La segunda parte del juicio del procés ya ha empezado y tiene como protagonista a Josep Lluís Trapero, quién fue el jefe de los Mossos d’Esquadra durante los sucesos de septiembre y octubre de 2017. Está acusado de rebelión por la Fiscalía, que pide para él once años, aunque muy probablemente la acusación sea rebajada a sedición.
Si bien Trapero es la cara visible de este juicio, que se alargará previsiblemente hasta el 19 de marzo, hay tres altos cargos más imputados: Cèsar Puig Casañas, quién fue Secretario de Interior de la Generalitat; Pere Soler Campins, Director de los Mossos; y Teresa Laplana, Intendente de los Mossos y responsable de los operativos los días 20 y 21 de septiembre ante la Conselleria de Economía. Exceptuando a Laplana, que es acusada de sedición y a quién se pide una pena de cuatro años, el resto de los acusados se enfrentan a once años de prisión.
También hace falta mencionar otro nombre: el de Concepción Espejel Jorquera, magistrada que presidirá el tribunal que juzgará el caso. Si es relevante mencionar el nombre de un magistrado o magistrada, normalmente es mala señal. Espejel, que es presidenta de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional – condecorada con la “Órden del Mérito” de la Guardia Civil – fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y fue apartada del juicio de la Gürtel por afinidad ideológica al partido que la nombró. Más tarde, fue la magistrada que impuso penas de hasta trece años los chicos de Alsasua por la pelea de bar con unos guardias civiles. Es ella quien, finalmente, decidirá el destino de los cuatro encausados.
Las declaraciones de Trapero – sólidas, seguras, sin mostrar agujeros argumentales – incomodan a todos: a los partidos independentistas que estaban en el Gobierno, al poder judicial en general (y a los jueces instructores del caso en concreto) y los altos mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Pero por qué?
La poca planificación del Poder Judicial
En este juicio está quedando patente, incluso de manera más evidente que en el juicio a los líderes independentistas, que las órdenes de la Fiscalía, y después de la juez Mercedes Armas, no se podían cumplir completamente. La orden de la Fiscalía referente a los preparativos del 1 de octubre decía a los agentes policiales que precintaran y desalojaran los colegios electorales el mismo día del referéndum.
Trapero explica las problemáticas que esto implicaba y que, según él, hizo llegar tanto a los mandos policiales como judiciales. ¿Como era posible rodear 2.300 escuelas con 16.000 efectivos policiales si se preveía una participación de alrededor de dos millones de personas? ¿Como se podían precintar todos estos colegios si ni se disponía del material necesario (cadenas, candados …) para hacerlo? ¿Con qué criterio se debía proceder al registro informático de los centros de votación? ¿Se debía requisar todo el material o solo el de unos centros en concreto?
Pero cuando la juez Armas, Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya, cogió el caso tres días antes del referéndum, añadió una cláusula en la actuación policial. Se tenían que cerrar los colegios (ya no había precinto), pero tenía que hacerse “sin alterar la normal convivencia”.
¿Como se podía detener, en fin, alrededor de 2,3 millones de personas sin provocar una masacre? ¿No era más sensato no cargar de la manera en que se hizo si se pretendía cumplir con la cláusula que había aplicado la juez? La declaración de Trapero, en este sentido, pone delante de un espejo la poca planificación de unas órdenes judiciales que, fuera como fuera, se incumplirían. Lo que hizo Trapero, pues, fue intentar defender la opción menos lesiva para la población.
La no cooperación de los jefes de Guardia Civil y Policía Nacional
Trapero reconoce discrepancias personales y profesionales con Pérez de los Cobos, Teniente-Coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de este cuerpo durante los hechos de septiembre y octubre. Según lo explicó en sede judicial, Trapero consideraba que debían ser los Mossos quien lideraran la operación, pues así lo estipulaba la orden judicial que mencionaba, eso sí, que la operación se hiciera con la ayuda de los otros cuerpos de seguridad del Estado.
De fondo, se debe leer un conflicto ideológico. El cuerpo de Mossos había ganado popularidad a raíz de su actuación durante los atentados de Barcelona del mismo año, lo que había despertado los celos de algunos altos cargos de la Policía Nacional y Guardia Civil, plasmada en la negativa de los últimos de compartir información privilegiada con los Mossos. La independencia de un cuerpo de seguridad catalán, sea por las razones que sean, molesta a una parte de los mandos policiales estatales.
El planteamiento de Trapero, conocedor de la realidad política catalana de aquellos días, mostraba que había una forma diferente de encarar los problemas y ponía en cuestión el planteamiento torpe que finalmente se impuso con tales nefastos resultados. La voz del mayor de los Mossos supone poner en tela de juicio los grandes errores de coordinación policiales que hubo durante los últimos días de septiembre y el 1 de octubre del 2017.
Las discrepancias con el Gobierno independentista
Trapero ha cargado, con fuerza, contra la cúpula del gobierno independentista. No es nada sorprendente que los principales líderes políticos independentistas se mantengan en silencio: dejaron creer (más por omisión que por referencia explícita) que la policía era “nuestra policía”, entendiendo este “nuestra” en clave independentista. Lo que pretende mostrar Trapero es que no hay nada más lejos de la realidad.
La única obediencia que tenían era a la ley, y ésta iba en contra de los intereses de los partidos independentistas. Así, Trapero ha detallado cómo el día 26 de septiembre informaron al Gobierno de la Generalitat que la policía cumpliría las órdenes de la Fiscalía y ha añadido que, dos días después, les informaron del operativo que pensaban llevar a cabo los colegios electorales. Concreta, Trapero, que le dijo a Puigdemont que sufría por el deterioro de la imagen de los Mossos que tanto le había costado alcanzar, a lo que Puigdemont le respondió que más le preocupaba a él la imagen del Gobierno.
Al día siguiente de este hecho, Trapero explica que se reunió con Ferran López (segundo de los Mossos que ocupó el lugar de Trapero después de que éste fuera destituido) y que se plantearon realizar una rueda de prensa informando a la ciudadanía que ellos obedecerían la ley. También explicaba que, visto como acabaron sucediendo las cosas, se arrepentía de no haberlo hecho. Pero es que, incluso, Trapero explica una conversación con Ferran López donde debatieron cómo deberían proceder a la detención del Gobierno, en el hipotético caso de que recibieran tal orden.
Así que las declaraciones de Trapero han decepcionado a todo el mundo; o, mejor dicho, no han terminado de contentar a nadie. Es una víctima más de un conflicto que nunca debería haber visto la luz y que, fruto de su intento de alejarse de las presiones políticas de todo tipo, afrontará más solo que nadie.
