Estado profundo.
Guerra Judicial. Lawfare.
Estos términos han cogido vuelo en los últimos meses, para que parezca que las decisiones de órganos como el Tribunal Supremo o la Junta Electoral Central son autónomas del poder parlamentario y ejecutivo. Los procesos judiciales abiertos a raíz del Procés han puesto el foco en los jueces y magistrados. Hemos aprendido apellidos como Lamela, Llarena o Marchena.
Los partidos independentistas han atacado duramente al Poder Judicial, vinculando su actuación a aquel famoso grito de “a por ellos” y al discurso que hizo Felipe VI el 3 de octubre de 2017. La judicialización de la política, sin duda, ha provocado una situación muy dolorosa para los partidarios de la independencia y además complica enormemente cualquier intento de solución política, como ya se vio con la actuación de la JEC y la inhabilitación del President Torra.
Más allá de Catalunya, el actual Vicepresidente Pablo Iglesias reconoció en una entrevista que el Lawfare o Guerra Judicial es un peligro por el nuevo Gobierno de coalición con los socialistas. Iglesias afirmaba que algunos togados ponían su ideología por encima del estado de derecho, y se entiende que se refiere a una ideología conservadora. El término Lawfare proviene de los estudios militares (es la continuación de la guerra por vías judiciales) y ha sido una estrategia habitual de las derechas de América Latina, especialmente en Argentina, Ecuador o Brasil.
Además, un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial se encuentra en funciones desde el diciembre de 2018 y en el Congreso no se dan las mayorías para renovarlo. La mayoría necesaria es muy reforzada: dos tercios de la cámara. Por lo tanto, el gobierno de coalición debe convivir con el CGPJ que fue elegido en 2013, con una clara mayoría de miembros escorados hacia la derecha.
¿Puede atacar el Poder Judicial en el gobierno de coalición? En todo caso, el asunto del aterrizaje del avión donde era la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es bastante comprensible. Las seis demandas que se han presentado contra el Ministro José Luís Ábalos nos dan indicios de que la derecha española está dispuesta a poner en marcha una guerra judicial.
Ideologías y asociaciones
Pero… ¿Que significan “derecha” e “izquierda” cuando hablamos de jueces y magistrados? Antes de responder, damos un vistazo a los datos. Según el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial (2019), hay 5.419 jueces y magistrados. El 54% son mujeres, mientras que un 46% son hombres. El grueso del personal tiene entre cuarenta y sesenta años. Aún así, los órganos judiciales como el CGPJ o el Tribunal Supremo, la mayoría de los miembros son hombres. Al TS sólo hay 15 mujeres, frente 65 hombres.
Jueces y magistrados no pueden organizarse en sindicatos, pero sí en asociaciones. Sólo el 55,4% está afiliado. La asociación más extendida es la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.339 afiliados en 2019. La APM ha sido beligerante con el proceso, y su filial catalana muestra en las redes sociales la opinión que los jueces se encuentran acosados por el independentismo como víctimas de una campaña de desprestigio. Emiten frecuentemente opiniones políticas.
La Asociación Francisco de Vitoria ocupa el segundo lugar, con 843 afiliados. Habitualmente, se considera derechista pero moderada. Esta supuesta moderación, por otra parte, no ha impedido cierto revuelo al publicar en su revista un poema machista sobre Irene Montero, actual Ministra de Igualdad.
En tercer lugar tenemos Juezas y Jueces por la Democracia con 462 afiliados. Es la única asociación que se define como progresista y normalmente se asocia a la órbita del partido socialista.
Creo que no podemos transportar las lógicas de los partidos políticos en la radiografía de las ideologías dentro del complejo mundo de los tribunales. Los parlamentos cambian cada pocos años, pero los jueces, los funcionarios, el ejército, la Casa Real tienen una continuidad mayor. Estos organismos pueden tener agenda propia.
Es el “parlamentarismo negro” del que hablaba Antonio Gramsci. En todo caso, no parece que haya una representación de la pluralidad ideológica que existe en el conjunto de la población de España, y mucho menos de sociedades como la catalana.
Togas y Soberanía
El centralismo es hegemónico en un momento político donde hay la mayor diversidad de fuerzas periféricas. El mismo sistema judicial es radial: el núcleo de poder es en Madrid y se despliega hacia la periferia en ramas y sub-ramas. La única vez que se intentó seriamente superar el centralismo con la creación de un órgano autonómico judicial para desconcentrar el poder y pasar a un modelo inspirado en el federalismo fue con el Estatut de Catalunya de 2006. El Estatuto fue recortado por el Tribunal Constitucional en 2010, y el Consell de Justícia de Catalunya designado por el Parlament no se hizo efectivo nunca.
Las razones de esta configuración remiten a diferentes motivos. Uno podría ser claramente la herencia franquista: organismos como la Audiencia Nacional (el antiguo Tribunal de Orden Público) son directamente trasladados a la monarquía parlamentaria. La lucha contra ETA durante todo el conflicto en el País Vasco hace además que el Estado viva a la defensiva, y los magistrados más duros contra el terrorismo consiguen prestigio y poder interno. Además, tampoco podemos descuidar otro aspecto que es el acceso a la carrera judicial. Se accede a través de unas oposiciones muy duras, de carácter memorístico y oral. Las clases populares tienen muy complicado el acceso al mundo judicial, ya que no dedicar años y años de su vida a estudiar oposiciones de este tipo.
En conclusión, en el Poder Judicial domina una visión conservadora de la sociedad, especialmente centralista en el modelo territorial. El bloqueo de la renovación del CGPJ está acentuando una división entre la política parlamentaria y los altos tribunales, nos acercamos peligrosamente al riesgo de una Guerra Judicial como ha ocurrido en muchos lugares de América Latina.
En lugar de esconderse bajo la premisa falsa de que los jueces y magistrados no tienen ideología, ya que deben ser imparciales, debería asumir la realidad que todo el mundo tiene una cosmovisión del mundo y afrontar esta situación y las consecuencias que derivan. La democracia se asocia habitualmente con un principio como la separación de los tres poderes. Pero el principio democrático más significativo es que el poder (cualquiera de los tres) emana de la soberanía popular.
