De la espiral de emociones de estos días, me atrevo a identificar la incertidumbre como la más sobrecogedora de todas ellas. Los indicadores prevén que la crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19 será de una magnitud trágica. Además, llueve sobre mojado para las clases trabajadoras y los sistemas públicos después de la crisis del 2008, que ha desembocado en una mayor precariedad laboral, agravada por la especulación desaforada en el mercado de la vivienda. ¿Cómo sobrevivir en un sistema completamente parado? En este contexto de incertidumbre generalizada, en los últimos días ha emergido con fuerza la idea de la renta básica universal, que analizamos en un coloquio online organizado por Barcelona en Comú con Laia Ortiz y Daniel Raventós, y del que he extraído las siguientes reflexiones.
En tiempos de confinamiento, la propagación del coronavirus interpela nuestra vulnerabilidad de forma democrática, porque nadie tiene una vacuna ni conoce una estrategia infalible para pararlo. Y es este espacio y tiempo compartido de incertidumbre colectiva el que pre configura un consenso social inédito, que los políticos deberían aprovechar para experimentar con medidas extraordinarias de cuidados y protección de la vida. La renta básica universal, que inicialmente podría ser de emergencia, consistiría en una asignación monetaria individual para todo aquel que la pidiera, sin condiciones ni comprobaciones previas, durante el estado de alarma y hasta que la situación se estabilizara, y por un importe equivalente — como mínimo — al umbral de la pobreza.
En el 2021, a través de la declaración de la renta del 2020, el Estado podría comprobar en cuáles casos era una cuestión de supervivencia y en cuáles no, y tiene sobrados mecanismos para regularizar las situaciones abusivas. En tiempos de familias confinadas en pisos diminutos, sobresaturación de información, duelos pospuestos y rifirrafes políticos estériles, no es momento de someterse como sociedad a procesos burocráticos y controles inacabables que, por otro lado, han demostrado que, ni palian la precariedad, ni son eficientes institucionalmente. Si la incertidumbre es universal, que lo sea también la medida básica para contrarrestarla.
Si la incertidumbre es universal, que lo sea también la medida básica para contrarrestarla
Para los lectores que estén haciendo cálculos estadísticos para argüir en contra de la renta básica universal, como si fuera una utopía académica imposible, es necesario que sepan que es una medida que ha sido testeada en distintos lugares del mundo. El B-Mincome fue uno de estos proyectos, desplegado por el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona en los barrios del eje Besós, entre los años 2016 y 2019. El B-Mincome puso de manifiesto que, con las familias que tenían asignadas rentas de manera incondicional, se podía hacer una acción social encaminada al empoderamiento y no al control social.
Esto desembocó en una mayor participación de los individuos (principalmente mujeres), una mayor capacidad de encontrar buenos trabajos, una mejor salud y una mayor capacidad de escoger. En tiempos de crisis generalizada, la aplicación efectiva de estos aprendizajes no es menor porque, aunque la supervivencia es principalmente material, tiene derivadas subjetivas imprescindibles para la felicidad. Si la supervivencia está garantizada, que las energías liberadas sirvan para construir comunidades fuertes, diversas y cohesionadas que se impliquen con la reconstrucción y mejora del mundo post-coronavirus.
Pero que la voluntad de aprovechar el empujón del consenso actual, del que es una muestra paradigmática el posicionamiento de Luís de Guindos a favor de una “renta mínima de emergencia”, no nos haga caer en la ingenuidad. Es evidente que los motivos para aplicar una renda básica y la manera de hacerla efectiva, son diametralmente opuestos en un extremo y el otro del arco político. Mientras para los conservadores, ésta es una medida para garantizar la demanda en un mundo globalizado donde los mercados financieros no pierdan la ventaja de la última década, para los progresistas es una ocasión para ganar derechos.
Mientras para los conservadores es una medida para garantizar la demanda y que los mercados financieros no pierdan la ventaja de la última década, para los progresistas es una ocasión para ganar derechos
En concreto, el derecho humano a la supervivencia, que no se puede desligar ni pretende substituir, el resto de derechos civiles ni las políticas públicas encaminadas a hacerlos efectivos. Y es que la financiación de la renta básica universal no puede venir de redistribuir los mismos ingresos públicos actuales, como querrían los conservadores, sino de explorar una nueva fiscalidad que grabe la principal fuente de riqueza del mundo actual: las rentas del capital. Si la incertidumbre es global, que la lucha por los derechos supere las lógicas habituales de las soberanías nacionales y explore medidas globales que consigan, por ejemplo, evitar las fugas de capitales a los paraísos fiscales.
Este es el momento para escoger, individual y colectivamente, tanto en el ámbito local como en el global, si queremos salir de esta crisis escogiendo de nuevo el “sálvese quien pueda” del 2008, o haciendo posible el deseo que muchos tenemos de que “no dejar a nadie atrás”. Pero no nos engañemos, escoger no es una proclama vacía, sino un cambio efectivo en las políticas públicas tal y como las hemos conocido hasta ahora. Si este largo confinamiento tiene que seguir, que salgamos de él con una renda básica universal como prueba irrefutable de que hemos aprendido a querer más la vida y el derecho de todas a vivirla.
