana en Catalunya. Son problemas de Catalunya. Propios. De nadie más.
El papel de la universidad es construir el consenso argumentativo en las aulas, diversas. Con aulas vacías porque los estudiantes atienden y apoyan la paralización emotiva de la actividad política y universitaria, que les afecta y les ha afectado directamente tanto a su bolsillo como a la propia calidad de sus estudios, la posibilidad de construcción discursiva del consenso queda anulada.
Estudiantes: ¡Llenad las aulas!
