Finalmente el Congreso de los diputados ha comenzado a tramitar el proyecto de ley de la eutanasia: una iniciativa legislativa que al parecer saldrá adelante a pesar de la oposición que ha anunciado el PP, partido que sólo contará con VOX como aliado para votar en contra. Hasta aquí poca sorpresa, si no fuera que un diputado popular, precisamente quien fue consejero de sanidad del gobierno autonómico madrileño, Ignacio Echániz, ha argumentado, para justificar su negativa, que el propósito real del PSOE es abaratar costes “eliminando” la población con enfermedades graves terminales. Un propósito – el de abaratir- que habitualmente asumen, a menos que reclaman, los partidos más partidarios de disminuir el déficit público y sobre todo los gastos en bienestar social, en contraposición al hipotético derroche que siempre atribuyen a las izquierdas,
Pero en este caso el argumento parece más bien cogido por los pelos, tal vez para no entrar en un debate más moral que tal vez dan por perdido, dada la notable adhesión de la población al proyecto. Pero aún es más remarcable la poca pertenencia y adecuación del motivo aducido por el señor Echániz porque si bien el empeño y ensañamiento terapéutico practicado muchos enfermos terminales tiene unos costes nada despreciables, dejar de dedicar tantos recursos a mantenerlos en vida, menudo con sufrimiento, no implica como consecuencia que los recursos que ahora se dedican se dejen de invertir con otros pacientes, probablemente con un mejor pronóstico, que podrán aprovecharse más. Con la presión asistencial actual no es verosímil que los recursos disponibles se dejaran de usar debido a la reducción – que tampoco parece que vaya a ser demasiado elevada- selectiva de la demanda sanitaria. Sin olvidar que para muchos de los promotores de la iniciativa legal, entre los que destacan los familiares de personas directamente afectadas, los motivos del señor Echániz son si no perversos menos ofensivos.
Desde un punto de vista ético precisamente lo que es cuestionable es mantener a los pacientes moribundos en vida a costa de un esfuerzo paliativo o aún peor terapéutico que conlleva una inadecuada relación coste/oportunidad dado que los recursos empleados podrían dedicarse a otros pacientes que sí podrían sacar un beneficio mejor.
También ha vuelto a ponerse sobre la mesa la objeción de conciencia de los médicos que pueden negarse a practicar la eutanasia. Pero del mismo modo que la medicina y sus profesionales tienen la obligación ética de procurar los remedios y cuidados más efectivos para las enfermedades y los padecimientos que afectan a sus pacientes, también deben respetar su decisión – autonomía – en situaciones trascendentales como la que nos ocupa. Los médicos estamos obligados a ayudar a los enfermos con los medios que razonablemente tengamos a nuestro alcance como sanitarios pero cuando la vida llega a su fin y, sobre todo si genera un sufrimiento insoportable, tenemos que hacer todo lo que sea razonable para que tengan una buena muerte.
