Hace más de dos meses que comenzó la crisis del coronavirus y paralizó la vida y la economía. Muchas empresas y fábricas pararon la actividad, mientras miles de trabajadores sufrían ERTEs o perdían sus trabajos. Ahora bien, la parte de la vida que no se paró, tuvo que adoptar un ritmo frenético, por pura supervivencia. Nos vienen a la cabeza los trabajadores sanitarios, de supermercados, personal de limpieza… Pero si pensamos en quién ha asumido gran parte del trabajo para detener el choque que ha supuesto la crisis social del coronavirus, la respuesta es el tercer sector.
Los efectos socioeconómicos de la pandemia están dejando estragos y garantizar el acceso a las necesidades básicas se ha vuelto una prioridad. Se han tenido que multiplicar las horas de los trabajadores y trabajadoras de entidades del tercer sector, como se han multiplicado las redes de voluntariado para facilitar el acceso a las prestaciones y hacer frente a una realidad que ha pegado fuerte: el hambre. Y es que muchas entidades han redirigido y adaptado parte de sus servicios para prestar atención a familias con fuertes problemas económicos, repartiendo alimentos o haciendo entrega de material informático para teletrabajar o seguir la educación online.
“No podemos hacer acompañamiento para acceder al mercado de trabajo en esta situación a personas que tal vez, no pueden ni comprar alimentos”, asegura Sira Vilardell, presidenta de la Fundación Surt. Esta entidad trabaja para hacer efectivos los derechos de las mujeres, con una fuerte focalización en la inclusión en el mercado laboral, pero estos meses “la emergencia nos ha llevado a trabajar para atender las necesidades básicas”. Aseguran que la atención que sirven se ha triplicado: asesoran para la solicitud prestaciones y ayudas para pagar el alquiler, todo ello “sin dejar de hacer el trabajo que hacíamos”.
Para conseguir cubrir este aumento de demanda, con la imposibilidad de contratar más personal, debido a una situación económica frágil, entidades como Surt aseguran que los equipos de trabajadores han tenido que “multiplicar horas de trabajo para dar respuesta allí donde hay necesidad” y reinventar las tareas para adaptarlas a las nuevas demandas. Ahora bien, este sobreesfuerzo del personal, así como el inicio de los nuevos servicios, todo ello cumpliendo las medidas de higiene y seguridad, no sale gratis.
Y es que, según datos de la Confederación del Tercer Sector, entre marzo y mayo, las 3.000 entidades sin ánimo de lucro que forman parte de ella han tenido que asumir unos sobrecostes que suman casi 85,5 millones de euros. Estos costes implican la compra de EPIs, adecuación al teletrabajo y de las instalaciones, contratación de nuevo personal, etc. Y al otro lado de la balanza, encontramos que la pérdida de ingresos por la aplicación de medidas preventivas asciende a más de 533 millones.
Subvenciones antiguas que no se pagan y las nuevas que no llegan
A este baile de números se suma otro bache, que es el de la financiación. Estas entidades, en su gran mayoría, se financian principalmente de subvenciones y ayudas de administraciones públicas. Administraciones que acumulan una deuda de más de 75 millones de euros en facturas vencidas de 2019 y 83 millones en subvenciones que fueron adjudicadas y ejecutadas y aún no se han pagado. Hablamos de una suma de más de 158 millones de euros, “dinero que, por cuestiones burocráticas, aún no han llegado, pero no contemplamos su impago”, asegura Joan Segarra, presidente de la Confederación.
Así, aunque estas subvenciones ya aprobadas deberán pagarse en algún momento, lo que hace sufrir al sector son las subvenciones que han de venir: “prevemos que alguna subvención no salga, sobre todo aquellas vinculadas a fondos estatales”, apunta Segarra, quien recuerda que ya se han anunciado recortes relativos a las políticas activas de empleo. En esta línea, Sira Vilardell reconoce que lo que les asusta más “no es lo inmediato sino el futuro, las subvenciones que no sabemos si vendrán y convocatorias que no sabemos si saldrán”, afirma. Desde Surt ya han empezado a hacer previsiones en base a una reducción de ingresos en vista de una “contención de los presupuestos, porque ahora se vierten muchos recursos públicos a hacer frente a esta crisis, pero ¿qué pasará cuando pase la emergencia más visible?”, se pregunta Vilardell, quien asegura que “la pobreza continuará creciendo”.
Es por ello que, ya a finales de abril, el Tercer Sector elaboró un plan de choque con 12 medidas para la reactivación económica del sector y hacer frente a la crisis. Entre las medidas destacan activar líneas de ayuda para las entidades, facilitar la liquidez, resolver qué pasará con las subvenciones que han quedado suspendidas durante el estado de alarma y aumentar la partida dirigida a los servicios sociales a los presupuestos 2020 de la Generalitat. Las entidades están a la espera de respuesta, pero “nosotros no podemos parar porque mientras, hay gente que no puede esperar”, resume Vilardell.
“No contemplamos cerrar servicios; al contrario, reivindicamos el incremento de servicios de acción para que el incremento de demanda ya es manifiesto e irá a más”, apunta Segarra. Y es que la gestión de la situación despierta el temor de que la emergencia pueda “hacer retroceder políticas sociales que ya existen: nos da miedo que se tomen medidas de urgencia y cortoplacistas que a la larga nos hagan dar un paso atrás”, dice Vilardell, quien reclama “políticas valientes, pero estables”.
La inestabilidad del voluntariado
Ante la magnitud de la emergencia social y en vista de que ni las administraciones ni el tercer sector no dan alcance para atenderla, durante esta pandemia hemos visto cómo los grupos de voluntariado y de solidaridad vecinal han crecido exponencialmente. Sobre todo en aquellos barrios más desfavorecidos. Uno de ellos es San Roc, en Badalona. En este barrio, que ya contaba con un fuerte asociacionismo vecinal antes del coronavirus, ha visto cómo la atención a las personas mayores, los problemas de vivienda y el asesoramiento jurídico iban pasando a un segundo plano y su trabajo principal pasaba a ser hacer frente a las necesidades alimenticias.
Las entidades y Servicios Sociales de Badalona están colapsadas. “Ya lo estaban antes, pero ahora tenemos que sumar toda la gente que no era usuaria porque podía completar sus ingresos con la economía sumergida. Ahora esto se ha parado y como no pueden justificar la pérdida de trabajo, no tienen derecho a las prestaciones. Así que cubrimos las carencias con voluntariado”. Así habla Carles Sagués, de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, ahora integrada en la Xarxa Solidària de Badalona.
Sagués se muestra crítico con la actitud de las administraciones, con las que aún no han alcanzado una buena manera de cooperar para hacer frente a la crisis. “Son trabajadores de Servicios Sociales que, de manera individual y que nos conocen, nos derivan casos que no pueden atender”, dice Sagués, quien se queja de que no haya una colaboración estable. Y es que Sagués opina como Vilardell o Segarra y está seguro de que la emergencia social irá a más, aunque la pandemia haya pasado.
“Parece que el día que termine la desescalada la crisis se habrá arreglado, pero seguirá habiendo una precariedad brutal”, afirma Sagués, quien teme que las ayudas públicas y las políticas de atención social se acaben cuando se termine la emergencia. Y también sufre por el destino de las entidades del tercer sector que puedan ver recortados sus fondos. Y es que la Xarxa Solidària de Badalona, como muchas otras iniciativas solidarias, dependen en parte de las donaciones de comida de entidades del tercer sector.
Sin ir más lejos, las 500 comidas que reparten diariamente en Sant Roc provienen de la Fundación F. Roca. “A algunas entidades se les están recortando recursos y, por tanto, tendrán que recortar en gastos”, reflexiona Sagués. Pero lo que está claro es que, vengan de donde vengan y los reparta quien los reparta, estas 500 comidas seguirán siendo necesarias.
Y es que otra cosa que hace sufrir a las redes de voluntariados es que, una vez pase la emergencia más visible, el grueso de voluntarios también caiga. En la misma Xarxa Solidària de Badalona han tenido un gran incremento de personas voluntarias. Actualmente cuentan con 500, pero saben que muchos se irán. “Una parte comenzará a trabajar, otra tendrá menos tiempo para hacer estas cosas y otras pensarán que lo más grave de la crisis ha pasado y que ellos ya han hecho su aportación”, reflexiona Sagués, quien asegura que, desde la red, ya están buscando alternativas.
Si algo han dejado claro la sociedad y los gobiernos es que ante una crisis de estas magnitudes, existe la capacidad de actuar. Y actuar rápido. La duda que queda es saber si estamos ante muestras de solidaridad y políticas públicas sostenibles en el tiempo. “Si tenemos la capcidad de actuar tan rápido, también tenemos que poder hacerlo estable, garantizar ya, de una vez por todas, los derechos básicos de una manera no estigmatizadora”, dice Vilardell. “Debemos asegurarnos de que estas medidas no sean un parche y que al final, como siempre, dejemos de lado aquellos que más lo necesitan”, concluye.
