El confinamiento decretado el pasado 14 de marzo ha puesto en evidencia, de manera drástica, la persistencia de la violencia machista. Las consultas al teléfono de atención a las víctimas (016) se han incrementado un 47,3% entre el 1 y el 15 de abril con respecto al mismo período del año anterior y las consultas on line un 650%. El reciente feminicidio en Corbera de Llobregat (Barcelona) es el resultado más terrible de cerrar a las mujeres con sus agresores.
Sin embargo, el incremento de esta violencia era una situación que se podía prever. La excepcionalidad del confinamiento, donde la convivencia es permanente y forzosa y la movilidad reducida o nula, favorece las situaciones de conflicto y de violencia, con el agravante de la dificultad para buscar apoyo social, contactar con familiares o personas de apoyo, profesionales o servicios. Sin embargo, el primer Estado de Alarma no contempló estos casos ni les otorgó la importancia necesaria. No fue hasta el 31 de marzo -quince días después de la declaración oficial de la excepcionalidad- cuando se presentó el Plan de Contingencia en referencia a la violencia de género. El nuevo Real Decreto considera esenciales los servicios de atención a las víctimas y permite a las comunidades autónomas utilizar determinados fondos para reforzar los servicios durante la crisis de la COVID-19.
Frente a esta situación, tanto a nivel estatal como comunitario, se han puesto en marcha varias medidas dirigidas a garantizar la atención a las mujeres en situación de violencia. Algunas de las iniciativas han sido el refuerzo de las líneas de atención telefónica, la intensificación de la difusión de los números, la implantación de la modalidad escrita a través del correo electrónico y la apertura de una línea de mensajería inmediata vía whatsapp. Por su parte, asociaciones y colectivos feministas locales han divulgado estos servicios a través de sus redes sociales, haciendo hincapié principalmente en la importancia de mantener las redes y el contacto con amigas y familiares para poder sentirse cuidadas y más seguras. Ahora, más que nunca, debemos apelar a la sororidad.
Pero no se trata, únicamente, de ampliar de manera simple los servicios y su divulgación. El ICD publica “El estado de confinamiento derivado de la situación de emergencia sanitaria por la Covidien-19 provoca un impacto claro en las mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas, especialmente aquellas que sufren situaciones de riesgo”. Por tanto, cabe preguntarse; cuáles son las situaciones de mayor riesgo? Qué mujeres acceden a estos servicios? Cuáles quedan excluidas y por qué razones? Y, la más importante; como se entrecruzan los diferentes ejes de desigualdad a las mujeres y con qué impacto?
Aunque la ley catalana 5/2008 incorpora la palabra machista en el título y la definición de las violencias que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, el concepto ‘violencia de género’ es el utilizado más extensamente y la legislación estatal vigente lo interpreta de una forma muy limitada y lo restringe a las relaciones de pareja heterosexual y queda prácticamente circunscrito al ámbito doméstico. Este marco legal y jurídico excluye a muchas mujeres de ser reconocidas como víctimas. Y lo más grave, durante este confinamiento, todas estas víctimas no reconocidas, no pueden acceder a las ayudas y los refuerzos incorporados por las instituciones para paliar el aumento de las situaciones de violencia, aunque su riesgo aumenta de igual forma.
Las ocupaciones del ámbito doméstico, social y de cuidados, altamente precarizados, han sido los más castigados con los recortes de los últimos años. Como consecuencia, es uno de los sectores donde la pandemia está afectando con más fuerza y empeorando aún más las condiciones laborales. Estos sitios son ocupados en un 80% por mujeres. Además, el 70% del trabajo de cuidados se realiza sin contrato mayoritariamente por mujeres migradas. Estas mujeres, que tal vez están alejadas de sus familias y de sus redes, pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad: situación administrativa irregular, depender de sus maridos económicamente o en forma de reagrupación familiar, entre otros. Si se encuentran, además, en una situación de violencia, recluidas con su agresor, el peligro aumenta de manera exponencial. Sin embargo, no son merecedoras de los recursos disponibles, y sus múltiples situaciones de violencia seguirán más invisibilizadas que nunca.
Estos son sólo unos mínimos ejemplos que nos permiten acercarnos a la idea de la necesidad inmediata de incorporar una perspectiva interseccional para el abordaje de todas y cada una de las manifestaciones de las violencias machistas. No tenemos que aceptar que el mismo sistema nos ponga en riesgo, sin además, adjudicar responsabilidad a los estados.
Hablar de interseccionalidad significa asumir que existen otras matrices de dominación más allá de las consecuencias del patriarcado. Dejar de lado el género como único eje de desigualdad e incorporar otros elementos de estratificación e identidad como pueden ser la clase, la raza, la etnia, la identidad sexual o la diversidad funcional entre otros, que pueden atravesar a una sola mujer en un momento determinado y que pueden llevarla a una situación de vulnerabilidad importante. En definitiva, tener en cuenta los determinantes sociales de la salud.
Este cambio de paradigma incluye una visión más compleja y holística de las personas y puede ampliar la mirada hacia una perspectiva global, donde las experiencias individuales sean consideradas, y los condicionantes que legitimen la situación de víctimas no vengan determinados por estereotipos arraigados en el imaginario colectivo, estándares de comportamiento, perfiles sociales o inclusiones jurídicas y legales. Las estrategias políticas interseccionales deben partir de un análisis real y completa sobre las diversas formas y ámbitos en los que se puede producir violencia machista, teniendo en cuenta situaciones de pobreza, de extranjería, de acceso al mercado laboral, de salud … deben ser críticas con el esencialismo, incidir en la problemática estructural e institucional existente y fomentar la autonomía y la responsabilidad de la víctima,
El confinamiento, provocado en este caso por la pandemia, nos obliga a alejarnos de las redes de apoyo y de cuidados extrainstitucionales (asociaciones, vecinas, amistades…) a las que algunas mujeres tienen que recorrer, ya que no son amparadas por nuestro sistema político y social. La situación actual pone de relieve la necesidad de adecuar las estrategias políticas y jurídicas, así como las herramientas y la ampliación de los recursos bajo un paraguas más amplio donde puedan entenderse y protegerse de manera real a todas las mujeres, muchas de las que son atravesadas por varios ejes de opresión y de desigualdad, sin que tengan que ver limitadas por ningún motivo.
Agradezco a Ana Martinez, su revisión, aportaciones y por animarme a escribir
