El curso 19/20 será recordado por la Covid19, por la enfermedad y las muertes de quien la ha vivido de cerca, y el confinamiento general que lo detuvo casi todo. Los centros educativos cerramos precipitadamente un doce de marzo, en principio por quince días que se han alargado hasta el mes de junio. Será un curso recordado por un marco de excepcionalidad, si es que el curso 20-21 vuelve a la normalidad anterior a la pandemia. Está claro, sin embargo, que el regreso a la situación anterior debe tener en cuenta el riesgo de contagio que pueda haber y actuar en consecuencia para no volvernos a poner en riesgo.
Estos últimos días hemos visto artículos, manifiestos, etc, que afirman que con el confinamiento se ha vulnerado el derecho a la educación. Sería bueno pensar en quien ha perdido algún ser querido estos días para situarnos en un orden de prioridades, el primero de los cuales sería el derecho a la salud, a la vida. Podemos hablar, eso sí, de que la educación se ha visto afectada. En este mismo sentido se ha hablado de la emergencia sanitaria para hablar a continuación de la emergencia educativa. Pienso que el sentido de la proporción es importante, ya que nadie se va a morir por no tener un maestro presencialmente delante, pero un médico probablemente sí. Y la emergencia educativa hace tiempo que existe y que la denunciamos, así como la emergencia social, climática, etc. No ha aparecido debido a unos meses de confinamiento, sino por unas políticas y un modelo de desarrollo determinado.
Continuando en esta línea, también se ha llegado a afirmar que los sanitarios ya han cumplido y que ahora les toca a los maestros, como si hubiéramos estado de brazos cruzados durante estos meses. Y todo en medio de las clásicas acusaciones de corporativismo egoísta cuando exigimos las condiciones para poder hacer dignamente nuestro trabajo. Se resucita el clásico intento de responsabilizar al sistema educativo del problema de conciliación de la vida laboral y personal, vistiendo esto de tarea social. Como siempre, se pasa de largo por otras medidas, como por ejemplo de la flexibilidad laboral que sólo ha servido para que las empresas hagan ir la gente a trabajar cuando les interesa más, no cuando a las familias les va mejor por horarios. Siempre hacia el mismo lado.
Y a partir de ahí enfocamos hacia septiembre y el nuevo curso 20-21. Los hay que han corrido a decir que “no se puede aceptar de ninguna manera una vuelta semipresencial o telemática”. No creo que haya nadie que quiera un curso como el 19-20, pero la realidad suele ser terca y eso en todo caso dependerá de la situación de la pandemia, de si va remitiendo, de si hay rebrotes y de las informaciones sobre el riesgo de contagio que puedan ir mostrando estudios y pruebas.
El Departament ha dibujado un decorado muy caro, medidas para que las familias crean que pueden colocar a las criaturas sin riesgo, pero que no serán efectivas, porque son inviables, y que además dificultan la acción educativa
El Departament d’Educació ha dibujado un decorado muy caro, unas medidas para que las familias crean que pueden colocar a las criaturas sin riesgo. Unas medidas que no tienen mucho efecto desde el punto de vista de la seguridad, porque son inviables, y que además dificultan la acción educativa. Alumnos separados por 4m2, sin poder compartir nada, grupos reducidos que requieren doblar líneas y espacios de los que los centros educativos no disponen. Unas medidas que hacen caer por tierra cualquier organización escolar, metodología y programa educativo. Unas medidas que requerirían doblar plantillas, un hecho que ya se ha dicho que no pasará, afectando la atención a las necesidades educativas que requieren un apoyo más específico, etc.
Las últimas noticias son que el gobierno español cambia estas medidas, con el consiguiente conflicto de competencias. Parece que hasta 4º de primaria ya no habría distancia y los grupos podrían llegar a 20.
La pregunta es: ¿qué diferencia en materia de seguridad hay entre 20 y 25 alumnos por aula si, como dicen, son grupos estables? ¡Ninguna! El motivo real de la modificación es que con 13 alumnos se necesitaban dos aulas por grupo y con 20 el desdoblamiento de grupos será mucho menor. De esta manera esperan que sólo ocupando los espacios comunes, que los centros educativos han tardado años de inversiones en adecuar, puedan meter a todo el alumnado. La realidad es, por tanto, que no tenían los espacio. Nada que ver con la salud.
Y lo mismo con respecto al profesorado. Con los maestros dejando de ejercer los soportes y sus especialidades se cubrirá en un número suficiente para que haya alguno por cada grupo, reduciendo al máximo cualquier incremento de contratación. Y ¿por qué hasta 4º proponen ahora eliminar la distancia? ¿Porque son grupos estables? No, porque es imposible, como ya decíamos. Y así todo.
Las escuelas queremos abrir y esperamos poder hacerlo, pero no de esta manera en que, de momento, se está proponiendo. Queremos abrir con normalidad, con niños y niñas compartiendo, interactuando, experimentando, jugando juntos, haciendo aprendizajes significativos, de forma vivenciada, no aparcados en unos determinados metros cuadrados y un maestro en el fondo haciendo ver que explica a saber qué. Estas medidas no son derecho a la educación, son derecho a parking.
Y respecto a la pandemia, a la seguridad, queremos que se hable claro a una ciudadanía madura. Seguro que no hay un riesgo cero, pero queremos que se tomen decisiones con unas valoraciones transparentes. Hay que reclamar una evaluación de riesgos real en el ámbito de cada comunidad escolar, municipio, etc., para decidir honestamente si se puede regresar o no. Si el riesgo es elevado, ni que decir cuál es la prioridad. En tal caso se deberán buscar medidas alternativas con las que ya se debería estar trabajando y no tener que improvisar, como este curso. Y si el riesgo es bajo y se puede volver, que sea con la máxima normalidad y garantizando el derecho a la educación de verdad.
