Familiares harán una denuncia colectiva a Fiscalía por las muertes en residencias

La terrible situación que se ha dado en muchas residencias geriátricas de Catalunya con la muerte de miles de ancianos será objeto de una denuncia colectiva que preparan familiares de personas ingresadas en estos espacios. La intención, según una portavoz, es que se aclaren las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación.

“Queremos que se investigue qué ha pasado en esta situación de pandemia en las 1.073 residencias de Catalunya, por eso hemos entregado documentación a la Fiscalía con la esperanza de que haga una investigación a fondo y que los responsables, si los hay, paguen las consecuencias de sus acciones”, afirma María José Carcelén, portavoz de la asociación impulsora de la acción judicial, la coordinadora 5 + 1. La asociación tiene su origen en los familiares de 5 residencias públicas de Barcelona que tenían cedida la gestión a una empresa privada, concretamente una filial de la constructora OHL. Pero ahora, en la denuncia hay documentación recopilada al menos por familiares de 11 residencias.

En el año 2016 viendo las malas condiciones de atención a las personas residentes de las cinco residencias, públicas (Alchemika, Bertran y Orihuela, Bon Pastor, El Molí y Mossèn Vidal i Aunós, todas ellas dependientes de la Generalitat de Catalunya), los familiares de internados decidieron crear una coordinadora para denunciar el deterioro del servicio, fruto de la privatización de la gestión. Al Cinco inicial añadieron el +1 para dejar claro que está abierta a otras incorporaciones de familiares. La coordinadora 5 + 1 alcanzó su objetivo y la Generalitat retiró la gestión de las instalaciones denunciadas, pero esto, después de muchas protestas y manifestaciones.

La Coordinadora 5 + 1 a partir de su experiencia y de recibir cientos de denuncias de situaciones irregulares en su buzón de correo electrónico (coordinadoraresidencias@gmail.com), ha recopilado la información con la que presentará una denuncia a Fiscalía para investigar las irregularidades que pueden haber costado la vida de muchas personas. La acción judicial la harán unas 90 personas, familiares de residentes, pero tendrá el apoyo de organizaciones de larga trayectoria en defensa de la salud y los servicios públicos, como Marea Blanca y también, entre otros, la Plataforma en defensa de los servicios públicos, que se creó una vez se tumbó la ley Aragonés.

Carcelén explica que antes del 19 de marzo, fecha de proclamación del estado de alarma, «estábamos pendientes de la situación. Sabíamos lo que había pasado en Italia y en otras Comunidades Autónomas y queríamos evitar las situaciones que desgraciadamente se produjeron ».

Previsiones que no se cumplían

El 19 de marzo un documento que formaba parte de la documentación de la declaración de alarma incluía una instrucción que «dejaba claro que con la dotación que tenían las residencias, el problema de la Covid-19 no se podría afrontar», dice Carcelén. «No había en las residencias equipo médico suficiente para detener la epidemia, tampoco había suficiente personal de atención, además, como las habitaciones suelen ser dobles, no se podía garantizar el aislamiento».

Ante esta situación, la coordinadora dirigió una carta a la Generalitat pidiendo acciones contundentes para evitar que la epidemia entrara en las residencias. «Pedimos que se cerraran los centros de día, porque estaba claro que en estos lugares había mucho contacto entre las personas que iban y los residentes». También reclamaron que se evitaran las visitas de familiares, porque podían ser vectores de contagio. Otro aspecto que la coordinadora reclamó, sin éxito, fue que se evitara el uso masivo de transportes sanitarios, porque podían ser puerta de entrada del coronavirus, «estaba claro que en un mismo vehículo se podía haber transportado una persona contagiada y luego ser usado para mover personas sanas», explica Carcelén.

Otro aspecto que pidieron, sin resultados, fue que los trabajadores de las residencias tuvieran Equipos de Protección Individual (EPI) que evitaran las contaminaciones. «Pensamos que una vez cerradas las residencias la vía de entrada eran los trabajadores, pero si no tenían equipos de protección, el contagio llegaría finalmente a los residentes, pero no llegaron» , afirma la portavoz.

Medidas contra el desastre

El 23 de marzo la coordinadora envió una nueva comunicación a la Generalitat, en ella, además de manifestar su preocupación por la situación de los residentes, reclamaban, de nuevo, equipamiento médico para las residencias y sobre todo que en caso de que se detectaran síntomas entre los residentes se hicieran las pruebas adecuadas para averiguar si estaban contagiados y que los enfermos, en primera instancia los sacaran de las residencias en una especie de paso intermedio para evitar el colapso de las instalaciones médicas. Y si empeoraban se llevaran «como en cualquier otro caso» a los hospitales, dada la situación de salud delicada que suelen tener los ancianos en las residencias. Y en el mismo sentido, si se constataban casos, que aislasen residentes y trabajadores.

Justo cuando la epidemia estaba en su momento más álgido, Carcelén explica que se dio un fenómeno inexplicable: «durante semanas en las residencias no se hizo nada. No enviaban a ningún enfermo al hospital. Queremos pensar que las residencias pidieron los traslados», explica. El hecho es que al fin, cientos de enfermos murieron sin asistencia sanitaria, «una asistencia a la que tienen derecho al igual que cualquier otra persona» explica. Otras incógnitas que plantean en la denuncia son el número de personas que murieron en las residencias mientras no había acceso de los familiares y si estas muertes fueron producidas por el coronavirus o si podían haberse evitado con un cuidado adecuado.

La falta de información fiable supuso para estos familiares de residentes una tensión difícil de soportar. «Las medidas que pedimos a la Generalitat no se adoptaron. Había que actuar con rapidez y no se hizo. Tenemos claro que las residencias no tenían herramientas para reaccionar, y llegaron a una situación límite». Carcelén añade que «las residencias, aunque se equiparan médicamente, no era suficiente, porque no se hicieron los tests necesarios. Aunque hubiera un médico y un enfermero en las residencias, si entra la epidemia es difícil reaccionar si no se envía a las personas con síntomas claros a lugares donde los puedan intentar curar, primero en espacios limpios y si es necesario en los hospitales».

María José Carcelén explica que, «difícilmente, si en las residencias no hay personal médico, por las noches se puedan atender enfermedades como la Covid-19. Piensa que en muchas entidades no existen mecanismos para hacer transfusiones endovenosas y muchas personas mayores tienen disfagia y no pueden tomar líquidos. Esto explicaría que los hospitales hayan llegado ancianos deshidratados y desnutridos».

Intervención insuficiente

En opinión de la coordinadora de familiares de ancianos, la intervención que ha hecho Sanidad en las residencias, difícilmente resolverá la situación causada por la epidemia. «No basta con que las residencias sean visitadas dos o tres veces por semana por médicos y enfermeras de los CAP», afirma. Incluso ahora, cuando parece que la virulencia de la enfermedad ha bajado muchos grados, «cuando abrimos el buzón de correo electrónico de la asociación nos encontramos un alud de denuncias que muchos días pueden afectar 11 o 12 residencias», afirman.

La asociación, que ahora representa a familiares de internados de muchas más residencias de las que comenzaron el movimiento, se encuentra que en algunos casos la Fiscalía ha iniciado de oficio investigaciones. Esto ha pasado en Sabadell, y en la Comunidad de Madrid también ha empezado a investigar la Fiscalía de ese territorio.

«Queremos saber la relación de personas mayores desde el 1 de marzo. Cuántas murieron en las residencias. Cuántas no pudieron ir a los hospitales y si ello se pidió. Y si se negó el traslado, quién lo hizo», dice Carcelén, que acaba denunciando:«se ha producido un trato discriminatorio por razón de edad, se ha dejado mucha gente sin la asistencia a la que tenían derecho».

Lo cierto es que en Catalunya, según los datos de la Generalitat han muerto por efectos del coronavirus 10.682 personas. En el recuento estatal las víctimas catalanas de la pandemia suman 5.270. Sea uno u otro, el hecho es que dos de cada tres defunciones se produjeron entre personas mayores, la mayoría de las cuales estaba internada en residencias. Y eso bien merece ser investigado.