El teletrabajo ha dejado de ser una hipótesis. La crisis del coronavirus ha centrado la atención sobre la decisión de la Generalitat de descentralizar parte del trabajo hacia los domicilios de los trabajadores. Podría ser que el teletrabajo se consolidara a un ritmo elevado, pero existe el riesgo de que la urgencia actual pasara por delante de los acuerdos sobre los mecanismos para regular y hacer más eficiente esta metodología de trabajo, sin lesionar los derechos de los trabajadores.
La Generalitat ya empezó a hablar del teletrabajo antes de la crisis del Coronavirus. Junto con el anuncio de trasladar buena parte de sus oficinas a una sede centralizada en la Zona Franca de Barcelona, informó que empezaría a practicar el teletrabajo, facilitando que los y las trabajadores públicas trabajen desde casa dos días a la semana. El Govern estima que en un plazo de tres meses habilitará la posibilidad de que hasta 40.000 trabajadores públicos hagan teletrabajo.
“La estimación es que, durante dos días a la semana, un 20% de los trabajadores que se desplacen a la nueva ubicación de la Zona Franca puedan trabajar desde casa”, afirma Miguel Ángel Merino, responsable de Salud Laboral, Medio Ambiente y movilidad de la Generalitat. Por ello, una de las medidas adoptadas por el Gobierno pasa por facilitar un ordenador portátil a todas aquellas personas que hagan teletrabajo. Del mismo modo, los sindicatos piden que se asegure que los que trabajen en casa tengan las mismas condiciones de ergonomía y seguridad que tendrían en las oficinas de la Generalitat. “Hay que tener en cuenta también el riesgo psicosocial que se puede derivar del aislamiento”, explica.
Por otra parte, también se destaca una aclaración de los responsables de los costes que supone acceder al teletrabajo. “Al final se ha decidido que se compensará el gasto que asume el trabajador aportando la conexión telemática con el ahorro que implicará no tener que desplazarse”, dice Merino.
Un último asunto no aclarado es la ciberseguridad. No ha quedado claro el reparto de responsabilidades que se podría producir si, como resultado de trabajar desde casa, hubiera fugas de información confidencial. En este sentido, desde los sindicatos presentes en la mesa de la Función pública, se reclama formación específica en aspectos como la gestión del tiempo, la ciberseguridad y derecho a la desconexión para los trabajadores que asuman las tareas a distancia, tal como se acordó en el Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC), firmado por las patronales y los principales sindicatos.
“El teletrabajo debe ser objetivo, medible, debe contemplar la desconexión, para evitar la desaparición práctica de los horarios y también deben reconocer los riesgos laborales que, por ejemplo, pueden suponer el estar muchas horas en sillas no preparadas para la trabajo”, dice Nuria Gilgado, Secretaria de Política Sindical de UGT de Catalunya, quien añade que ahora se abre la puerta a negociar los convenios aspectos como la geolocalización de los trabajadores, su derecho a la intimidad o a la desconexión.
Sin embargo, antes que surjan aspectos críticos, Gilgado apunta a algunas de las precauciones que deberían tomarse para evitar malas interpretaciones. “El teletrabajo debería ser voluntario, nunca obligatorio, y reversible. Debería quedar claro que es un derecho, que quiere decir que los trabajadores deberían mantener, a pesar de trabajar en casa, las condiciones laborales que tenían antes”.
La dirigente de UGT añade que “hemos visto en los últimos tiempos que cada vez hay más empresas que proponen hacer teletrabajo con el objetivo de ahorrar. El metro cuadrado en el centro de Barcelona es caro y hay gente que piensa optimizar los resultados enviando a los trabajadores a casa”. Para evitar estas maniobras especulativas, la sindicalista considera indispensable establecer mecanismos de conciliación y de suficiencia.
Y los trabajadores, ¿cómo lo ven?
B.L. son las siglas que responden al nombre -ficticio- de un trabajador de El Punt Avui que hace más de cinco años que hace teletrabajo. El diario cerró la redacción que tenía en Barcelona y casi todos los y las periodistas que operaban desde la capital catalana tuvieron que escribir desde casa, coordinarse con la redacción de Girona por vía telemática y adaptar su ritmo de trabajo a las necesidades de ediciones digital y en papel del rotativo.
“Trabajar teniendo niños en casa no es tan sencillo”, explica el redactor. Entre los problemas más frecuentes, destaca compaginar el cuidado familiar y el trabajo. Para afrontar la situación, afirma que es necesaria una gran disciplina. Aprovechar hasta el último segundo el tiempo libre para compaginar tareas. “Mientras hago llamadas pongo una lavadora y evito los tiempos muertos”. Esta actividad “no te deja desconectar”, dice el redactor.
En El Punt Avui, cuando se generó el teletrabajo, se llegó a un acuerdo a partir del cual la empresa asume una parte del coste de la conexión telemática. En algunas ocasiones se facilita teléfono de empresa o se asume también parte del coste de las llamadas de trabajo. En este sentido se han dado casos en los que la empresa ha pagado sillas ergonómicas que faciliten el trabajo. “Desde mi punto de vista la mejor forma de hacer teletrabajo es operar por objetivos, más que ligándolo a horarios cerrados”, dice el redactor consultado.
La coordinación de los periodistas de El Punt Avui se hace a través de los chats y las redes sociales. Pero también se dan casos en que la falta de un punto físico donde encontrarse debe ser resuelta de manera elemental: se reúnen periódicamente en bares, a fin de repartirse tareas.
La emergencia sanitaria generalizará el teletrabajo, aunque hay que pensar que una vez pasada la situación excepcional este trabajo será necesario regularlo para evitar que suponga reducir derechos de trabajadores que, por ejemplo, vean pospuesta su carrera profesional debido a la no presencia en las oficinas presenciales.
