Uno de cada tres muertes en Catalunya de coronavirus residía en centros geriátricos. ¿Tiene este hecho una relación directa con el modelo vigente de asistencia a las personas mayores? En nuestro país, la esperanza de vida al nacer ha aumentado hasta situarse en 2018 a 86,03 años para las mujeres y 80,48 para los hombres. Esta se encuentra por encima de la media de la Unión Europa que se calcula en torno a los 83,50 años para las mujeres y alrededor de los 78,3 para los hombres. Este aumento de la esperanza de vida se ve acentuado por la disminución de la tasa de natalidad que ha caído a 8,4 nacimientos por cada 1000 habitantes.
Es por eso que vivimos una situación de envejecimiento donde el 18,9% de la población se encuentra en la franja de más de 65 años. Este grupo de edad es el principal destinatario de la atención sociosanitaria, que comprende el conjunto de servicios requeridos por parte de personas con un grado reducido de capacidad funcional, física o cognitiva y que no pueden llevar a cabo de manera autónoma las actividades básicas de la vida diaria.
En Catalunya la atención enfocada a las personas mayores se articula principalmente en tres recursos asistenciales: los centros residenciales, los centros de día y las viviendas tuteladas para personas mayores. Tanto los centros residenciales como los centros de día se dirigen a personas en situación de dependencia pero se diferencian en que el primero es un servicio de acogida residencial y el segundo un servicio de acogida exclusivamente diurno.
Por último, las viviendas tuteladas son un servicio de acogida alternativo para personas mayores autónomas con una situación sociofamiliar que no permite permanecer en el hogar. Estos recursos para las personas mayores a la vez pueden clasificarse de acuerdo con su naturaleza jurídica: de iniciativa pública (de naturaleza pública), de iniciativa social (de naturaleza privada pero sin ánimo de lucro) y de iniciativa mercantil (de naturaleza privada con ánimo de lucro).
Actualmente la empresa privada es el principal proveedor del modelo residencial en Catalunya, ya que posee el 59% del total de plazas disponibles en establecimientos para la gente mayor, la siguen los establecimientos de iniciativa social con el 24% de las plazas y por último los establecimientos de iniciativa pública que proveen el 17% del total de plazas disponibles. La demanda de plazas públicas es claramente superior a la oferta, lo que produce que los usuarios tengan que optar por las iniciativas privada y concertada con el fin de satisfacer sus demandas.
Durante muchos años, las necesidades del colectivo de personas mayores se veían cubiertas a partir del modelo de atención residencial, sin embargo la mejora de las condiciones de vida y de la autonomía de esta población ha supuesto que las preferencias se hayan transformado. Para muchas personas mayores, permanecer en su hogar es su principal deseo pero la falta de alternativas existentes dentro del sistema alineadas con este modelo y el elevado coste de contratar asistencia privada dificultan que se cumpla. De especial relevancia es también el hecho de que muchos de aquellos que siguen viviendo en su casa lo hacen a partir de una implicación enorme de las fuentes informales de cuidados que proceden principalmente de las mujeres del entorno familiar, sin recibir retribución económica a cambio.
Las preferencias de las personas mayores, el cambio en las características demográficas de la población, el aumento de la tasa de dependencia y ahora más que nunca el estallido de la COVID-19 ponen de relieve la necesidad de repensar el modelo de atención a este colectivo.
La asistencia domiciliaria es un ámbito relevante de las políticas de servicios sociales y de salud pero a la vez esta no se encuentra totalmente integrada en los sistemas institucionales actuales pese a ser la primera preferencia para la mayoría de la gente mayor. En los países del sur de Europa (modelo mediterráneo), es a partir de la familia y de una intervención mínima del Estado que se lleva a cabo esta tipología de asistencia. La atención formal que se ofrece a los domicilios es muy residual ya medida que las necesidades aumentan resulta del todo insuficiente.
El factor clave es que la atención domiciliaria está integrada en una cultura que combina las ideas de acceso universal a los servicios con las ideas de independencia individual respecto a la familia como medio de financiación y cuidados. A medio camino entre el modelo mediterráneo y el nórdico, encontramos el modelo continental de países como Alemania o Austria. En este modelo, la atención domiciliaria recae en la familia y en la ayuda comunitaria. El Estado en este caso tiene un papel subsidiario que pasa casi exclusivamente para ofrecer apoyo a las familias para que éstas sigan desarrollando el rol de cuidadoras.
La crisis de la COVID-19 ha evidenciado que el modelo catalán de asistencia a las personas mayores ha quedado obsoleto y que es imperativo repensarlo en la dirección de hacerlo más comunitario y centrado en las personas respetando su autonomía y las sus preferencias. Se hace necesaria una implicación mayor de las instituciones públicas para que esta atención domiciliaria pase de ser residual en la clave de bóveda de un sistema más eficiente y de mejor calidad, que atienda las necesidades de las personas teniendo en cuenta, como ya se ‘dijo, que existe una mayoría de gente mayor que desea permanecer en casa con el apoyo activo de un sistema formal de cuidados.
Además, un modelo de estas características permitiría aligerar la carga que suponen los cuidados informales que llevan a cabo familiares directos o indirectos, normalmente mujeres. Esto reduciría los efectos negativos que este rol tiene sobre la salud de las cuidadoras. Es por tanto la hora de incluir el debate de la reforma del modelo de asistencia a nuestros mayores en la agenda política y social de Catalunya.
