Era mediados de marzo y Sandra afrontaba su tercera orden de desahucio. Las anteriores se habían parado en los juzgados, pero la tercera se debía ejecutar. Pagaba 750 euros de alquiler por un piso de un pequeño tenedor. El día antes de tener que dejar su piso, gracias a la presión ejercida por la PAH, consiguió ser realojada en un piso turístico cedido. “La última cosa que salió de mi casa fue la trona de mi hijo pequeño”, explica. Tres días más tarde, justo cuando habían terminado de poner el piso a su gusto, comenzó el confinamiento.
Sandra se describe como “muy afortunada”, ya que conoce a muchos compañeros de la PAH que tuvieron que pasar el confinamiento en hostales o albergues. Ahora espera que le otorguen un alquiler social en un piso donde pueda establecerse definitivamente con su marido y sus tres hijos, el más pequeño de todos con una grave enfermedad respiratoria. Sandra dejó el trabajo para cuidarlo y ahí comenzaron los problemas económicos.
Esta situación provocó graves problemas psicológicos a Sandra y su familia: “no hay día que no pienses, no duermes, no comes y escondes las lágrimas ante tus hijos”, reconoce. Lo mismo le ocurrió a Vosky, que perdió su trabajo en 2012 y desde entonces ha afrontado seis órdenes de desahucios. Finalmente ha conseguido un alquiler social en su casa, donde paga 175 euros. Pero para llegar hasta aquí tuvo que pasar años de insomnio, mientras su hija dejaba el bachillerato para ponerse a trabajar y ayudar en casa. Todavía ahora lo recuerda con lágrimas en los ojos.
Y es que la salud mental es una de las consecuencias, a priori, más evidentes de la emergencia habitacional, pero también una de las más invisibilizadas. Los problemas de acceso a la vivienda son una vulnerabilidad que a menudo coexiste con otras, como la pobreza energética o los problemas de salud mental. Así lo retrata el informe sobre Inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020, elaborado por la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el Observatori DESC, Enginyers Sense Fronteres y la Agència de Salut Pública de Barcelona.
En este informe, que recoge 452 encuestas a personas llegadas a la PAH y la APE después de 2017, sale a la luz que el 50% de las personas encuestadas sufren dos de las tres vulnerabilidades analizadas (acceso a la vivienda, pobreza energética e inseguridad alimentaria). Esta situación de crisis permanente hace que el 88% de las mujeres encuestadas y el 71% de los hombres sufran una mala salud mental (mientras que las cifras del conjunto de la población en Barcelona son del 19,5% y el 14,5%, respectivamente).
Estos datos, aunque sólo analizan a personas que son miembros de la PAH o la APE, tienen relevancia en tanto que “muestran realidades que no están en las estadísticas: las encuestas oficiales no interrelacionan desahucios con pobreza energética o salud mental”, apunta Guillem Domingo, del Observatori DESC. El conjunto de entidades responsables del informe alertan de que los datos de los desahucios y cortes energéticos no están actualizados; “Para dar soluciones adecuadas, necesitamos datos adecuados. Vemos que la administración actúa a ciegas y hay acciones que no llegan porque hay situaciones que no saben que se producen”, denuncian. Esto ocurre, dicen, en el caso de la ocupación: se toman medidas y se impulsan normativas “que no están basadas en datos sino en percepciones”.
Desmontar creencias
Uno de los objetivos de este informe es romper estereotipos o desmontar creencias infundadas como, por ejemplo, las relacionadas con las personas que ocupan. Según la encuesta, después de pagar la hipoteca o el alquiler, el 46% y el 15% respectivamente de las personas encuestadas se quedan con un saldo negativo en el banco. “La vivienda supone un esfuerzo tan grande que muchas personas no lo pueden pagar”, explica Lucía Delgado, de la PAH. Es de ahí de donde bebe el “problema invisibilizado” de la ocupación. Al contrario de lo que se pueda pensar, dice Delgado, sólo el 2% de los casos encuestados son de hogares ocupados con personas sin vínculo familiar. De hecho, el 38% son familias monoparentales y el 30% parejas con hijos.
Otra creencia que quiere desmontar el informe es que la pobreza energética sólo se sufre en invierno. El 48% de los encuestados tiene problemas para mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno y, muy cerca, con un 43%, está quien no la puede mantener en verano. Los casos de personas que tienen problemas tanto con el frío como con calor suman el 34%. “Esta realidad se vuelve más cruda aún cuando sabemos que un tercio de las personas que tienen problemas energéticos también tienen retrasos en el pago de las facturas”, apunta María Campuzano, del APE. Y es que hay veces en que “hay que escoger si das de comer a tus hijos o pagas la luz. En estos casos no hay duda posible”, explica Sandra Blasi.
Y precisamente sobre el impago hay otra creencia infundada: “se suele pensar que quien no paga es porque no quiere”, dice Campuzano. Pero el 72% de las personas que tienen la luz pinchada se encuentran en hogares ocupados precariamente, lo que significa que las empresas energéticas se niegan a facilitar un contrato legal y deben elegir entre “vivir sin luz o pincharla, con el riesgo que ello supone”, añade Campuzano.
Una PAH gestionada por la administración
Es por estas conclusiones extraídas del informe que las entidades impulsoras han realizado una serie de recomendaciones a las administraciones para mejorar la situación de las personas que sufren inseguridad residencial o pobreza energética. Una de las recomendaciones que más destaca es la de crear “espacios de socialización promovidos por la administración”, dice Josep Babot, de Enginyers Sense Fronteres. Una especie de PAH municipal. “Mucha gente no conoce la PAH y es un agravio comparativo enorme e injusto, porque cuando te vas con la camiseta verde a Servicios Sociales, te atienden mucho mejor que cuando vas vestida normal. Y cuando los compañeros van a apoyarte, ni te cuento”, relata Sandra.
Que asociaciones como la PAH y la APE empoderan ya se ha dicho, pero el informe pone cifras. El 75% de personas encuestadas a principios de 2020, relataron en la encuesta de seguimiento, realizada en mayo, que su salud mental había mejorado, a pesar del confinamiento, gracias al apoyo de la asociación. Otra recomendación, también relacionada con la salud, es que se forme al personal de los CAPs sobre la situación de emergencia habitacional y sus repercusiones en la salud, para que “no se culpabilice a nadie por conductas de riesgo, que vienen derivadas de la situación personal”, dice Babot. Así, se recomienda aportar un catálogo de servicios de cultura, ocio o deporte los que se pueda derivar, para mejorar el bienestar general de la población con problemas habitacionales.
