Podemos llegar a entender que las diferentes administraciones, así como los centros sanitarios y geriátricos, se hayan visto sorprendidos por la llegada de la pandemia que estamos sufriendo, dado el desconocimiento general que existe de esta terrible enfermedad y de su frenético ritmo de propagación. Si hacemos caso de los datos corregidos recientemente por la Generalitat, han muerto más de 7.000 personas por este hecho sólo en Catalunya en el último mes y medio, y unas 20.000 más en el resto del estado.
Los más afectados han sido las personas mayores con patologías previas (las más vulnerables). En este caso, nuestras autoridades no han actuado con la rapidez exigible, ni con los medios adecuados para protegerlas. Esto ha supuesto una auténtica catástrofe humana que tiene sus responsables políticos.
La responsabilidad política no viene sólo de dilucidar quién ha actuado en primer lugar o si se había de declarar el estado de alarma y el confinamiento unas semanas antes. Porque una vez intervenidas las consejerías de salud y la red hospitalaria por el Gobierno de España, ahora es bien difícil determinar hasta qué punto es responsabilidad del Gobierno Central o de la Generalitat.
La responsabilidad la tenemos que ir a buscar a la raíz de todo. Es decir, en la construcción de un sistema y una red de salud, que cada vez más ha convertido el cuidado de las personas en el negocio de unos pocos y no en una obligación de las administraciones, que para eso administran nuestros dinero a través de los impuestos.
Por un lado, es normal que haya defunciones en los geriátricos, dado que es donde se encuentra la gente mayor y este virus los ataca más a ellos. Pero esto no excluye nuestro deber de mirar con lupa de qué forma estaba funcionando el modelo de atención a los residentes en los equipamientos de los que disponían. La inmensa mayoría de las residencias de ancianos son centros privados donde no se ha ejercido el control público al que estaban obligadas las administraciones. Sin embargo, las residencias públicas han visto cedida su gestión en manos de fundaciones religiosas o civiles. Y como hemos visto, no estaban bien controladas.
La inmensa mayoría de las residencias de ancianos son centros privados donde no se ha ejercido el control público al que estaban obligadas las administraciones
Tratar la función del cuidado de las personas mayores como una posibilidad de beneficio en vez de una obligación de proteger a la gente sin discriminación de edad, conlleva la contratación, en muchos casos, de personal poco cualificado y precarizado, con contratos abusivos en sus condiciones (horarios y sueldos de miseria).
A todo lo mencionado, hay que añadir también que las enfermedades de las personas residentes en los centros no son controladas por la atención primaria de su localidad, sino que se sitúan fuera de esta red y no son atendidas por el sistema público. La Generalitat tiene contratadas para los diferentes centros una o varias empresas privadas que hacen esta atención, la cual ha resultado del todo ineficaz para hacer frente a una situación sorpresa. Esto es una prueba de que aunque los contratos son millonarios, actuaban sin ninguna previsión ni stocks de material de protección para los trabajadores y trabajadoras.
Se trata pues, de una evidente perversión del sistema, porque las personas residentes no han perdido su “status” de ciudadanía, y por tanto, tienen los mismos derechos y servicios que el conjunto de la ciudadanía.
Marea Blanca denuncia desde hace mucho tiempo que este desperdicio de dinero ponía en peligro la salud de los mayores. Y como siempre, estos avisos se han ignorado por parte de las administraciones
Ahora todo el mundo se pone las manos en la cabeza por la cantidad de muertos que hay en las residencias y geriátricos, pero ya hace tiempo que se denuncia la falta de personal previa y la falta de personal sanitario
Ahora todo el mundo se echa las manos en la cabeza por la cantidad de muertos que hay en las residencias y geriátricos, pero ya hace tiempo que se denuncia la falta de personal previa y la falta de personal sanitario. Como ejemplo de ello, en muchas residencias no hay médico 24 horas, ni servicio de enfermería en horario nocturno. En el mejor de los casos, en el turno de la noche sólo hay una gericultora por planta, por 28-30 residentes, sin ningún otro profesional.
En consecuencia, pedimos que se adopten las siguientes medidas para evitar más contagios:
- Facilitar EPIs a las residencias, para proteger a las personas mayores/dependientes, así como al personal sanitario. Dado que estos últimos son los que entran y salen de los centros, es imprescindible la entrega de todo el material adecuado para la protección, como son los guantes y las mascarillas.
- Hacer tests en todas las residencias.
- Aislar a las personas mayores que den positivo y atenderlas en unidades medicalizadas. Aplicar también esta medida a las personas que tengan síntomas y no se les haya podido hacer la prueba.
- Intervenir las residencias en las que haya sospecha de negligencia u omisión de socorro.
Una vez dejemos atrás esta grave situación, exigiremos que se lleve a cabo la investigación pertinente para depurar responsabilidades por los casos en los que haya habido negligencia u omisión del socorro que toda persona merece.
Hay que cambiar el actual sistema de atención a nuestros mayores para hacerlo más humano, con más atención primaria y más plazas públicas en residencias y geriátricos.
Las queremos 100% públicas con control democrático de familias y actores sociales. Nunca más desatención a nuestros mayores.
Maica Hervas es miembro del grupo coordinador de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública Baix Vallés / Marea Blanca de Catalunya
