Los datos de afectación de la epidemia del coronavirus en residencias de la tercera edad son escalofriantes. El mes de marzo se registraron 362 muertes de usuarios en Catalunya debido a la Covid -19, según un informe del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Hasta el último día de marzo había 158 residencias con casos detectados de coronavirus. El total de infectados confirmados era de 830. Los residentes hospitalizados eran189 y el número de profesionales aislados preventivamente o con sintomatología, ascienden a 3.184, según fuentes oficiales.
En Catalunya hay un total de 64.093 personas mayores que viven en plazas residenciales públicas y privadas. En las residencias se concentra un colectivo muy vulnerable por su edad avanzada -la edad media de los residentes es de 84 años-, la mayoría dependientes y grandes dependientes, con 90% de usuarios que presentan enfermedades previas.
En rueda de prensa posterior a la presentación del informe, Francisco Iglesias, secretario d’Afers Socials i Famílies, explicaba que la tipología de las residencias de ancianos más afectadas por el coronavirus era la de centros pequeños, con poca capacidad de respuesta ante la epidemia, especialmente porque no tenían personal sanitario fijo de plantilla.
Las personas mayores como negocio
La versión de los trabajadores sólo coincide en parte con la versión oficial. Josep Maria Martínez, responsable del área de geriátricos de CCOO, indica que la situación extraordinaria tiene que ver con la concepción de la atención a las personas mayores como un negocio: “ha faltado mucha prevención. Muchas empresas no tenían Equipos de Protección Individual (EPI) y esto lo han sufrido tanto los residentes como los trabajadores”. Cuando la epidemia se extendió, el poco material de protección que había se agotó.
Entonces los trabajadores tuvieron que improvisar con donaciones o bien las empresas obtuvieron equipos no adecuados para las necesidades: “sabemos que se necesitan guantes de nitrilo, que no son porosos, pero cuando se agotan, en muchas residencias sólo se entregan guantes de vinilo, que no impiden el contagio”, afirma. Esto vulnera la normativa que dice taxativamente que hay que usar material sin riesgo biológico.
La reducción de costes en un sector infrafinanciado marca incluso la respuesta a la crisis. “Hemos tenido problemas para hacer que la ropa de los trabajadores se lave a cargo de las residencias”, dice Martínez. Esta medida evitaría exportar o importar el virus, pero se ha visto rechazada por algunas residencias, con el pretexto de ahorrar. “Esto ha pasado al grupo L’Onada, que dirige Cinta Pascual, la portavoz de la patronal Acra”, destaca.
Pequeños centros, los más débiles
Los centros pequeños son los más afectados por la pandemia. Hay instalaciones que a veces no permiten el aislamiento individual, tienen muy poco personal y no han conseguido material de protección para sus trabajadores. Entonces quedan al albur de un contagio. “En muchos casos parece que a pesar de las instrucciones de cerrar los centros de día, se desobedecía la medida porque son ingresos importantes para las empresas que las gestionan”, afirma el sindicalista.
Las residencias públicas gestionadas directamente tienen una mejor dotación de personal, aunque no hay datos de afectación de la epidemia en este ámbito. Después hay residencias concertadas por grandes y medianas empresas, “Eulen, Domus Vi y Mutuam, son nombres que se repiten entre los propietarios”, dice el responsable sindical. En este subsector hay instalaciones donde se cumplen todos los protocolos y otros con situaciones más críticas, dice Martínez. Finalmente, están las residencias privadas puras, con tarifas muy altas que “están haciendo un gran esfuerzo para que la epidemia no les afecte”. La previsión tiene que ver con la concepción del servicio como un negocio, una disminución del número de residentes afecta y mucho a los ingresos, dice Martínez.
La previsión tiene que ver con la concepción del servicio como un negocio, una disminución del número de residentes afecta y mucho a los ingresos
Según los cálculos de la Asociación Catalana de Residencias Asistenciales (Acra), en 2016, de las aproximadamente 57.000 plazas que había en residencias (hoy ya son poco más de 64.000), sólo unas 5.000 eran directamente públicas
Tras la pandemia el sector cambiará. Las empresas con más músculo económico y que hayan superado la crisis sin efectos graves podrán comerse el mercado a costa de las pequeñas empresas familiares, o entidades sin ánimo de lucro. La afectación sobre el personal puede ser dantesca, se temen los sindicalistas consultados.
Al igual que en el sector sanitario, en el ámbito de las residencias de la tercera edad hay realidades muy diferentes, lo que explicaría, en el caso de la pandemia actual, las diferentes respuestas que se han dado a esta crisis. Las fuentes consultadas consideran que la proporción se debe mantener o incluso puede haber aumentado a favor de las entidades privadas o concertadas
Diez años de recortes
Aparte del sector económicamente más potente, que puede asumir las tarifas de los grupos estrictamente privados, la financiación es básicamente pública con aportaciones de los familiares. La ley de la dependencia debía ser la piedra angular de la suficiencia de los cuidados a las personas mayores, pero ha sufrido una evolución absolutamente negativa. En 2008, cuando se estrenó, se dedicaron 367 millones en Catalunya los que el Estado aportó el 34,4% y la Generalitat el 65,6% restante.
En 2009, los fondos fueron 867 millones y la proporción un 37,2% del Estado y un 62,8% de la Generalidad. En 2010, se dedicaron 1.024,8 millones que aportaron en un 32,7% el Estado y un 67,2% la Generalidad. Pero es a partir de 2011 cuando la desproporción es más fuerte: entonces el Estado baja su aportación a un 22,2% del total y la Generalitat la sube hasta el 77,08% de una cantidad que supera los 1.173 millones. Desde aquel año la cifra total oscila poco, pero la proporción de los aportantes sigue desequilibrando a. Así, en 2017 la Generalitat aportaba el 84,2% y el Gobierno central el 15,3% restante.
La situación, pues, está marcada por varios componentes. Cada año la demanda de plazas residenciales ha sido más alta y las aportaciones públicas, desde 2013, más bajas. Esto ha llevado a las residencias del sector concertado a aplicar una política económica restrictiva, especialmente en cuanto a personal. Esta actuación se ha reforzado por las normativas de ratios que marcan el número de trabajadores y su calificación según los tipos de residencias. Uno de los efectos del estrangulamiento económico ha sido que las trabajadoras y los trabajadores hace 10 años que tienen los salarios congelados.
Personal, poco y mal pagado
El tipo de trabajo, muy desgastante, la falta de medios y la falta de personal explican la situación en que se encuentra el sector en Catalunya. Hace años que tanto las patronales como los sindicatos pedían 300 millones para un plan de choque que permitiera parar la sangría laboral y mejorar el servicio. La cifra no se ha aportado, a pesar de la existencia de manifiestos y actuaciones de todo el sector reclamando a las autoridades públicas fondos para dignificar el servicio.
Ante el panorama de carencia está el hecho de que los últimos años el sector de la geriatría ha estado en el punto de mira de inversores locales e internacionales. Constructoras, fondos de inversión, empresas de la sanidad privada han puesto sus ojos en la atención a la gente mayor. Este es un negocio claro, según explican fuentes bancarias. Según sus estudios, invertir en residencias es una oportunidad de oro porque se trata de “negocios recurrentes” o de ingresos fijos o periódicos que, además, presentan una baja morosidad (no llega al 1%, cuando la bancaria supera 9%) y por la existencia de una demanda in crescendo de acuerdo con las cifras de casi pleno empleo que muestra el sector.
Invertir en residencias es negocio claro porque son “negocios recurrentes” o de ingresos fijos que, además, presentan una baja morosidad
Fondos de inversión como Blackstone ya hace tiempo que han puesto sus ojos en la geriatría, en especial en las ciudades de Barcelona y Madrid. Buscan residencias en funcionamiento, a poder ser de al menos 150 camas. Entre los grupos españoles destacan Eulen Servicios Sociosanitarios, SAR Aquavitae y Sanitas Mayores o Domus Vi. Todas coinciden en que han adquirido decenas de residencias, tienen miles de trabajadoras y trabajadores y facturan todas por encima del centenar de millones y gestionan miles de plazas.
