Es la crisis por Coronavirus la que conlleva una crisis económica o es que el capitalismo, que ya está en su fase inicial de crisis periódica, aplica la “doctrina del shock” para hacer pasar como culpable un virus cuando en realidad es una crisis general: económica, social y política de la globalización y del modelo financiero.
¿Qué podemos aprender de estos hechos para aprovechar para caminar hacia un modelo social y económico más justo y equitativo, modulando el crecimiento y la globalización a una escala que defienda los derechos de todas las personas?
Con esta “crisis” hemos aprendido que para la Salud los Sistemas Sanitarios Públicos son mejores que la iniciativa privada concertada, además de la responsabilidad e implicación de todas las personas en su salud, los cuidados y la salud de la comunidad.
Por ley, la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, siempre que se pueda, debe ser pública. Jurídicamente el Servicio Nacional de Salud es el establecido en España y por transferencias a las comunidades autónomas, por la Ley General de Sanidad (1986) que integra todos los servicios sanitarios de una comunidad en una organización única.
Los componentes de un sistema sanitario público pueden ser dirigidos y controlados al 100% por órganos derivados de elecciones democráticas. Aunque las diferencias reales entre público y privado también es un problema de gobernanza y de democracia real, ya que pueden haber empresas públicas que por falta de transparencia y de gobernanza democrática funcionen como privadas de los intereses lucrativos y/o de poder social de unos cuantos (recordemos todos los casos de corrupción).
Los sistemas públicos pueden garantizar la permanencia, estabilidad y continuidad de los servicios, lo que no puede hacer la iniciativa privada, donde si no hay negocio directo o indirecto, no hay servicio porque pueden cerrar la empresa. Además, la privada tiene una selección de riesgos.
Los servicios públicos de salud pueden dedicar recursos a vigilancia y promoción de la salud comunitaria y prevención de la enfermedad, epidemias, intoxicaciones alimentarias, vigilancia del medio y otros, de una manera planificada y poblacional y no sólo de atención a la enfermedad. Suponiendo igualdad de calidad y de eficiencia, con buena gestión, los públicos son menos costosos económicamente, ya que no hay beneficios para los accionistas ni directivos.
Los públicos aseguran la equidad, igualdad de acceso y de trato igual para todos, de acuerdo con la solidaridad impositiva. Dentro del Sistema público también los concertados con los criterios y valores que deberían firmar los proveedores de servicios de salud adscritos para conciertos en el SNS, si se demuestra claramente su necesidad ineludible.
Aunque nuestro sistema catalán es de provisión de servicios dual: unos de propiedad de la administración autonómica (ICS), otros públicos de administraciones como ayuntamientos, diputaciones o empresas públicas y otros concertados con entidades “sin ánimo de lucro” o privados con lucro. Cuanto menos dispersión y tipología jurídica de los proveedores, menos costes de seguimiento y evaluación, más transparencia y mayor control público. Hay que ir pensando en recuperar el sector público servicios ahora externalizados.
Cuanto más unitarios e integrados son los servicios mayores posibilidades de ajustarse a la planificación, de hacer sinergias de servicios clínicos, de continuidad asistencial, tener servicios comunes asociados: de compras, sistemas de TIC integrados, de mantenimientos, etc. por tanto más eficiente y sostenible será el sistema público.
La formación de los profesionales, la gestión del conocimiento y la investigación, pueden ser planificadas y financiadas según necesidades sociales y de salud (no según intereses particulares, corporativos y de negocio). Mayores posibilidades de participación real y control por parte de los ciudadanos y de los profesionales. Más gobernanza democrática y transparencia.
