El 30 de marzo de 2015 se aprobaba la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, gracias a la mayoría absoluta que Rajoy tenía entonces en el Congreso. Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015, varias voces han alertado sobre esta ley, entre las que se cuenta el PSOE que, estando en la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad y, ya en el Gobierno, Pedro Sánchez aseguró que su reforma era “urgente”. Sin embargo, la ley Mordaza ha estado más activa que nunca durante los 75 días del estado de alarma, un periodo en el que se han interpuesto 1.089.917 multas, lo que supone un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio.
El pasado 23 de abril, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska reiteró el compromiso de derogación de la ley, aunque no de algunos de sus artículos más polémicos, como el 63.6 , que sanciona por falta grave la desobediencia a las fuerzas de seguridad con multas de entre 601 y 30.000 euros. Este artículo, precisamente es uno de los que ha sido más utilizado durante el estado de alarma. La aplicación de esta ley durante el confinamiento ha levantado quejas y acusaciones de abusos policiales, como las que denuncia Amnistía Internacional, que el martes 30 de junio presentó en el Congreso 142.000 firmas para pedir la modificación urgente de una ley que “limita el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información”.
En un informe elaborado por Amnistía sobre el uso de la ley Mordaza durante el estado de alarma se denuncia que las fuerzas de seguridad “han aplicado la ley con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros, especialmente en el trato con personas vulnerables”. Así, Amnistía ha detectado 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos.
Entre éstas, destaca el caso de personas sin hogar, que fueron denunciadas en Barcelona, Madrid y Valencia y que, en al menos 8 casos, según ha constatado la Fundación Arrels, han llegado a procedimientos penales en Barcelona. Igualmente, Amnistía también destaca que se han producido incursiones en domicilios particulares sin órdenes judiciales y sin las garantías de derecho a la intimidad que aporta la legislación.
En este sentido, Amnistía denuncia que no se han dado los principios de necesidad y proporcionalidad en la aplicación de la ley Mordaza: “además del amplio poder de discrecionalidad que se otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para valorar qué conductas son desobediencia, faltas de respeto o resistencia a la autoridad, consideramos que la aplicación de sanciones durante el estado de alarma debería ser el último recurso”.
Amnistía apunta que las multas y sanciones deberían ser aplicadas sólo en el caso de que otras alternativas “menos restrictivas” hayan demostrado ser insuficientes. Y es que, según la entidad, el uso de medidas coercitivas podría afectar negativamente a la eficacia de las medidas del confinamiento, sobre todo en las comunidades marginadas, “que pueden llevar a estigmatización, miedo y frustrar la confianza en las autoridades” .
Abuso de fuerza “con tintes racistas”
Uno de los colectivos vulnerables que más han sufrido abuso en la aplicación del artículo 36.6 es, según Amnistía, el migrante, que ha visto aplicar un “uso desproporcionado de fuerza con tintes racistas”. En abril, SOS Racismo ya alertó del riesgo de que el estado de alarma aumentara la “impunidad de los abusos policiales y las agresiones racistas”. Tanto es así que la mitad de agresiones racistas que gestionaba la entidad en ese momento provenían de agentes policiales. Además, el miedo de los colectivos era que durante el estado de alarma se redujeran las denuncias por abuso de poder en tanto que había “menos testigos y observadores en la calle”, tal como alertó Karlos Castilla, miembro de SOS Racismo, en ese momento.
Identificaciones arbitrarias, detenciones con uso desproporcionado de la fuerza o multas injustificadas son acciones que denuncian estas entidades y que, además, han corrido por redes a raíz de personas que grababan las actuaciones policiales con su teléfono. Pero, a pesar de la capacidad de las redes sociales, el derecho a la información también se ha visto vulnerado durante el estado de alarma, tal como denuncia Amnistía Internacional. La entidad ha recogido varios casos de periodistas que han visto cómo la policía interfería en su tarea, a través de amenazas de sanción o requisar temporalmente sus herramientas de trabajo con la excusa de estar saltándose el confinamiento o de no ir debidamente identificados como periodistas.
Investigación interna y reforma “urgente”
Ante estas informaciones, Amnistía pide investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos durante este estado de alarma e incorporar mecanismos independientes para garantizar la rendición de cuentas. Esto, de la mano de una reforma “urgente” de la ley Mordaza, tal como la entidad ha comunicado directamente al ministro Grande- Marlaska. “No estamos de acuerdo con la respuesta institucional recibida, ya que no se nos ha proporcionado información sobre protocolos y se nos aseguró que el enfoque coercitivo de la acción policial produce un efecto disuasorio frente al ejercicio de acciones insolidarias”, tal como apunta Amnistía.
En este baile de declaraciones, la mayoría de partidos del arco parlamentario se mostraría de acuerdo con una reforma de la ley Mordaza, pero ésta parece una cuestión que se va posponiendo. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluía el compromiso de aprobar una nueva norma que sustituyera la ley Mordaza. Pero parece que la pandemia no sólo habría aplazado esta decisión sino que habría dado más fuerza a la ley de Seguridad Ciudadana.
En este contexto extraordinario, se llega al quinto aniversario de la ley que, como cada año será conmemorado por diversas entidades, como la Plataforma No Somos Delito, que ha hecho público un manifiesto que cuenta con la adhesión de casi 200 entidades y que llama a la movilización este 1 de julio.
