España podría tener aprobada en el mes de junio la primera ley que regule la eutanasia, tras anteriores intentos fallidos. Es el plazo que prevé el Gobierno. España se sumaría así en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo en el continente europeo, y Canadá, Colombia, y el estado de Victoria en Australia, que han precedido en España a la hora de conseguir las mayorías necesarias para elaborar una ley de eutanasia.
Una mayoría muy amplia y transversal del Congreso de los Diputados dio, el 12 de febrero, vía libre en el Congreso al inicio de la tramitación de la propuesta socialista. Se necesitaban 176 votos a favor, pero la votación tuvo 201 votos positivos, 140 negativos y 2 abstenciones. Hubo 343 votos emitidos, de los 350 miembros del hemiciclo.
La tramitación llevará cuatro meses de confrontación entre la mayoría de fuerzas políticas partidarias de la regulación (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, Cs, Bildu, Más País, Compromiso, CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, BNG y Teruel Existe), y las cuatro que se oponen (PP, VOX, UPN y Foro Asturias). El debate también se trasladará a la opinión pública. Aunque los últimos estudios sociológicos indican una clara mayoría de la población partidaria de regular la eutanasia, también hay sectores sociales en contra de que plantearán batalla.
Por ejemplo, el Estudio sobre valores y actitudes en Europa en la esfera privada, elaborado por la Fundación BBVA, y hecho público en octubre de 2019, muestra que el 83% de los españoles acepta la regulación de la eutanasia, entendida como el proceso para «acelerar la muerte con ayuda médica a pacientes en fase terminal de una enfermedad incurable y que han expresado su voluntad de no seguir viviendo». Y, el Barómetro sobre Neurociencia y Sociedad de IPSOS, (empresa multinacional de consultoría y estudios de mercado a escala mundial con matriz en Francia), publicado en noviembre de 2018, muestra que el 85% de los españoles estaba a favor de regular la eutanasia.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en una encuesta de 2011, preguntó sobre la posibilidad de aprobar una ley que regulara el derecho de las personas a «morir dignamente». Un 77,5% se mostraron favorables, frente un 9,8 que se manifestaron en contra.
En 2009 el CIS también había elaborado una investigación sobre los pacientes con enfermedades terminales: el 63,3% de los encuestados afirmaron que eran partidarios «con toda seguridad» de regular en España una ley de la eutanasia, “que permitiera los médicos poner fin a la vida y los sufrimientos, si la persona lo solicitaba libremente”.
¿Qué significa eutanasia?
Los datos demuestran, pues, que hay una mayoría social favorable a la eutanasia, entendida como el origen etimológico de la palabra, la buena muerte, o como más modernamente, con el significado de derecho a la muerte digna. La palabra eutanasia tiene su origen en la palabra griega que deriva de los vocablos «eu», que significa bueno, y de «thanatos», que significa muerte.
En la Grecia antigua la eutanasia significaba una muerte honorable y una muerte sin dolor. Por lo tanto, contemporáneamente se ha ido asociando la eutanasia al final de la vida sin sufrimiento, y al procedimiento voluntario que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de una enfermedad incurable, que previamente ha pedido al médico que quiere acabar con el dolor y el sufrimiento que le provocan la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la eutanasia como «el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar». Mientras que la Real Academia de la Lengua Española, la define como «la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes terminales, acelera su muerte con su consentimiento o sin él».
Evidentemente, la eutanasia forma parte de las decisiones individuales que provocan divisiones sociales y son muy complejas por las implicaciones que suponen para los protagonistas, su entorno y los profesionales que intervienen.
La eutanasia en el resto del mundo
Los países que han precedido a España en la regulación de la eutanasia han tenido generalmente en cuenta la libertad y la vida del paciente como prioridad, remarcando el sufrimiento como razón principal. Estos países entienden la asistencia a la muerte como la preservación de la autonomía del paciente, con la libertad para decidir sobre la propia vida por encima de sus limitaciones físicas.
La regulación de la eutanasia parte de leyes que recogen los límites y los mecanismos de control que garantizan la seguridad del paciente y evitan las posibles malas praxis. Se protege así el derecho del paciente, la responsabilidad del médico y la buena práctica de la eutanasia.
Los Países Bajos fueron el primer país europeo en aprobar una ley de eutanasia, en 2002. Con el nombre Ley de final de la vida a petición propia, se legalizó la inducción médica en la muerte de aquellos pacientes residentes en el país, que confirmaran en varias ocasiones su deseo de morir y que se encontraran en una fase terminal y sin opción de tratamiento.
También en 2002, Bélgica, basándose en la normativa neerlandesa, aprobó su ley, que además amplió la aplicación en la que el paciente no estuviera en fase terminal pero sí sufriendo graves problemas psicológicos o degenerativos. Luxemburgo, en 2009, aprobó la Ley de cuidados paliativos, eutanasia y suicidio asistido. Legalizando los tres supuestos en su ordenamiento jurídico.
Colombia reglamentó la eutanasia en 2015 a través del Ministerio de Salud y Protección Social a instancias del Tribunal Supremo. Este país de mayoría católico del extremo norte de Sudamérica, es el único de América Latina donde es legal la eutanasia. La ley regula que sólo un médico puede administrar la muerte a los pacientes adultos en fase terminal tras la supervisión de un Comité Científico Interdisciplinario que lo apruebe. En 2018, el Tribunal Constitucional requirió al gobierno reglamentar también la eutanasia para niños y adolescentes. La ley está en trámite parlamentario desde el 2019.
Canadá legalizó la eutanasia en 2016, después de que en 2015 el Tribunal Supremo dictaminara que la ley que penalizaba la muerte asistida con fármacos era anticonstitucional, y dio un año al Parlamento para rectificar. Aunque el Supremo señaló que la eutanasia tenía que estar disponible para cualquier persona que sufre «una condición médica dolorosa e irremediable» finalmente la ley aprobada limita la eutanasia a los enfermos terminales.
En junio del año pasado el estado de Victoria se convirtió en el primero de Australia en promulgar una ley de eutanasia. La ley permite a los pacientes con enfermedades terminales pedir la muerte asistida con una combinación letal de medicamentos. En todos estos países se considera la eutanasia como activa. También Nueva Zelanda, aprobó el año pasado la llamada Ley de Elección de finalización de la Vida. Será el primer país en someter a referéndum una ley de eutanasia este año, antes de que entre en vigor.
Hay otros países donde existe la llamada eutanasia pasiva y/o el suicidio asistido. En Europa se considera que no es ilegal o se permite esta práctica en Suiza, Alemania, Austria, Albania y Finlandia. También en diez estados de los Estados Unidos y en Japón. En Gran Bretaña, Dinamarca, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega y Suecia, se permiten casos de eutanasia pasiva bajo ciertas circunstancias.
La propuesta de ley española
El PSOE quiere que su propuesta de ley de eutanasia salga adelante con el máximo consenso posible. Por ello, quiere que durante el trámite parlamentario las aportaciones de los diversos grupos puedan mejorarla. Los principales puntos de partida caracterizan la propuesta como garantista.
La mayoría parlamentaria pretende regular el derecho de las personas que cumplan las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Los supuestos previstos en principio serían: las enfermedades graves e incurables o enfermedades crónicas e invalidantes causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Serían estos enfermos los que podrían pedir la eutanasia para poner fin a su vida. La petición de la ayuda para morir debería hacerse por escrito, voluntariamente, a través de dos solicitudes, con una separación de quince días naturales entre ambas.
Cuando el facultativo considere que la muerte es inminente, se aceptarán períodos menores. Si el enfermo está impedido físicamente, otra persona mayor de edad podrá hacer la petición en presencia del paciente y de un profesional sanitario. La ayuda también se podrá pedir mediante el documento de instrucciones previas, voluntades avanzadas o equivalente, que ya existe en el ordenamiento jurídico.
Las peticiones de eutanasia serán evaluadas y comprobadas para certificar que cumplen los requisitos para una Comisión de Control y Evaluación. Habrá tantas, como comunidades autónomas. La ley establecerá en principio dos modalidades: la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario, y la otra que el médico recete la sustancia para que el paciente se la pueda auto administrar, en caso de que esté consciente. En ambos casos, el personal facultativo mantendrá la observación y apoyo al paciente hasta la muerte.
Los sanitarios podrán declararse objetores de conciencia para no intervenir en procesos de eutanasia, y la ley modificará el Código Penal para que no sea delito. La eutanasia se considerará una prestación sanitaria más, y la muerte por eutanasia se considerará muerte natural a todos los efectos.
Habrá que esperar al final de la tramitación parlamentaria para ver cómo se concretan todos los aspectos de la ley. De momento, los defensores plantean la necesidad de la misma como una respuesta a una demanda social creciente, que hay que regular de manera equilibrada y con garantías. La portavoz socialista defendió la propuesta afirmando «que el dolor no tiene ideología» y que la normativa es una apuesta «por el derecho a decidir de la propia vida, en caso de padecer enfermedades incurables».
Por su parte, la oposición, del PP y de VOX, plantean una ley de cuidados paliativos como alternativa. Pero, además, las críticas a la regulación fueron durísimas. El PP acusó al PSOE de esconder con la iniciativa «recortes de gastos sanitarios por el elevado coste que supone el tratamiento de las personas afectadas por enfermedades incurables». VOX tildó la propuesta de «el reconocimiento del derecho a matar. Convirtiendo el Estado en una máquina de matar» Además comparó la iniciativa con «la solución final» practicada en la Alemania Nazi de Hitler.
