La Covid-19 se ha convertido en una pandemia global que precisa de una respuesta común y coordinada para hacerle frente. Son palabras de la Organización Mundial de la Salud, que la ha descrito como la peor crisis internacional desde la Segunda Guerra Mundial. En la misma línea, el PNUD lo ha calificado de “crisis sanitaria, económica, humanitaria y de desarrollo” y ha anunciado el riesgo de perder hasta dos décadas de avances en desarrollo en muchos países si no se coopera de manera efectiva.
Vistos los efectos que la enfermedad está provocando en un país como el nuestro (una rápida expansión que ha supuesto el colapso de un sistema sanitario debilitado en los últimos años por las privatizaciones y los recortes, y la consiguiente crisis económica, que afecta de manera especial a los trabajadores autónomos y las personas que integran los sectores laborales más precarizados), podemos imaginar las consecuencias devastadoras que puede llegar a ocasionar en los países empobrecidos, que presentan sistemas sanitarios mucho más frágiles y economías altamente más informales.
Desde el inicio de la epidemia, hemos visto cómo se ponían en marcha estrategias diversas en diferentes puntos del planeta, y una cosa ha quedado clara: la existencia previa de un sistema sanitario fortalecido y estable es clave para poder afrontar con garantías la lucha contra el coronavirus. Es el caso de Cuba, donde no sólo se está consiguiendo mantener controlada la epidemia en el interior del país, sino que además se está contribuyendo a hacerle frente en el exterior, mediante el envío de brigadas médicas y cooperantes sanitarios.
Otro factor clave es la prevención. Incluso en países donde los sistemas sanitarios están bastante debilitados, como, por ejemplo, Portugal, se ha podido constatar desde un primer momento la importancia de establecer medidas preventivas para evitar la rápida expansión del virus entre la población.
Estos dos elementos, sistemas sanitarios fuertes e inversión en prevención, centran la labor de muchas de las organizaciones que nos dedicamos a la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. Entre el trabajo que realizamos para garantizar el derecho a la salud de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, esta es una estratégica básica para combatir epidemias como la de la Covid-19.
En los países del Sur la pobreza, el acceso insuficiente al agua potable o situaciones de conflicto armado hacen que el acceso a los equipamientos sanitarios y la atención médica sea más complicado
En los países del Sur, además, la pobreza, el acceso insuficiente al agua potable o situaciones de conflicto armado hacen que el acceso a los equipamientos sanitarios y la atención médica sea más complicado. A ello se suma a menudo la imposibilidad de confinamiento, ya que las personas que trabajan en economías informales (más del 50% en estas regiones), tienen que salir a trabajar cada día para garantizar la subsistencia.
El derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, concretamente en el artículo 25: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para él y su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios”.
En este contexto, desde la Asociación Catalana por la Paz hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización para hacer frente a la emergencia de la Covid-19 en cuatro países con idiosincrasias muy diferentes pero también puntos en común, como son Colombia, el Líbano, la República Democrática del Congo y Mali. Países donde venimos trabajando desde hace muchos años y en los que nuestra acción coordinada con diferentes entidades socias locales nos asegura poder ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades reales de las poblaciones afectadas.
Esta es una crisis sanitaria, económica, alimentaria y también ética. Si no aprovechamos la coyuntura para fortalecer nuestros sistemas públicos, ni cooperamos para fortalecerlos también en el resto de los países, no saldremos de esta. Los científicos advierten que habrá más pandemias y esto convierte la defensa del bien común, los derechos humanos y de la solidaridad internacional en un imperativo inexcusable.
