El Tribunal de Justicia Europea (TJUE) ha fallado favorablemente en el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras y lo ha hecho con un redactado que no admite segundas interpretaciones: una persona elegida como miembro del Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de la institución en el momento de la proclamación oficial de los resultados. Desde aquel momento, goza de inmunidad. Tras conocer el veredicto del TJUE, el Tribunal Supremo daba un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la defensa de Junqueras y la acusación popular para presentar alegaciones sobre la sentencia. El TS también emitía una nota de prensa diciendo que “estudiará en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del TJUE en contestación a las preguntas planteadas sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras, cuando esta persona se encontraba en prisión provisional”. ¿Qué posibilidades reales hay de que el TS rectifique? Entre cero y ninguna.
La legitimidad de la actuación de España en la “gestión” de la crisis del Procés no se aguanta de puertas hacia afuera. El mundo no tiene especial interés en el conflicto independentista y la Unión Europea no es el pater familias que el independentismo esperaba que los salvara de las garras del Estado español. Pero en contadas ocasiones, la negligencia del Estado es tal que sus acciones resuenan, haciendo inevitable que las miradas señalen las vergüenzas de un Estado incapaz de actuar a la altura de lo que se esperaría de una democracia contemporánea. Y ya es la tercera vez que esto ocurre: la primera fue el 1 de octubre de 2017, una fecha que se quedó grabada por las porras y las pelotas de goma en los brazos, piernas y ojos de muchas y muchas catalanas.
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Catalunya Plural, 2024 
