La reciente crisis en Bolivia que ha puesto fin a catorce años de políticas de izquierda con Evo Morales supone un nuevo capítulo en el vaivén de la historia reciente de América Latina, donde las alternancias en el poder, todavía a menudo estrepitosas, siguen careciendo de la normalidad democrática exigible y, a veces, incluso, de legitimidad. En el caso de Bolivia se ha vuelto a repetir el mismo esquema de un Gobierno dispuesto a cambiar las normas para perpetuarse en el poder y una oposición capaz de tomar cualquier atajo para derribar al régimen elegido democráticamente. Estas son las claves de lo que ha sucedido y aun puede acontecer en el país más pobre de Latinoamérica que ha vivido una década de prosperidad y progreso social sin precedentes.
¿Hubo golpe de estado?
Técnicamente, sí. Cuando el responsable de un ejército recomienda a un jefe de Estado, como ha sucedido en Bolivia, que se aparte del poder, está contraviniendo el rol que las constituciones reservan a los ejércitos en las democracias. La diferencia, en Bolivia, es que los militares no han intervenido activamente ni han demostrado ganas de conquistar el poder. De hecho, no han tomado parte en la elección de la nueva presidenta, Jeanine Áñez. Lo que sí dejaron claro es que no iban a reprimir las protestas callejeras que se organizaron por toda Bolivia después del recuento electoral. La misma postura había adoptado la policía. Los dos cuerpos de seguridad abocaron a Evo Morales a la dimisión y por eso él y sus partidarios denuncian que ha habido un golpe de estado. Para dirimir quién tiene razón en este punto habría que averiguar si previamente hubo fraude electoral, pues entonces el Gobierno boliviano habría cometido un abuso fuera de las reglas democráticas.
¿Hubo fraude electoral?
El Tribunal Superior Electoral (TSE) dio validez a la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia en primera vuelta tras publicar los resultados oficiales de la convocatoria del 20 de octubre. Para evitar la segunda vuelta hacía falta obtener la mayoría absoluta o la mayoría simple con más de un 40% de los votos y una ventaja superior a los diez puntos respecto al segundo. Y así fue: 47,08% para Evo Morales y 36,51% para el periodista e historiador Carlos Mesa, líder de una coalición llamada Comunidad Ciudadana.
Pero las dudas arreciaron antes de completarse el escrutinio, el 25 de octubre. El mismo día de las presidenciales se detuvo el recuento rápido cuando se habían contabilizado el 83% de las actas y la ventaja de Morales era de apenas siete puntos sobre Mesa. Veintitrés horas después se volvió a reanudar el escrutinio y el primer dato que se dio fue de una ventaja superior a los 10 puntos, con el 95% de las actas. Las sospechas de fraude inflamaron las protestas callejeras.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que actuó como observadora electoral, realizó una auditoría en la que aseguraba que había habido “irregularidades graves” y concluía que era “estadísticamente improbable” que Evo Morales hubiera ganado en primera vuelta. Aunque en todo momento evitó utilizar la palabra fraude, dio entender que el resultado fue manipulado y, una vez ya refugiado en México Evo Morales, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, declaró que si hubo algún golpe de Estado, ese fue protagonizado por Evo Morales al alterar el resultado.
En esta crisis la credibilidad de la OEA resulta trascendente. Para los principales líderes de la izquierda americana la reputación de la OEA, el foro de diálogo y toma decisiones intergubernamental de Latinoamérica, quedó muy dañada tras su intervención en la crisis electoral de Venezuela, donde se alineó contra el presidente Nicolás Maduro. Según este sector, Almagro actúa como representante de las políticas de Estados Unidos en América Latina y pretende favorecer la caída de los gobiernos de izquierdas, cosa que habría conseguido en Bolivia.
En el caso de Evo Morales hay dos factores importantes más. Uno, que las sospechas de fraude fueron suficientes para que la población de Bolivia creyera que hubo manipulación. Y, dos, y ese fue tal vez el error más grave que cometió Evo Morales, que la OEA fue elegida por su Gobierno para realizar una auditoría. Sí, cierto. Después de que el TSE hubiera proclamado la elección del líder del MAS en primera vuelta, y ante los altercados en las principales ciudades de Bolivia, el Gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo con la OEA para que realizara una auditoría que debería ser vinculante. Incluso la oposición protestó porque fue excluida de la negociación y firma de ese acuerdo. Por qué el presidente boliviano rubricó ese acuerdo es un misterio.
En cualquier caso, una lectura más al detalle de la auditoria permite comprobar que las “irregularidades graves” se limitan a un pequeño porcentaje de actas manipuladas y a la fiabilidad de la transmisión de los resultados de las actas. En resumen, si hubo pucherazo, su alcance fue menor. Evo Morales ganó las elecciones sin necesidad de manipular el recuento, pero se duda de que su victoria fuera suficiente para evitar la segunda vuelta.
¿Por qué se fue Evo Morales?
Tras la publicación de la auditoría de la OEA, el primer presidente indígena de Bolivia anunció la repetición de las elecciones pero dio a entender de que volvería a ser candidato y que se encargaría de supervisar la renovación de la autoridad electoral. Esa postura avivó las protestas otra vez y provocó la declaración del comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman. Horas después, Evo Morales presentaría su renuncia y acabaría marchando en avión a México.
Pese a los grandes éxitos sociales y económicos de Evo Morales, su imagen se había deteriorado desde el 21 de febrero de 2016, cuando sufrió su primera derrota electoral. No fue un descalabro cualquiera. Había convocado un referéndum para poder modificar la constitución, que limita a dos los mandatos presidenciales, y poder presentarse en las elecciones de este 2019 de manera legal. Pero perdió. El 51% de los bolivianos le dijo que no estaba de acuerdo.
Evo Morales, en realidad ya había agotado no dos, sino tres, mandatos presidenciales. El primero, del 2006 al 2009, lo justificó como constituyente, pues tras su primera elección como presidente priorizó la refundación del país y logró la aprobación de la nueva carta magna, la del Estado Plurinacional. Según Morales, los periodos presidenciales empezaban a contar a partir de esa constitución.
Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), ganó dos reelecciones. En 2009 con el 64% y en 2014, con el 61%. Pero su conexión con los electores se torció en 2016, cuando perdió el referéndum. Para poder volver a presentarse, el dirigente cocalero presentó un recurso al Tribunal Constitucional, que en 2017, autorizó su candidatura con el argumento de que limitar el número de mandatos presidenciales suponía atentar contra los derechos políticos de las personas, tal como se recoge en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ese fallo, polémico y que provocó ya las primeras protestas callejeras serias desde que Morales llegó al poder, fue la argucia legal para acomodar las ambiciones del presidente de Bolivia a la constitución del país.
¿Hacia dónde va Bolivia?
Lo que puede pasar ahora en Bolivia es impredecible y, como valoró Evo Morales desde su exilio en México, el riesgo de guerra civil no es descartable. Pero tampoco es lo más probable. Bolivia es, sin duda, un país muy dividido. Se puede afirmar que más de un 40% de votantes sigue apoyando a Morales y el movimiento que representa el MAS. Pero también es cierto que se han conseguido avances importantes, como mejorar la renta per cápita, la reducción de la pobreza en un 30%, el acceso al crédito bancario de la nueva clase media –con la inclusión, por primera vez de un amplio sector indígena- o las mejoras en la asistencia sanitaria y la educación. Todo eso se podría perder en caso que se podrían dañar de un conflicto grave. El reto para el masismo consiste en encontrar un candidato alternativo a Evo Morales y en negociar la vuelta del dirigente y de su Gobierno sin que haya una campaña de venganza. La Iglesia y la ONU están fomentando el diálogo necesario para que Bolivia no entre en una espiral de violencia. Pero Morales también tiene un papel decisivo y debe llamar al cese de los enfrentamientos.
¿Es legítimo el nuevo Gobierno?
Dependerá de su acción y de la capacidad de generar consenso y encontrar una solución negociada a la crisis. De momento las primeras medidas de la presidenta Jeanine Áñez están siendo erráticas y son poco halagüeñas, e incluso están abonando las críticas de que su ascenso fue un golpe de Estado.
Para empezar, el Gobierno transitorio debía asumir un rol de gestoría interna hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Pero de momento no se ha vuelto a convocar al país a las urnas. Ni se ha iniciado un diálogo serio con el masismo ni con los partidos que se presentaron a las presidenciales, en especial Carlos Mesa, fuera del gabinete y que también fue relegado por los comités cívicos durante los disturbios contra Evo Morales. Añez ha optado por relevar al 80% de los embajadores y empezar a impulsar políticas económicas para revertir decisiones del masismo cuando no ha sido elegida democráticamente para marcar el rumbo del país sino como solución temporal para evitar la parálisis institucional.
También es muy dudoso el papel del Gobierno respecto a las protestas callejeras, que continúan, esta vez convocadas por los partidarios de Evo Morales. Ha optado por la vía represora en lugar de desactivarlas convocando una mesa de diálogo. El uso de armas sin límites y sin que genere responsabilidad penal, autorizado por un nuevo decreto, socava su legitimidad democrática.
¿Hacia dónde va América Latina?
No se puede decir que exista una ola conservadora que esté barriendo los regímenes de izquierda en Latinoamérica. Si Jair Bolsonaro supone el triunfo de la ultraderecha en Brasil tras el período progresista de Lula da Silva y Dilma Rousseff, la victoria de Alberto Fernández devuelve a la izquierda al poder en Argentina solo cuatro años después de perderlo. Igualmente, pese a que Maduro sostiene un régimen tambaleante en Venezuela, los movimientos sociales han despertado en Chile y están cuestionando la continuidad del derechista Sebastián Piñera. El péndulo continúa en América Latina pero Bolivia sí que constata que las transiciones políticas en el continente no han conseguido la normalidad que varias décadas de democracia harían presuponer. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, está exiliado en Europa y ahora Evo Morales corre la misma suerte en México. Lula Da Silva justo acaba de salir de prisión y Dilma Rousseff fue destituida sin poder acabar su mandato.
Cristina Fernández tiene pendientes cargos con la justicia impulsados bajo la administración Macri. Solamente Chile ha escapado de relevos traumáticos en el poder hasta ahora. En Sudamérica la oposición siempre está sedienta de poder, más cuando representa a elites y oligarquías tradicionales que, como ha pasado en Bolivia o pasó en Brasil, están apartadas de las tomas de decisión durante más de una década. Y los gobernantes, sobre todo cuando logran éxitos como Evo Morales, intentan aferrarse al sillón presidencial. Y esas dinámicas alimentan luchas donde la venganza, el descrédito y el escarnio cuentan más que el traspaso democrático de poderes.
