El CatSalut ha publicado recientemente la Instrucción 05/2019 llamada “Actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso a la asistencia sanitaria con cargo al CatSalut y para resarcir gastos de asistencia sanitaria en caso de fraude de ley, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”. La respuesta por parte de los movimientos sociales en defensa de una sanidad universal, pública y de calidad ha sido inmediata.
Desde Marea Blanca tachan de “escabechina” lo que supone esta instrucción por lo que respecta al acceso al Sistema Nacional de Salud. Más allá del acceso, describen la instrucción como un texto “racista que señala de manera discriminatoria las personas migrantes que viven en Catalunya como defraudadores del sistema, al tiempo que aumenta los requisitos de acceso a la sanidad pública” Además, en un comunicado donde listan todo el rechazo que les despierta, añaden que “marcar como fraude de ley el acceso a la sanidad pública de personas migrantes enfermas por haber viajado recientemente y no cumplir con un controvertido requisito como disponer de contrato de trabajo o alquiler antes de hacerse el empadronamiento, es un abuso que nada tiene que ver con el respeto por el derecho a la salud ni para los derechos humanos”.
Y es que son justamente estas líneas las que la instrucción marca como fraude de ley: que la persona haya viajado recientemente, en los últimos tres meses, del país de origen en Catalunya, que la persona sufriera con anterioridad la enfermedad que ha comportado la atención o que la persona no haya acreditado ser titular de ningún contrato de trabajo, contrato de suministro (agua, gas, electricidad, etc.), contrato de alquiler o cualquier otro documento para acreditar el carácter de residencia habitual, suscrito al Estado, con anterioridad a la fecha de empadronamiento.
Ante este planteamiento, los movimientos sociales como Marea Blanca, Yo Sí Sanidad Universal, la Pasucat o Obrim Fronteres entre otros han mostrado preocupación e indignación por la aprobación de esta instrucción y del relgament, que ahora está en fase de consultas, de la ley de universalidad de la sanidad en Catalunya de 2017. De hecho, entienden que “ambas vuelven de nuevo a crear exclusión, con un argumentario propio del PP que nos devuelve a su ley de 2012”. También destacan y catalogan como “Muy grave” el hecho de que utilizan los sanitarios como policías antifraude.
En el texto CatSalut. Instrucción 05/2019. Actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso con cargo al CatSalut y para resarcir gastos de asistencia sanitaria en caso de fraude de ley, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, explican paso a paso el procedimiento. Primero piden que, en caso de la existencia de indicios de una situación que pueda ser constitutiva de un supuesto de fraude de ley, sean las entidades proveedoras de servicios sanitarios las que lo comuniquen a las unidades de asistencia al ciudadano de las regiones sanitarias. Posteriormente, estas junto con los servicios de inspección deberían llevar a cabo las correspondientes actuaciones y, en su caso, se emitirá el informe propuesta de suspensión de la Tarjeta Sanitaria Individual. Aquí, especifican que la propuesta de suspensión se notifica al interesado y se le da un plazo mínimo de 10 días y máximo de 15 días para hacer alegaciones y presente la documentación acreditativa de la residencia. Finalmente, el tercer punto del procedimiento concluye que, en caso de que no se acredite la residencia, se emitirá la correspondiente resolución de suspensión de la asistencia sanitaria.
La ley de universalización de la asistencia sanitaria de 2017 aún sin reglamentar recorte
Desde Marea Blanca de Catalunya también recuerdan que el año 2017 se aprobó en el Parlamento de Catalunya la Ley 9/2017 del 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Servei Català de la Salut. A nivel estatal se aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. Las normativas fueron la respuesta ante la exclusión producida por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril del PP.
Ahora bien, desde Marea Blanca tienen claro que estas normativas han sido completamente insuficientes. La PASUCat y JoSíSanitatUniversal presentaron el informe 6 años de exclusión sanitaria: el impacto del Real Decreto Ley 16/2012 en Catalunya; donde denunciaron 375 casos de exclusión sanitaria que detectaron desde el año 2013 hasta el 2018, y apreciaron este agravio como la punta del iceberg de la exclusión sanitaria a toda Cataluña. Resaltan que, si esto ha pasado, es, en gran parte, porque a pesar de haber pasado dos años y medio, aún no se ha reglamentado la ley. De hecho, la propuesta de reglamento se encuentra ahora en debate. Un reglamento que Marea Blanca afirma que “no sólo incluye los aspectos de la instrucción ya aprobada si no que agudiza aún más la dificultad de acceso, a la sanidad pública”.
Según el reglamento, los colectivos en riesgo de exclusión social han de acreditar la condición de ser residentes o de arraigo sea con contratos que hayan tenido, con visitas médicas demostrables, etc, a través de los servicios sociales de centros del SISCAT y ser “oficializados” como personas sin recursos en los departamentos competentes antes de dos meses de solicitar la tarjeta sanitaria. Después de haber hecho la solicitud, el CatSalut puede resolver hasta tres meses después.
Los colectivos que han puesto el dedo en la llaga denuncian también que el reglamento que incluirá los puntos de la instrucción hace un gran recorte en colectivos especialmente vulnerables. Por ejemplo, el hecho de que deje los niños y jóvenes, hijos e hijas de migrantes, fuera de toda cobertura sanitaria, excepto aquellos que se consideren en riesgo de exclusión social y que estén acogidos en centros tutelados. En cuanto a las mujeres embarazadas migrantes, ellas deberán acreditar su falta de recursos a través de los servicios sociales de los centros del SISCAT para ser atendidas en la sanidad pública y sólo las atenderían en cuestiones relativas con su estado.
