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    Tras la exhumación de Franco: la memoria pendiente

    Andreu Caralt5 Mins Read
    Fotograma del documental 'El silencio de otros'

    Tras la exhumación de Franco es un buen momento para recordar aquellas palabras que pronunció el filósofo José Vidal Beneyto en 1981: “todos sabemos que la democracia que nos gobierna ha sido edificada sobre la losa que sepulta nuestra memoria colectiva”. La Transición se basó en la ansiada reconciliación, pretendida por sectores de los dos bandos enfrentados, mediante un pacto ‘de olvido’. El hecho de que la democracia haya tardado 44 años en haber conseguido sacar al dictador del Valle de los Caídos no se explica sin este contexto histórico.

    La Transición implicó un modelo anómalo, inadecuado para convertirse en un referente, impropio de un Estado que se equipara a las democracias plenas, que aplica sólo de manera fragmentada e insuficiente el derecho internacional referido a la justicia transicional, según la cual se ‘garantizará el derecho que tienen las víctimas de los conflictos armados y los regímenes autoritarios a la verdad, a la justicia y a la reparación’. Así, el modelo español obvió iniciar un proceso de justicia penal y uno de justicia histórica, dos de los cuatro mecanismos imprescindibles para resolver los abusos cometidos en el pasado, juzgar a los responsables y lograr la reconciliación entre los antiguos adversarios.

    La clave de la anomalía se debe buscar en la aprobación consensuada de la Ley 46/1977 de Amnistía por parte de las Cortes españolas, el posterior uso parcial de su redactado, y la convención política -asumida por muy buena parte del arco parlamentario- de que la ley equivalía a una ley de punto final, que imponía el silencio, el olvido y la impunidad. Una parte importante de la sociedad española, aleccionada por las cuatro décadas de sistemática represión ejercida por la dictadura de los ganadores de la Guerra Civil, asumió con normalidad la filosofía de la ley, sin entrar en su literalidad.

    El modelo español ofreció actuaciones limitadas de reparación a las víctimas y depuración administrativa. En el primer caso, porque la transición política no estableció ningún mecanismo para investigar y exhumar los restos de las decenas de miles de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Una necesidad sin la cual la reparación plena de la propia víctima y sus familiares no es posible.

    Los historiadores trabajan con una cifra de unos 115.000 desaparecidos; hasta ahora se han exhumado los restos de menos de un 10 por ciento del total. En Catalunya hay información de 517 fosas comunes con cerca de 12.000 individuos susceptibles de exhumación, de las que la Generalitat, responsable de esta tarea en Catalunya, ha exhumado 48 hoy en día. De los 496 cadáveres exhumados, escasamente 14 se han podido identificar mediante perfil genético.

    Tampoco se hizo nada para proceder a la anulación de las causas abiertas contra personas del bando republicano acusadas y sentenciadas por juicios militares sin garantías procesales. En este ámbito, las medidas se limitaron a actuaciones de reparación económica, para las víctimas de guerra del bando republicano y los encarcelados durante el franquismo. Por último, en el ámbito de la justicia administrativa, la democracia española logró con consenso reformar, que no depurar, la justicia militar y las fuerzas armadas para consolidar la misma democracia e inmunizarse ante nuevas rupturas golpistas.
    Este estado de cosas se perpetuó hasta la aprobación en 2007 de la ley 52/2007 de Memoria Histórica, que avanzó tímidamente en los mecanismos de justicia transicional sin enmendar de manera significativa ni derogar, por tanto, la ley de amnistía. Los poderes del estado, especialmente el judicial, han podido utilizar la ley de amnistía como coartada para evitar procesos de justicia penal, a pesar de las vías existentes para hacerlo, explicitadas, por ejemplo, en el informe 2014 del relator de la ONU.
    Ahora bien, no existe justificación política, judicial o moral para no haber afrontado de forma reglada y sistemática un proceso de justicia histórica, para conocer la verdad sobre los abusos y crímenes cometidos durante la contienda. El método más desarrollado, avalado y promovido por las Naciones Unidas, es el de las Comisiones de la Verdad, inexistente en España pero que en otros países han permitido identificar a los autores de abusos susceptibles de ser juzgados -como ha sucedido en los casos de Chile y Argentina- y sugerir reparaciones hacia las víctimas.

    El olvido, la autocensura, una reconciliación artificial ha dominado el discurso político y social desde la Transición y hasta finales del siglo XX. El impulso de la generación de los nietos movilizados en asociaciones de recuperación de la mal llamada memoria histórica -son entidades para la recuperación de la memoria olvidada de los vencidos durante la Guerra Civil-, contribuyó a un cambio de guión político con la aprobación de la ley 52/2007, hoy vigente y pendiente de una nueva reforma.

    Debe ser clave el impulso de una comisión de la verdad para oficializar las causas, desarrollo, abusos, crímenes y consecuencias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, aceptando las múltiples contradicciones y excepciones derivadas del análisis de este periodo. Con la verdad, deberían abrir, de forma natural, procesos de justicia penal derogando la ley de amnistía. De manera paralela, aplicar, de forma urgente y sistemática, un plan de apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. España es el segundo estado del mundo -el primero es Camboya- con más desaparecidos derivados de un conflicto violento, en este caso una guerra civil y la posterior represión.

    Más allá de estas acciones inmediatas, la verdad se ha de trasladar al campo de la educación para formar las nuevas generaciones y convertir este pasado histórico en un instrumento útil de paz y garantía de no repetición.

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