El 1 de noviembre comienza la campaña electoral más corta de la historia de unas Elecciones Generales en España, durará 8 días en vez de los 15 habituales. Los candidatos podrán empezar a pedir el voto a partir de la festividad de Todos los Santos. Pero lo que se preguntan muchos ciudadanos es si esta repetición del derecho a voto, sólo 6 meses y medio después de la anterior convocatoria, permitirá la formación de un gobierno estable que tome decisiones para sacar adelante mejoras sociales, y resolver los grandes problemas como la corrupción, el paro, la financiación de las pensiones, el acceso a la vivienda, la mejora de la educación y la sanidad, entre otros.
Por si este estado de cosas no fuera bastante complejo, la situación política en Catalunya, agravada con la dura sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés y las movilizaciones en contra, serán clave en la campaña de estas elecciones. Las elecciones se celebrarán pues, en un contexto sociopolítico de novedades profundas. Será la cuarta votación en 4 años. El último ciclo electoral entero fue la legislatura del 2011 al 2015, pero después de las elecciones de diciembre de 2015, comenzó la crisis de gobernabilidad. El PP pasó de gobernar con mayoría absoluta a gobernar en funciones con una mayoría insuficiente de 123 diputados de los 350 de la cámara.
En este contexto, el líder socialista se rehizo y el PSOE a través de una moción de censura con el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara (incluidos los nacionalistas catalanes y vascos) consiguió un gobierno en solitario en junio de 2018. El gobierno de Sánchez, fue pues el primer fruto de una moción de censura de las 4 presentadas. Gobierno atípico, no surgido de las urnas, que además ha tenido que aplicar los presupuestos del PP.
El 10N aún tiene más novedades, en provincias importantes -algunas de las más pobladas-, y por tanto, con mayor número de escaños en juego, como Madrid, Barcelona y otras, donde se presenta por primera vez una nueva formación en el ámbito de la izquierda, Más País de Iñigo Errejón, que podría obtener representación y atomizar más el voto de izquierdas.
También en Cataluña hay novedades, por primera vez la CUP, se presenta a unas elecciones generales. Este hecho puede diversificar también la representación de los partidos independentistas catalanes en Las Cortes españolas si la CUP obtiene representación como prevén las encuestas.
Aunque, en España todavía no haya habido hasta ahora un gobierno de coalición, tanto los gobiernos de la UCD, como del PSOE y del PP cuando no tuvieron mayoría absoluta, contaron siempre con el apoyo externo de nacionalistas vascos y catalanes a través de diversos pactos y acuerdos. No se entendería ahora que el nuevo gobierno español quisiera gobernar sin tener en cuenta los partidos mayoritarios de Catalunya y Euskadi, dos de las comunidades históricas que han sido clave en la gobernabilidad del país.
El problema es ahora que los partidos nacionalistas catalanes han optado por la autodeterminación y el independentismo, en un estado de las Autonomías que no avanza en el reconocimiento de la plurinacionalidad y donde la vía federal o confederal ha pasado al olvido. Y donde tanto el PSOE como el PP pretenden ahora gobernar sin contar con los partidos catalanes mayoritarios.
Los partidos políticos han arrinconado el diálogo y sin diálogo no puede haber síntesis ni acuerdo. Los intereses partidistas, legítimos, pero perjudiciales para la mayoría de la población nos han llevado a la situación actual, que quizás las urnas no resolverán.
Entonces, si no quieren terminar en la ingobernabilidad, los diputados que elijan los más de 37 millones de ciudadanos con derecho a voto (entre ellos votarán por primera vez 226.771 jóvenes) deberán buscar el acuerdo para formar un gobierno coherente en función de los resultados electorales.
La coherencia que piden y exigen los ciudadanos en función de los resultados, si las encuestas no se equivocan estrepitosamente, es la de un gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo necesario de los partidos mayoritarios en Catalunya y Euskadi. Barcelona es la segunda provincia después de Madrid donde corresponde un mayor número de diputados y diputadas. Sería un mal precedente que se buscaran acuerdos o soportes ilógicos para gobernar, sin contar con los representantes de una parte importante de la población.
Los problemas urgentes de la sociedad reclaman a la clase política una inteligencia que después de las elecciones de abril no fueron capaces de demostrar para superar un bloqueo al que nunca debería haber llegado. No vale prometer una cosa en campaña y hacer luego la contraria, sino la desconfianza y la desafección hacia la política continuará creciendo.
