España tenía en 2018 un millón más de personas de más 65 años que en 2010, pero en estos ocho años las plazas de los geriátricos sólo habían aumentado en 12.353, hasta 381.158, un déficit de 70.000 si consideramos la relación de 5 por cada 100 recomendada por la OMS. Y en el año 2030 las personas mayores llegarán a 15 millones, de modo que, si el ritmo de envejecimiento se mantiene, harán falta unas 250.000 plazas más. ¿Con qué modelo? ¿En qué condiciones? La dramática experiencia de las muertes causadas por el coronavirus en los geriátricos nos obliga a reabrir el debate de manera perentoria.
Hace diez años, la mayoría de los geriátricos estaban en manos de empresas familiares y muchos dependían de las cajas de ahorros, que dedicaban recursos asistenciales que permitían completar las ayudas públicas. Pero la crisis de 2008, que liquidó las cajas y abrió el camino de los recortes de las administraciones -casi 6.000 millones de euros desde el año 2012-, abrió la puerta de entrada al sector de fondos especulativos y de grandes empresas, que han convertido la atención de las personas mayores en un negocio que crece a un ritmo superior al 4% interanual.
De los 5.400 centros aproximadamente que hay en España, más de 4.000 son privados o concertados (con financiación pública) y unos 1.400 son de las administraciones. Las empresas privadas tienen 271.696 plazas, 42.000 más que hace diez años, y las públicas no llegan a 100.000, según el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El sector público, que es lo que garantiza el acceso universal, queda, pues, muy lejos de la relación recomendada por la OMS. Un dato más: de los 4.500 millones de euros que movía el sector en 2018, 1.370 millones (41%) procedían de la gestión de las plazas concertadas y de la gestión privada de las plazas públicas, y el resto, 2.655 millones, de la gestión directa de plazas privadas puras.
El sector público, que es el que garantiza el acceso universal a las residencias, queda muy lejos de la relación recomendada por la OMS
Ante el envejecimiento de la población y la falta de plazas públicas, fondos buitres, aseguradoras, constructoras y multinacionales ajenas a los ámbitos sanitario y asistencial han hecho grandes inversiones en residencias y centros de mayores -en sólo dos años, de 2015 al 2017, más de 2.000 millones de euros- y ya controlan, según las diferentes fuentes, entre el 25% y el 35% del negocio.
El sector, en manos de fondos buitre
La primera compañía del sector es la francesa Domus Vi (controlada por el fondo británico Intermediate Capital Group, que también tiene participaciones en empresas españolas como Konecta), que tiene 25.000 plazas, 198 centros y más de 21.000 trabajadores, y que el año 2018 facturó 543 millones de euros. Domus Vi tiene convenios con 15 comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, 45 ayuntamientos y 20 organismos públicos más y ofrece plazas concertadas en 74 de sus residencias y gestiona íntegramente 16 más, de titularidad pública. A finales del mes de marzo ya habían muerto más de 150 personas en ocho de las residencias del grupo en diferentes autonomías y las autoridades habían tenido que intervenir en cinco, entre ellas la de Premià de Mar, por falta de atención sanitaria o gestión irregular.
La segunda es la multinacional Orpe, también francesa, propiedad del fondo canadiense CPPIB y la familia Peugeot, presente en 22 países, que tiene en España 53 residencias y centros de día, con 8.800 plazas, y que en 2018 facturó 166 millones. La tercera es Amavir, del grupo Mulliez (principal accionista de Alcampo, Decathlon, Norauto y Leroy Merlin), con 83 residencias y centros de día, 6.400 plazas, 4.400 trabajadores y una facturación de 152 millones. También está el fondo británico de capital riesgo CVC (6.600 plazas y 3.000 empleados) y la francesa Colisee, del fondo IK Investment Partners (3.300 camas y medio centenar de centros).
Entre las aseguradoras destacan el gigante europeo Korian, que tiene 53.000 trabajadores (2.000 plazas), la española Ballesol (controlada por Santalucía, con 46 centros, más de 7.000 plazas, 3.200 trabajadores y 143 millones de facturación en 2018) y Caser Residencias (en manos de Helvetia, con 3.000 plazas, 2.500 empleados y 20 centros).
También hay constructoras y empresas sanitarias, beneficiarias de contratos públicos, como Clece, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez, que gestiona íntegramente o parcialmente los servicios de 145 residencias y 92 centros de día que acogen 17.000 personas; Sacyr, que atiende a más de mil residentes en 10 centros, y Sanitas, propiedad de la británica BUPA, que tiene 47 y más de 6.200 plazas.
En Catalunya, es notable el grupo asegurador Mutuam, propiedad de antiguos altos cargos de Convergència, responsable de centenares de geriátricos del área de Barcelona, el Baix Llobregat y el Valles, desde que la Conselleria de Salut, en 2009, privatizó parte de la atención sanitaria de los mayores. Mutuam gestiona los centros gracias a convenios anuales con CatSalud, muchos de ellos sin concurrencia.
Las grandes inversiones de los últimos años en residencias las hacen empresas ajenas a los sectores sanitario y asistencial, gracias a los contratos públicos y tienen un carácter puramente especulativo
Las grandes inversiones de los últimos años en residencias y centros de día las hacen, pues, empresas ajenas a los sectores sanitario y asistencial, gracias en parte a los contratos públicos con las diferentes administraciones, y tienen un carácter puramente especulativo. Naturalmente, no todos los centros privados, concertados o gestionados por empresas privadas son así. Pero la mercantilización del sector y falta de control de la Administración deja en manos de las personas que los gestionan la calidad de la atención que reciben los residentes.
Al día siguiente de la pandemia -y no más tarde- tanto el Gobierno central como los autonómicos que tienen transferidas las competencias deberán inspeccionar a fondo qué ocurre en los centros de personas mayores, revisar -y anular si hace falta- las concesiones y los convenios vigentes y abrir todas las vías para evitar en el futuro que los intereses de los especuladores prevalezcan sobre la dignidad y la vida de los ancianos.
